Opinion | 24 Jun Aunque durante la campaña electoral el gobierno desestimó los cuestionamientos por las pérdidas de Ancap durante 2013, y consideró que se estaba ante un déficit manejable y en vías de revertirse, las cifras de 2014 indican que lejos de esa tendencia, la deuda ha crecido sustancialmente, al punto de que el director nacionalista del ente, Diego Labat, ha sostenido en las últimas horas que “si las pérdidas operativas siguen, Ancap puede perder su patrimonio muy pronto”.
Las pérdidas son muy significativas y son motivo de seria preocupación en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que la semana pasada informó que intervendrá de forma directa asesorando en el reperfilamiento de la deuda del ente que quintuplica su patrimonio.
Labat señaló que “estas pérdidas no cayeron del cielo”, que “hay responsabilidades políticas” y que desde el Partido Nacional las van a pedir en el Parlamento.
Para el jerarca “es importante que los uruguayos nos preocupemos menos de cortar la cinta y más de hacer las inversiones y pensar cuánto van a rendir, si a la sociedad le van a dejar algo y cómo se van a pagar”.
Claro, en este juego de gobierno-oposición siempre hay que tratar de buscar la media, que es donde podría estar lo más cercano a la verdad, pero sin dejarnos llevar por intereses de los actores políticos es indudable que no se necesita hilar muy fino para inferir que hay de por medio un problema de gestión evidente, cuando una empresa monopólica como Ancap nada menos que en el área de los combustibles registra una pérdida global del orden de los 500 millones de dólares en dos años. Ello se ha dado además en un contexto en el que los precios del petróleo tuvieron una caída de un cincuenta por ciento, que sin embargo el ente no acompañó con una rebaja en bajó los combustibles, y que encima en su condición de estatal puede manejar los precios a su antojo, sin rendir cuentas.
Para colmo, el combustible dista de ser barato en el Uruguay, ya que nuestro país tiene los combustibles más caros de la región y todo indica que seguiremos ostentando tan dudoso honor por mucho tiempo, porque por encima de los avatares de los precios del crudo, el costo de funcionamiento de Ancap hace que los combustibles siempre estén por encima de los de nuestros vecinos, y entre los más altos del mundo. Ahora, como todos sabemos, Ancap tiene más funcionarios que los que se necesita, naturalmente, los que están muy bien pagos, muy por encima del promedio de la administración estatal y también de los sectores privados; tiene muy baja productividad, maneja el monopolio del combustible, pese a lo cual registra pérdidas, y ni que decir que en la fabricación de cemento asimismo tiene muy fuertes pérdidas, sin poder llegar a los valores de costos de la competencia privada.
La consecuencia directa de estas pérdidas es que cada uno de los uruguayos deberá poner de su bolsillo para paliar el déficit y eventualmente, si persisten las pérdidas, para capitalizar el ente, ante la entidad del desfasaje. Y todo eso cuando la economía del país está al borde de estancarse, con crecimiento en el desempleo y posiblemente perdiendo poder adquisitivo.
A todo esto, el ministro de Economía Danilo Astori confirmó que la Unidad de Gestión de Deuda de su cartera se encargará de asesorar a Ancap ante las pérdidas, que superan su patrimonio, en una relación más que preocupante.
Entre otros aspectos, y de acuerdo a la evaluación de los técnicos, Ancap necesita un reperfilamiento de su deuda, nuevas fuentes de financiación y la urgente desdolarización de sus adeudos.
En cuanto a las cifras, tenemos que en 2013 la deuda era de 169 millones de dólares, a lo que se agregó un déficit de 323 millones en 2014, en tanto el patrimonio del ente cerró en 441 millones en 2014, cuando en 2012 era de 1.100 millones de dólares. Obviamente tales variaciones no se pueden explicar únicamente por diferencia de cambio, y es claro que hubo serios problemas de administración. Porque si bien puede ser que haya sido necesario hacer inversiones en la industria, cualquier emprendimiento con un mínimo de cordura, analizando el retorno que éstas tendrán, en qué plazo, y si se está en condiciones de hacerlas.
Según Astori, “estamos preocupados y ocupados. Estos resultados tienen que ver con inversiones que tienen que ser mejor coordinadas, esto vale también para todas las empresas públicas”.
Pero las deudas las tenemos ahora, condicionan el presente y el futuro, y el momento de pegarle el frenazo a estas actitudes dispendiosas ya pasó. Incluso estuvo --tal vez todavía esté-- en manos del secretario de Estado trancar “inversiones” como las del Antel Arena, de unos cuarenta millones en principio, pero de acuerdo a la experiencia, podría duplicarse en la ejecución. Pero en los hechos son palabras al viento y el ente de las comunicaciones sigue quemando plata como si fuese Microsoft.
El punto es que más allá de las deudas y los cuestionamientos en las gestiones –evidentemente en la de Ancap hay mucho paño para cortar— hay decisiones políticas que apuntan a mantener cierta tranquilidad en lo interno de la fuerza de gobierno, y por lo tanto, por más que el ministro de Economía y Finanzas señala la necesidad de la “coordinación” con las empresas públicas, quienes ocupan los cargos de dirección en éstas son elegidos por el gobierno y responden por sus actos ante quienes los han designado.
Quiere decir que hay responsabilidades compartidas, y por más que se diga que las empresas públicas son autónomas, la realidad es que responden al gobierno de turno y a los lineamientos que surjan del Ministerio de Economía, para empezar, en línea con decisiones del área económica. Por lo tanto, nadie puede llamarse a engaño sobre la responsabilidad del gobierno en las cuentas de las empresas públicas, y que es de su competencia “enderezar” estos desvíos, haciendo de una vez por todas lo que se dice que se debe hacer.