Nacionales | 03 Jul El gobierno cerró dos operaciones combinadas de deuda pública por un total de 1.155 millones de dólares, correspondientes a recompra por 342 millones y canje de títulos por 813. El ministro de Economía, Danilo Astori, afirmó que las operaciones de recompra y canjes de bonos de la deuda pública superaron las expectativas previstas.
Se emitieron bonos locales y globales por un equivalente a 813 millones de dólares, en un canje de deuda con el que se busca extender los plazos de vencimiento y disminuir las tasas de interés. La operación lanzada hace una semana por 2.909 millones de dólares, tuvo una participación de 28% de los títulos elegibles en esta operación, correspondiendo 748 millones de dólares a un bono en Unidades Indexadas —pesos ajustados por inflación— con vencimiento en 2030 y 136 millones de dólares a un título global extensible al año 2036.
Astori calificó de «extraordinario» el resultado del canje, que «reduce los riesgos financieros y disipa los nubarrones al permitir desdolarizar la deuda y disminuir la carga relativa por intereses». La tasa de interés del bono 2030 en UI será del 4%, mientras que la ampliación de bonos globales 2036, con una amortización pagadera en los últimos tres años, trae un cupón de 7,625%.
Explicó que esta operación tiene dos capítulos: el primero se inició con la recompra de deuda pública en diciembre de 2007. En aquella oportunidad, se recompraron 342 millones de dólares. En esta segunda oportunidad, el recanje de bonos locales e internacionales, cuyos poseedores son personas físicas, alcanzó una participación del 28% de los títulos elegibles. Esto representa unos 813 millones de dólares.
Esta emisión de canje operó con dos emisiones. Astori destacó en primera instancia el bono en Unidades Indexadas, con su vencimiento en el año 2030, por 750 millones de dólares. El otro bono señalado por el ministro es el global en dólares, cuyo vencimiento es en el año 2036, por 135 millones de dólares.
Entre otros datos, el ministro compartió las estadísticas sobre el porcentaje de deuda que vence en un año. Dijo que al comienzo de esta administración, el 17% de la deuda vencía en 2006. Actualmente y luego de esta operación, Astori afirmó que esta cifra es del 2,9%. Dijo que esto revela una notoria disminución de riesgos financieros para el país.
Carlos Steneri y Azucena Arbeleche, representantes de la Unidad de Gestión de Deuda, que se encarga de la administración de la deuda pública nacional, también estuvieron presentes en la conferencia de prensa. Por esta operativa, indicó Steneri, se restaron a los vencimientos de corto plazo, unos 1.155 millones de dólares, cifra muy importante y concentrada en los años 2011, 2012 y 2015, cuando los vencimientos podían ofrecer complicaciones para la amortización de la deuda.
Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Economía, Mario Bergara, señaló que trabajar sobre la deuda en el marco del ahogo financiero que vivió nuestro país es diferente a esta situación. Este es un mecanismo de administración de pasivos, en un contexto que no tiene dificultades en el pago de la deuda. Una vez que no existe el peligro de quiebre, se puede realizar operaciones que no tienen como objetivo el financiamiento, dijo Bergara.
También habló sobre los datos de la inflación divulgados por el INE (ver recuadro). Para Astori, el gobierno está desarrollando los instrumentos necesarios para pelear contra las presiones inflacionarias, que se orientan en el alza del precio del petróleo y de los alimentos.
La política monetaria cautelosa, las políticas fiscales y el decreto para quitar el IVA a los alimentos, el campo comercial y la importación de productos primarios, junto a la búsqueda permanente de acuerdos sobre los precios, son las herramientas que el gobierno utilizará para paliar la inflación. Agregó que las cifras inflacionarias son un estímulo para continuar el trabajo en esta materia.
Sobre el tema, Bergara señaló que los acuerdos y la pelea contra la especulación de los distribuidores son otras herramientas que permitirán bajar el índice de precios al consumo.
MALESTAR EN ARGENTINA
POR DICHOS DE VáZQUEZ
El desacuerdo de Uruguay con las detracciones argentinas fue un nuevo punto de fricción entre los gobiernos de Tabaré Vázquez y Cristina Fernández, durante la Cumbre del Mercosur.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner consideró «inoportunos» e «injustificados» los cuestionamientos de Uruguay a la política oficial de retenciones. No hubo funcionario alguno que no planteara el martes, al finalizar la cumbre, el fuerte malestar de la presidenta argentina con Vázquez.
Aunque nadie contestó públicamente, en la comitiva argentina el malestar era grande, según informó «La Nación». «¿En estos seis meses de gobierno se olvidaron de plantearlo?», se preguntaba un funcionario que acompañó a la presidenta. «Cristina le contestó durante su presentación. Eso es todo», se excusó un ministro, en referencia a la fuerte defensa de las retenciones que hizo Fernández al mencionar el conflicto con el agro, y defendiendo, implícitamente, su política impositiva a las exportaciones. Las menciones de Vázquez al tema de las detracciones argentinas en su discurso, así como los planteos previos sobre el tema del ministro de Economía, Danilo Astori, no tuvieron demasiado eco en una cumbre en la que Uruguay no logró resolver sus principales puntos de interés.
Vázquez, incluso, dejó la reunión en Tucumán antes de su culminación. Mientras hablaba el presidente de Bolivia, Evo Morales, y sin esperar a que Argentina traspasara a Brasil la presidencia pro témpore del bloque, el mandatario y su comitiva partieron hacia el aeropuerto. Uruguay también realizó un planteo sobre la proliferación de foros subordinados al Mercosur y contabilizó más de 70. Allí se reclamó una política que apunte a fortalecer los organismos de decisión.
FUS DECLARó CONFLICTO
La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) se declaró en conflicto en reclamo de la instalación de los Consejos de Salarios para el sector, y solicitó una reunión en carácter urgente con el Ministerio de Salud Pública.
El lunes próximo comenzarán los paros parciales a nivel nacional de una duración de dos horas y se confirmó que el 16 de julio habrá un paro general con un acto central en Montevideo.
Los trabajadores de la salud reclaman una pronta implementación de la mesa de negociación en la que plantearán un aumento del 17 % en los próximos dos años. La secretaria de la FUS, Olivia Pardo, explicó a radio «El Espectador» que los paros son necesarios para generar espacios donde reclamar, por lo que la asistencia en urgencia, emergencia y atención a pacientes internados será normal, generando algunas demoras en ciertos servicios de la salud.