Paysandú, Miércoles 08 de Junio de 2016

Se profundizó el déficit fiscal y cerró en 4%; responde a mayor endeudamiento y no a caída en la recaudación

Nacionales | 01 Jun El rojo de las cuentas públicas aumentó cuatro décimas porcentuales, a 4% del Producto Bruto Interno (PBI) en los doce meses a abril respecto a marzo y cerró en su peor nivel desde agosto de 2003. El dato se conoce luego que el gobierno anunciara un plan de ajuste fiscal elevando impuestos y recortando gastos para aumentar sus ingresos en U$S 476 millones a partir del próximo año, para no poner en riesgo la pérdida del grado inversor y cumplir con su meta de dejar un déficit de 2,5% para fines de 2019.
Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los ingresos del sector público no financiero se mantuvieron estables respecto a marzo en 29% del PBI. En el caso del gobierno central–BPS, se incrementaron 0,1% del PBI debido a una mayor recaudación de la DGI. Por el lado de las empresas públicas, el resultado primario corriente se deterioró 0,1% del PBI por el cambio en la cadencia de pagos de salarios y de partidas de remuneración variable, fundamentalmente de Antel.
Las inversiones aumentaron 0,1% del producto debido principalmente a un incremento en las existencias de Ancap y por el lado del resultado primario del Banco de Seguros del Estado, la corrección de los datos de enero y febrero determinó un deterioro adicional de 0,2% del PBI. Finalmente, los intereses de deuda se ubicaron en 3,8% del PBI en el año móvil a abril, 0,2% por encima del nivel de marzo.
La mediana de la última Encuesta de Expectativas de El Observador de abril arrojó que los analistas privados proyectan un rojo de las cuentas públicas de 3,9% del PBI en 2016 y una leve mejora para el próximo año a 3,6%. El economista Javier de Haedo recordó en su cuenta de Twitter que en setiembre sale de la cuenta de ganancia de las cuentas públicas el impacto positivo de 0,3% del PBI que provocó el año pasado el pago anticipado de la deuda de Ancap a Pdvsa. El experto pronostica un rojo de las cuentas públicas de 4,3% para el cierre de año.
Este déficit de 4% no obedece a una caída en los ingresos, ya que la Dirección General Impositiva (DGI) registró un aumento de 2,3% en la recaudación en términos reales en el primer cuatrimestre del año, destacó el analista económico de Subrayado, Nicolás Lussich. Explicó que este déficit representa más de U$S 2.000 millones que el gobierno deberá abatir con recortes de gasto, ajuste fiscal o emisión de deuda.

MANINI RÍOS RECHAZÓ QUE MILITARES CUSTODIEN EMBAJADAS
El comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, se expresó contrario a la iniciativa de que los militares custodien las embajadas para que los efectivos policiales puedan realizar otras tareas. Manini Ríos, quien participó por primera vez de las reuniones de seguridad entre el gobierno y los partidos políticos, explicó que la forma de trabajo del Ejército no es en tareas de orden individual, sino que realizan trabajos en conjunto.
Frente a esta opinión, el Partido Colorado se mostró en desacuerdo y pidió que custodien, como hacían en 1973, las fronteras secas. Unión Popular estuvo de acuerdo con la opinión del comandante y rechazó la idea de trasladar militares a cualquier tarea policial o de orden civil.
Por otra parte, estuvo sobre la mesa una vez más la modificación del artículo 11º de la Constitución, que le otorga al hogar una característica de sagrado e inviolable, aunque allí se realicen actividades ilícitas como la venta y tráfico de drogas. El Poder Ejecutivo presentó la opinión de tres catedráticos de Derecho Constitucional y todos se mostraron contrarios a realizar cambios en dicho artículo. También se discutieron los incidentes registrados en el barrio Marconi. El Partido Nacional opinó que la Policía debe tener un rol de acción superior al que ha tenido en dicho barrio, “el Estado debe garantizar el cumplimiento de las normas y de paz”.

PERSONAL DESALUD FUMA MÁS QUE EL PROMEDIO
El 16% del tabaco que se consume en Uruguay proviene del contrabando, afirmó a El País el director del Programa Nacional del Control del Tabaco, Enrique Soto. “Los departamentos más expuestos son lógicamente los fronterizos, pero también hay comercio ilícito en Montevideo. No se trata de personas que vienen a vender con un bolsito, sino circuitos con transporte y todo”, precisó el funcionario.
El año pasado se creó una comisión para la eliminación del comercio ilícito, que está integrada por los ministerios de Salud Pública, Interior y Defensa, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la Dirección General Impositiva (DGI) y la Junta Nacional de Drogas.
Según las últimas cifras que maneja la cartera de Salud Pública, la prevalencia del consumo de cigarrillo en Uruguay llega al 22,2%. En 2005, era del 35%.
Lo que más preocupa a las autoridades, según contó Soto, tiene que ver con aquellos grupos donde el porcentaje de fumadores es más que el promedio y, más allá de que las clases bajas son las que más fuman, lo que llama la atención es la cantidad de consumidores de tabaco que hay en el rubro de la construcción, donde el porcentaje llega al 44,1%.
“La prevalencia en la construcción es muy alta. Pero hay otros grupos que también nos generan preocupación, como el personal de la salud. El 22,8% fuma, cuando lo lógico sería que estuvieran por debajo del promedio”, sostuvo Soto.

COMISIONADO RECLAMÓ PRESENCIA DE JUECES
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, a quien planteó, entre otros temas, la necesidad de que los jueces penales visiten periódicamente los centros de reclusión para que conozcan y que puedan realizar observaciones sobre la realidad penitenciaria.
“Es muy importante que sobre las cárceles haya muchos ojos, sobre todo los de los jueces, que son quienes ordenan que las personas estén allí”, dijo Petit a El Observador, tras el encuentro con Pérez Manrique.
Petit explicó que el Código del Proceso Penal prevé la posibilidad que los jueces realicen visitas a los centros penitenciarios. Pero como no se trata de una obligación, el comisionado parlamentario considera que sería bueno que la SCJ les recuerde esa facultad y les sugiera que lo hagan, y así se lo transmitió a Pérez Manrique.


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