Locales | 01 Jul La ley del 2 de noviembre de 2007, que prevé entre sus normas la regularización de títulos y planos de propiedad de quienes han adquirido fracciones al Instituto Nacional de Colonización (INC) sin el consentimiento de la entidad, «es un problema serio y muy grave y los productores lo verán en toda su dimensión al momento de querer concretar una operación con ese predio», señaló a EL TELEGRAFO el escribano Salvador Buono.
La situación, que involucra a colonos de todo el país, fue tratada en la asamblea de la Asociación Rural de Paysandú efectuada el pasado sábado, por el citado profesional y los doctores Enrique Malel y Nicolás Olivera.
Buono, que también es colono, sostuvo que «pretendemos que el INC nos deje hacer con nuestros predios lo que deseemos: venderlos o arrendarlos o si queremos, tener libre disponibilidad, como ha acontecido siempre. Y no como procura cambiar ahora el instituto».
La creación de la denominada «ley de repoblación de la campaña» establece que en las áreas pertenecientes a colonos «quedan comprometidas todas aquellas tierras, cualquiera fuere su origen, incluso aquellos predios comprados a principios o mediados del siglo pasado al Banco Hipotecario del Uruguay, hasta que en 1948 se creó el INC».
otras exigencias
Todos esos predios «que eran libres, se vendían, compraban o se negociaba con ellos sin mayores problemas, una vez pagos. Ahora a esos predios los insertaron en el régimen del INC, con todas las limitaciones, quitándole al productor la disponibilidad de hacer lo que quiere con su predio».
«El productor que normalmente arrendaba un predio, lo daba en pastoreo, capitalización de animales o en medianería, hacía cualquier tipo de contrato rural, que era muy común en la campaña. Pero hoy necesita para todo eso, permiso del INC», agregó Buono.»Esos requisitos antes no existían, entonces todos esos colonos que actualmente estamos incluidos dentro del régimen del instituto pretendemos que nos saquen de ahí. Para volver al régimen que teníamos y poder hacer lo que normalmente haría cualquier persona que es propietaria de su predio».
La nueva ley afecta también la comercialización de esos predios. «El elenco de compradores se limita enormemente porque únicamente van a poder comprar aquellos que estén inscriptos en el INC como aspirantes. Sabemos que esas personas son desalojados o medianeros que no tienen medios económicos, entonces la posibilidad de venta de esos predios e incluso la comercialización en otros aspectos —hipotecas, arrendamientos, etc.— son mucho más limitadas». «Es un sistema en el que ahora nos metieron, un tipo de corsé del cual queremos salir».
habrá Multas
El escribano comentó asimismo que los títulos deben ser inscriptos antes del 3 de noviembre de 2008 en el INC. Quien no lo haga «incurre en una multa del 25% del valor catastral del inmueble, para poder tener 12 meses más. Si en esos 12 meses más no registran los títulos, lisa y llanamente pierden la tierra, que pasa al patrimonio del INC, sin indemnización alguna».
Subrayó que esto «es muy grave y afecta totalmente los derechos adquiridos de las personas, y fundamentalmente atenta contra principios básicos, artículos claros de la Constitución de la República».
Exhortó a que «tengan mucho cuidado aquellos que tienen predios especialmente adquiridos al BHU, que se asesoren con los profesionales correspondientes, porque la ley es muy amplia en su redacción. Pero también aquellos que integran colonias que no fueron del BHU, como por ejemplo colonizaciones privadas, como son Colonia Ofir en el departamento de Río Negro, porque corren serio riesgo de no poder operar con esos predios, e incluso incurrir en multas y la pérdida de esos predios».
Recurso
Buono y su equipo, que han asistido a comisiones parlamentarias para interiorizarse de estos aspectos, manifestó que «la Asociación de Escribanos del Uruguay tomó cartas en el asunto para clarificar el panorama».
«Procuramos que el Parlamento modifique ese artículo y nos deje como estábamos.
Estamos elaborando un recurso de inconstitucionalidad para presentar ante la Suprema Corte de Justicia, y probablemente también se trabaje en un recurso de reparación, porque ya se están produciendo graves perjuicios a muchos propietarios de esas tierras.
Fueron a venderlas para solucionar problemas personales y se encontraron con que le negaron la autorización, o lisa y llanamente quien sería el comprador ahora no lo hace».