Opinion | 19 Jun Es difícil sustraerse a formular reflexiones a propósito del caso que ha convulsionado a la opinión, es decir el secuestro, pago de rescate y posterior liberación de la doctora Milvana Salomone, aun cuando en un país esencialmente futbolero la población en su gran mayoría ha estado pendiente de la presentación de la selección uruguaya en la Copa América.
Y por supuesto, hay mucha puntas, aportes y reflexiones a propósito de una modalidad delictiva que no se daba en esta magnitud en nuestro país desde la época de la irrupción de la guerrilla tupamara, cuando invocando motivos políticos también se secuestraba y se mataban personas, en algunos casos demandando rescate y en otros simplemente para tratar de intimidar a los “enemigos” ideológicos.
En todos los casos, hemos estado ante delincuentes desalmados, que no han vacilado en atacar y secuestrar personas para lograr sus objetivos, en claro desprecio por la vida humana.
En el episodio de la profesional floridense, en el que todavía hay muchos puntos por aclarar, evidentemente estamos ante una asociación para delinquir, una banda organizada, porque se necesita contar con dinero y recursos humanos y materiales para ponerlos al servicio de estos objetivos criminales.
Es que se requiere primero identificar una potencial víctima, abordar un seguimiento de su rutina, apelar a medios económicos importantes y contactos, y a la vez planificar e identificar el momento del rapto, donde se va a mantener retenida a la víctima al resguardo de toda posibilidad de despertar sospechas, contar con medios para montar un delicado tramado para el contacto, pago, y cobertura de la fuga para evitar ser capturados.
Ello indica que la banda se sintió no solo capacitada para actuar, sino también para llevarlo a la práctica y considerar que podía salirse con la suya, lo que posiblemente se logró, según evalúan los medios de inteligencia policial, porque el narcotráfico y otras bandas criminales han logrado instalarse y desarrollarse en el país. Incluso han llevado a cabo ya acciones criminales muy “duras”, incluyendo homicidios que desde el Ministerio del Interior en su momento se intentó minimizar solo como productos de “ajustes de cuentas” entre malvivientes.
Pero sin dudas se ha tratado de una especie de entrenamiento de campo para saltar luego a la búsqueda de hacer dinero atacando a la sociedad civil, sobre todo empresarios, en procura de obtener el pago de rescate, entre otras actividades ilegales que incluyen naturalmente el lavado de dinero e “inversiones” encubiertas de una magnitud que hasta ahora no se ha logrado desentrañar. Por supuesto, estamos lejos de ser un país de base operativa por esencia del narcotráfico, como Colombia y naciones centroamericanas como México, en los que los cárteles se mueven como pez en el agua, pero sí estamos ante un grado que sin llevar a tremendismos debe hacernos asumir que no estamos a cubierto ni “blindados”, contra el accionar del crimen organizado, porque además en un país con una economía como la nuestra no resultaría difícil ni “caro” para la escala del narcotráfico “comprar silencio” o llegado el caso, a algún elemento clave.
Algo menos difundido por sus golpes de efecto en la opinión pública, ha sido la detención de un sicario con tres homicidios en su haber, luego de un proceso de investigación, asimismo vinculado a la drogadicción, lo que confirma que este es un componente de notoria incidencia en la gravedad de los delitos.
Otro aspecto a tener en cuenta refiere a nuestro código penal, por cuanto pese a que están establecidas posibles penas de cuatro a doce años para este tipo de delitos, sin dudas está de por medio la posibilidad de liberación luego de cumplida la mitad de la pena –dos años en el menor de los casos-- y la posibilidad de que a través del dinero se pueda hacer un montaje desde la propia cárcel para mantener activas las organizaciones delictivas.
Y si bien existe a nivel parlamentario ya algún proyecto para aumentar las penas, ello significaría no solo elevarlas para este tipo de delitos, sino para la gama delictiva en general, para establecer equilibrios que siempre se tienen en cuenta para este tipo de decisiones, lo que demandaría un estudio mucho más extenso y concienzudo sobre el particular.
Como punto central, nos encontramos con que es preciso aggiornar los medios con que cuenta el Estado y la sociedad para hacer frente a esta realidad. Sobre todo, dejar atrás la estigmatización que en determinados sectores de la sociedad, no ajena a motivaciones ideológicas o en otros casos incluso por vinculaciones con la delincuencia, se tiene respecto a la Policía y a la propia Justicia.
Pero lo que sí es absolutamente cierto, es que más tarde o más temprano, todos, incluso aquellos que las cuestionan sistemáticamente, alguna vez debemos acudir a la Policía y a la Justicia, y es fundamental que en estos ámbitos se cuente con los medios que nos den garantías de imparcialidad y equilibrio, así como de eficacia, que todos reclamamos con toda razón, porque al final de cuentas no se puede estar en la misa y en la procesión al mismo tiempo.