Opinion | 03 Jul Una nueva Cumbre del Mercosur, esta vez en Tucumán, ha transcurrido sin pena ni gloria, para no desentonar con lo que ha sido el funcionamiento del acuerdo regional en los últimos años y prácticamente durante lo que lleva de existencia.
Las continuas apelaciones a la «patria grande latinoamericana», y bolivariana —cuando quien lo manifiesta es el mandatario venezolano Hugo Chávez—, no pueden disimular las dificultades que conlleva armonizar los desacuerdos y asimetrías en la región, que desmienten rotundamente los enunciados de buenas intenciones y solidaridad tan recurrentes en este foro.
Es que cada país tiene sus propios problemas, en algunos casos más graves que otros, y se suceden medidas internas que van a contramano de lo comprometido en el acuerdo regional, como es el caso de las retenciones argentinas a sus productos de exportación, caso de los granos, el bloqueo en el puente «General San Martín» al tránsito con Uruguay, y la ambivalencia brasileña en cuanto a trabar los acuerdos comerciales bilaterales de Uruguay y Paraguay fuera de la región, pero a la vez promoviendo su propio intercambio comercial con cualquier rincón del mundo.
A la vez, la región es beneficiada por un contexto internacional muy favorable para los precios de sus materias primas, que tienen una alta demanda, tanto en lo que refiere a granos como a la energía, así como los minerales que extraen principalmente Bolivia, Perú y Brasil.
Los recursos naturales dan al subcontinente una proyección muy positiva en cuanto a sus posibilidades de ingresos, pero no debe dejarse de lado que América Latina continúa suministrando materia prima para que en otras latitudes se dote a los «commodities» de valor agregado, lo que significa mano de obra en el extranjero y en muchos casos la consecuente reexportación a los propios países productores, a un alto precio.
Es decir que la coyuntura favorable no se aprovecha en todas sus posibilidades y no se adoptan medidas que permitan reciclar recursos para dar sustentabilidad a las respectivas economías, por lo general debido a que se están desarrollando políticas económicas procíclicas.
Es decir, gastando los recursos adicionales que se obtienen en medidas asistencialistas que no aseguran que en el futuro próximo los mismos sectores sociales presuntamente favorecidos no necesiten ser atendidos una y otra vez, haya o no recursos para hacer frente a este gasto.
Estas falencias son comunes a los países de la región —salvo en Chile, donde aún con dificultades se han instrumentado políticas que apuntan a la sustentabilidad— con voluntarismos que pueden dar réditos electorales en el corto plazo, pero que son a la vez sinónimo de falta de madurez y de la vigencia del criterio de anteponer los intereses del país a los partidarios o sectoriales.
Igualmente, asiste razón al canciller argentino Jorge Taiana cuando proclamó en la Cumbre de Tucumán que «cuando decimos que los grandes temas del Siglo XXI son los alimentos y la energía, estamos hablando de dos de las grandes fortalezas que tiene el Mercosur», pero el desafío es precisamente saber hacer caudal de ellas y no dilapidarlas en busca de inmediatismos que dejarán a la región con los mismos problemas de siempre.
Este aspecto es el que realmente está en el debe de la región, desde que el mismísimo Brasil, aún en su calidad de país emergente, y en la misma calificación máxima para la inversión que ostentan China, la India y Rusia, tiene dificultades para que su crecimiento pueda favorecer a sectores sociales eternamente postergados, y darle un buen perfil de sustentabilidad a su economía.
Y una región que apueste a la integración debería ser más en su conjunto que la suma de sus economías individuales, pero en el caso del Mercosur la situación se da a la inversa: el bloque al fin de cuentas, por sus graves falencias y disidencias, representa menos que la suma de los países que lo integran y sus asociados.
Es que para acordar y sobre todo respetar los acuerdos, se necesita mucho más que cumbres para pronunciamientos y enunciados de ocasión, realmente actuar como bloque y atender el bien común, antes que adoptar decisiones bilaterales para que los demás países las tomen o las dejen, como ocurre recurrentemente por imposición de Brasil y Argentina.