Locales | 01 Jul El integrante del directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC), Alvaro Ferreyra, presente en la asamblea de la Asociación Rural, sostuvo que el tema es «discutible», admitió que el mayor perjudicado cuando se genera incertidumbre «es el propio colono» y opinó que esta ley «interpreta y quita la incertidumbre en cuanto a si las tierras están afectadas al principio de la colonización o no».
Ferreyra, productor del departamento de Río Negro, señaló que «esta ley no genera ninguna situación nueva, sino que los predios que provienen de la sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay, siempre estuvieron afectados al INC».
«No es que se genere retroactividad. Hay diferencias en varios sentidos: hay una sentencia de octubre de 2007, precisamente de un predio que fue adquirido en 1923, en donde se detectó un litigio en cuanto a la validez y propiedad de los títulos, incluso con sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y da la razón a la posición que han sostenido siempre los servicios jurídicos del INC, en cuanto a que siempre estaban afectados a los fines de la colonización».
En ese sentido señaló que la ley que fundó el INC en 1948 «toma como base la sección Fomento Rural y Colonización del BHU, que tenía como objeto la promoción de la colonización. Establecía límites para aquellos colonos del BHU que adquirieran predios».
Y agregó que «una de esas leyes establecía como limitación que por 5 años luego de adquirir el predio, el colono debería solicitar autorización al BHU. La ley de 1932 establece una obligación permanente de autorización. En su artículo 7º, como bien está redactado en el documento, establece que un colono que adquirió su tierra a través de Fomento Rural y Colonización, para vender siempre requería autorización, aunque hubiera cancelado sus préstamos».
Citando otros ejemplos indicó que entre 2005 y 2006 «por Colonización pasaron 46 autorizaciones de colonos que querían vender sus predios. De esos, 27 tenían como procedencia el BHU y todos solicitaron las autorizaciones».