Opinion | 03 Ago A través de un aditivo propuesto por sectores radicales de izquierda, se ha generado polémica en el partido de gobierno en el tratamiento de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados, dirigida a perjudicar a las universidades privadas específicamente, y generando en los hechos una “discriminación”, como ha sido calificada por quienes se oponen a esta iniciativa.
Igualmente, cuando de jugar para la tribuna se trata, siempre está latente la tentación de demostrar a la opinión pública partidaria quién se “juega” más por determinados eslóganes --ya no ideales-- y en este caso el destinatario es la educación privada, apostando por lo tanto a igualar hacia abajo, en lugar de apuntar a elevar el nivel de la educación estatal, que sigue degradándose a ojos vistas.
Es que de prosperar la nueva redacción de la Rendición de Cuentas acordada por la bancada frenteamplista, que excluye a las universidades privadas del régimen de donaciones especiales con exoneraciones fiscales, estas instituciones perderán acceso a unos U$S 1,4 millones anuales, que hoy se destinan a fondos de becas y proyectos de investigación.
La propuesta de la diputada Macarena Gelman, de la agrupación IR, incluida en el nuevo acuerdo de Rendición de Cuentas del Frente Amplio, a su vez fue recibida con “sorpresa” por los responsables de las universidades privadas. Según dijo a El Observador el secretario pro témpore del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas de Uruguay, Juan Manuel Gutiérrez --rector de la Universidad de Montevideo-- el proyecto “no tiene razón de ser”.
“Constituye una clara discriminación contra las universidades privadas porque son las únicas instituciones excluidas de este régimen. Todas las instituciones públicas o afines permanecen, así como una variedad de otras instituciones privadas educativas o de otro tipo”, dijo el secretario.
Las instituciones que quedarían por fuera del régimen son la Universidad ORT, la Universidad de la Empresa, la Universidad Católica, la Universidad de Montevideo y el Instituto Claeh.
Debe tenerse presente, para situarnos en el tema, que a través del régimen de donaciones especiales con exoneraciones fiscales, las empresas pueden aportar fondos a proyectos específicos realizados por instituciones de enseñanza, salud y apoyo a la niñez.
Según datos de la Unidad de Análisis Económico de El Observador, a partir de información del Ministerio de Economía, en el promedio de 2011 a 2015 el total de las universidades privadas recibió U$S 1,4 millones anuales a través de este régimen en un total de U$S 8,8 millones anuales que aportaron las empresas y el Estado al total de instituciones. Los aportes a universidades privadas significaron para el Estado una renuncia fiscal de U$S 1,2 millones anuales, 16% de lo que implicó el total del régimen.
Ocurre igualmente que de aprobarse la Rendición de Cuentas, no necesariamente estos fondos irán a manos del Estado, puesto que los empresarios podrán donarlos a cualquiera de las instituciones que permanecen en el régimen. Entre ellas, se encuentra la Universidad de la República, que junto con las distintas facultades y fundaciones que pertenecen a esa casa de estudios, recibe por año U$S 1,6 millones, más que el resto de las universidades en conjunto.
En el caso de las universidades privadas, la mayoría de los recursos por estas donaciones se destina para el pago de becas estudiantiles y en un porcentaje menor, para la ejecución de proyectos de investigación y compra de equipos de laboratorio, entre otros fines.
Por su arte, la diputada Gelman reconoció que “no es un tema que sea un monto significativo” lo que se recaude con esta medida, sino que el objetivo es “programático”. Sostuvo que hoy “hay una renuncia fiscal por parte del Estado” en favor de instituciones privadas en desmedro de la educación pública.
Rectores de las universidades privadas alertaron que cientos de estudiantes perderían sus becas el próximo año si prospera el aditivo al proyecto de Rendición de Cuentas que elimina beneficios tributarios para las empresas que donen a esas instituciones
El aditivo al proyecto de Rendición de Cuentas quita la posibilidad a las empresas de descontar estas donaciones a las universidades privadas, y en los hechos de una lista larga de instituciones que reciben donaciones. En suma, solo se afectó a las cinco universidades privadas, y por lo tanto se pretende adoptar una decisión que no reduce “significativamente” el déficit fiscal y que, en cambio, afecta en gran medida a los estudiantes.
Este es precisamente el punto: a la izquierda le molesta la educación en manos privadas, y más cuando los resultados son mejores que el sistema público, que en manos del actual gobierno ha sido un rotundo fracaso. Lo que se olvida en este caso es que cada estudiante que paga un colegio privado o una universidad, es un estudiante menos que tiene que “bancar” el Estado. Un estudiante por el que igualmente todos pagamos, incluso la familia de ese alumno que por partida doble está pagando sus estudios, porque por supuesto que los impuestos no se les verán reducidos por aliviar la responsabilidad del Estado. Por otra parte, en este caso también se está olvidando el espíritu del sistema de donaciones, que es que el empresario prefiera hacer con el dinero que devuelve a la sociedad en pago de impuestos algo mejor que tirarlo al peor administrador de todos, que es el Estado, y así donarlo en obras cuyo aporte está a la vista. En este caso, en impulsar una universidad que si bien es privada, prepara profesionales tanto o mejores que la sesgada universidad pública, donde nunca se sabe cuánto tiempo lleva hacer una carrera.
El aumento de matrícula en las universidades privadas, para los que tienen la posibilidad de poder pagarla, es sobre todo consecuencia de la pérdida de calidad en la educación estatal, en todas sus ramas, y en los últimos años esta tendencia se ha acentuado, con la consecuencia de que se ha logrado en los hechos privatizar la matrícula educativa y acentuar desigualdades dentro de la sociedad.
Pero las últimas señales desde el seno del partido de gobierno indican que hay indicios de que podría prosperar el sentido común, finalmente, y en este contexto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respaldó a las universidades privadas y su subsecretario, Pablo Ferreri, les dijo a los rectores que la cartera iba a contactarse con diputados y senadores del Frente Líber Seregni (FLS) para convencerlos de no votar el proyecto que impide a las empresas descontar impuestos por hacer donaciones a estos centros de estudio.
“Ferreri nos dijo que en el MEF no están de acuerdo con esta propuesta que se planteó a nivel de diputados. Ellos entienden que el sistema funciona bien y que no hay razón ni mérito para modificarlo ni realizar ningún cambio. Y mucho menos excluir a cinco universidades porque sí”, dijo en rueda de prensa tras la reunión el rector de la Universidad de Montevideo (UM), Juan Manuel Gutiérrez.
Pero más allá de que se logre dar marcha atrás, --lo que todavía está por verse-- es realmente preocupante que las razones que manifiestan los legisladores favorables a la modificación son solo ideológicas.
Paradójicamente, prácticamente el 80% de la matrícula de la universidad estatal son de clase pudiente, por lo cual lo que termina pasando es que todo el Uruguay subsidia los estudios a gente que está en condiciones de pagarlos. Por lo tanto ni siquiera en ese aspecto sale bien parado el proyecto que impulsa la izquierda radical.