Opinion | 05 Jul El nuevo empuje inflacionario de junio, que trepó a un 1,28%, debería contribuir a llamar a la realidad a integrantes del gobierno que siguen sin asumir la verdadera magnitud de este índice, a juzgar por la actitud que adoptan, al restar importancia a la incidencia que tiene el costo del Estado y la presión fiscal sobre los formadores de precios internos.
En más de una ocasión hemos advertido sobre la reticencia que mantiene el Poder Ejecutivo respecto a ajustar sus gastos a las posibilidades del país, teniendo en cuenta que se expande el gasto a cuenta de una mayor recaudación, como si la coyuntura internacional de que gozamos fuera a durar siempre y los sectores productivos estuvieran en condiciones de seguir absorbiendo costos sin trasladarlos a los precios.
La realidad dista mucho de esta visión idealizada, porque el Estado es un factor distorsionante, al requerir constantemente recursos adicionales para hacer frente a erogaciones que el gobierno incorpora con el argumento de atender prioridades, a las que no da la sustentabilidad imprescindible para que el esfuerzo de los sectores reales de la economía valga la pena.
El incremento de junio determina que en los últimos doce meses la suba de precios haya alcanzado el 8,42%, el mayor guarismo desde diciembre y bastante por encima del 7,2% con que cerró el año en mayo.
Y mientras el Banco Central evalúa la aplicación de nuevas medidas restrictivas en materia monetaria para atacar la inflación, el ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, dijo que el gobierno no descarta —pero no hizo anuncios al respecto— seguir aplicando rebajas de impuestos, que sería una medida eficaz para limitar la escalada inflacionaria.
Existe asimismo la visión en jerarcas del equipo económico de que la suba de precios tiene en buena medida su origen en un «recalentamiento» de la economía, a causa de un incremento en la demanda, lo que implica una percepción muy parcial de la realidad y del impacto que tienen los costos en la cadena de producción, que es el quid del problema.
Según Astori, «el gobierno está dando una lucha importante contra las presiones inflacionarias y la va a seguir dando en cuatro campos: monetario, con una política muy cautelosa al respecto, fiscal, comercial y a través de acuerdos en los precios».
El secretario de Estado no incorporó a este menú de factores el componente fundamental del gasto público, que ya ha sido incrementado significativamente y que se verá aumentado en más de 300 millones de dólares en la próxima rendición de cuentas.
Para atenderlo se requieren más recursos, que el Estado detrae de los sectores productivos y por la vía de impuestos al consumo, sobre todo, por lo que realimenta la inflación por la vía de imponer mayores costos. Por añadidura, mientras proclama que procurará nuevos acuerdos con los empresarios para mantener los precios, aplica desde el mes anterior incrementos del orden del 7% en las tarifas de electricidad, además de dos sucesivos aumentos en los combustibles —un tercero no demoraría— y de los incrementos salariales que surjan de los consejos de salarios.
Quiere decir que el conductor de la economía ya está planteando una ecuación imposible, al registrarse mayores costos de producción y pretender que éstos no se trasladen a los precios, sobre todo en los casos de artículos de primera necesidad, que es donde se hace sentir con mayor énfasis la inflación.
Y mientras permanentemente se hace alusión al espacio fiscal para incorporar más gasto público con claros intereses electorales, la realidad indica que ese «espacio» se hace a costa de recaudar más de las actividades productivas y conexas, por lo que no puede pedirse estabilidad cuando se está presionando al alza.
Por lo demás, el panorama en materia energética indica que deberán volcarse recursos adicionales para atender la suba del petróleo y la generación de energía eléctrica, lo que repercutirá en las cuentas del Estado.
Por eso, de nada valdrá seguir en la tesitura de que pese al aumento del gasto todo va bien, y de que la inflación se debe solo a la especulación de los empresarios, para lo que debe instalarse la «vigilancia social» al estilo de la que promueve el PIT - CNT. El origen del problema está en el Estado, el mismo que se lleva una porción cada vez más grande de la torta, y no en quienes día a día se esfuerzan por subsistir, porque no tienen ningún barril sin fondo, como las empresas públicas.