Paysandú, Jueves 03 de Julio de 2008

Coordinación en política energética

Opinion | 02 Jul Ya pinchado el globo que lanzó, en forma muy apresurada por cierto, el presidente Tabaré Vázquez desde México, cuando anunció con un optimismo exultante que los uruguayos vamos a poder disponer de gas natural y petróleo a raudales tan pronto perforemos nuestra plataforma continental, la realidad indica que en el mejor de los casos, por algunos lustros vamos a seguir tan dependientes como siempre del petróleo y de crisis en crisis respecto a la disponibilidad de electricidad, por un déficit estructural en materia de generación.
Y mientras en la actual conferencia internacional de petróleo delegados de Ancap y del Poder Ejecutivo procurarán presentar un panorama lo más optimista posible para interesar a las compañías petroleras en arriesgar mil millones de dólares en perforaciones y otros trabajos para ver si son rentables los yacimientos gasíferos y eventualmente de petróleo, en Uruguay debemos ocuparnos de lo que nos va a ocurrir de aquí a quince años, cuando en el mejor de los casos, y si les interesa a las compañías, podríamos contar con el gas natural.
Debemos trabajar duro y fuerte, con imaginación y sin pausa, para cambiar la matriz energética hacia fuentes renovables, en las que contamos con muy buen potencial pero que hemos dejado al margen por indolencia y falta de previsión, en clara demostración de la ausencia de políticas de Estado.
Necesitamos imperiosamente reducir la dependencia de los países vecinos, que nos venden electricidad solo cuando les sobra, y los que a la vez tienen sus problemas propios para abastecerse, lo que augura un futuro complicado para la región. Y si hay problemas de energía, también habrá problemas para producir, sobre todo para el sector industrial, por costos exacerbados o directamente por falta de fuerza motriz para mover su maquinaria.
De ahí que contar con electricidad en cantidad suficiente es también problema para el desarrollo y de subsistencia, como le ha pasado a la Argentina, cuando por falta de gas natural en el invierno anterior tuvo que paralizar parcialmente su actividad industrial y reducir la producción.
Por supuesto, como el caracol que lleva su casa a cuestas, el ideal de cualquier empresa sería tener la posibilidad de producir su energía, lo que implica reducir costos y dependencias. Los ingenieros químicos Jorge Martínez Garreiro y Alvaro Lamas, expusieron al suplemento «Economía y Mercado» de «El País», su visión acerca del escenario energético en el Uruguay, y subrayaron que hay miles de empresas privadas en el mundo generando energía eléctrica.
Destacaron que el papel fundamental del Estado en ese segmento consiste en la aprobación de reglamentaciones y contratos «muy prolijos» que prevean los riesgos de incumplimientos.
Pese a la ausencia de políticas de Estado en la materia, por fuerza de la necesidad Uruguay está relativamente bien colocado en el ranking de uso de energéticos renovables para producir electricidad. De acuerdo a lo manifestado por los técnicos, «los futuros emprendimientos industriales deberán tener previsto su aprovisionamiento energético. Por ejemplo, las plantas de pasta de celulosa son actualmente un mix de empresa energética y pastera. Tienen la ventaja de que son superavitarias en energía. De lo contrario serían económicamente inviables, dado la incidencia de la electricidad en el costo del producto final».
Entienden además que «Uruguay debe tratar de incorporar por razones económicas una mayor carga de energías renovables, dado que no participa en el mercado de energía no renovable», lo que no solo es plenamente compartible, sino un imperativo que debe encararse con decisión antes que las crisis no nos den tregua.
Y para ello debe procurarse una participación mucho más activa del Ministerio de Industria, Energía y Minería, para establecer condiciones, coordinar y promover llamados a licitación tendientes a una mayor participación privada en procura de obtener electricidad de energéticos renovables. Incorporando subsidios, si es necesario, pero decidiendo en función del interés general, antes que seguir permitiendo que organismos como UTE sean juez y parte, para resolver en función de sus propios intereses, a contramano del sentido común.


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