Nacionales | 05 Jul En una entrevista cedida a «Índice 810», el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro, dijo que durante 2008 unos 330 mil niños quedarán amparados en la nueva ley de Asignaciones Familiares y que durante el próximo año los beneficiarios llegarán a 500 mil.
«En los primeros seis meses ya tenemos 272.505 beneficiarios de la nueva ley. De esos, 200 mil entraron sin hacer un solo trámite, sin un solo papeleo. Y los otros 70 mil, a partir de las solicitudes que hemos ido recibiendo desde el pasado 15 de febrero, se han analizado unas 95 mil solicitudes de la gente que no entró automáticamente», explicó Murro.
Dijo además que la cifra de 330 mil es estimativa, ya que todos quienes tengan derecho obtendrán el beneficio, en tanto recordó que las condiciones para ingresar al sistema se relacionan al ingreso del hogar, las condiciones de trabajo (formal, informal), condiciones educativas y factores habitacionales.
Asimismo, dijo que no está «técnicamente comprobado» que este tipo de ayudas «fomente la cantidad de hijos» y recordó que este sistema establece que a mayor cantidad de hijos menor monto de la asignación. «Esta es una novedad que no tenía el viejo sistema de asignaciones familiares», afirmó Murro.
Llega Bachelet
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, desplegará entre lunes y martes en Montevideo una variada agenda para ahondar relaciones bilaterales con el gobierno de Tabaré Vázquez y rubricar acuerdos en materia política y comercial, dijeron ayer fuentes de Presidencia.
Los mandatarios «prevén intensificar las relaciones comerciales de ambos países y alcanzar acuerdos estratégicos que permitan entre otras ventajas, una inserción comercial internacional conjunta», señalaron.
Bachelet llegará el domingo en visita oficial a la capital del país, donde será recibida por el canciller Gonzalo Fernández. El lunes a la mañana mantendrá una audiencia privada con su homólogo Tabaré Vázquez y posteriormente una reunión ampliada con miembros del gabinete de ambas delegaciones. En la tarde recibirá en la sede del Mercosur las «llaves de la ciudad de Montevideo» de manos del intendente Ricardo Ehrlich.
Posteriormente se trasladará hacia el Palacio Legislativo, sede del Congreso, para sostener una audiencia con el presidente de la Asamblea General y vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa.
Asimismo se anuncia que disertará en el seminario «La participación de la mujer en el nuevo contexto latinoamericano. Oportunidades y desafíos», para luego asistir a la cena que Tabaré Vázquez ofrecerá en su honor.
El martes Bachelet se reunirá con la colonia chilena en nuestro país, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino y participará del Plenario de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).
Sobre el mediodía asistirá a un almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay y a su término se dará cita en la inauguración del Centro Cívico «Salvador Allende» en el departamento de Canelones.
El embajador uruguayo en Santiago, Carlos Pita, dijo además a «La Diaria», que en ocasión de la visita de Bachelet, Uruguay y Chile «formalizarán una asociación político-estratégica bilateral, que implicará que ambos países establezcan una consulta permanente y recíproca para todas sus acciones en materia regional y mundial».
Proyecto de seguridad pública
El Estado uruguayo se apresta a desarrollar un ambicioso proyecto en materia de seguridad pública, a través del cual se propone intensificar la lucha contra el narcotráfico y demás delitos, con una inversión inicial de 14 millones de dólares en tecnología importada de China.
El plan denominado «Alta Tecnología en Materia de Seguridad Pública» incluye control migratorio con programas de reconocimiento facial, cámaras de video vigilancia en puntos estratégicos de Montevideo, gestión carcelaria y videoconferencias para atender situaciones de emergencia. «Constituye un avance sustancial en la operativa policial y coloca a Uruguay a la vanguardia de América Latina con un servicio integral que acompasa la evolución de los sistemas de seguridad a nivel mundial», subrayó el jefe de Asuntos Civiles del Estado Mayor Policial, Américo Alvez. El jerarca observó que el proyecto «tiene un sesgo muy particular» en lo concerniente al combate del narcotráfico y contará con apoyo expreso de la Junta Nacional de Drogas, en el entendido de que nuestro país es utilizado de puente en la ruta hacia Estados Unidos y Europa.
El proyecto, en vías de ejecución, posibilitará a las autoridades «acceder a la información en tiempo real del movimiento migratorio, de puertos, aeropuertos y ocho puestos fronterizos mediante el sistema de reconocimiento facial por tecnología biológica», apuntó el comisario inspector Alvez.
La capital del país será monitoreada por 25 cámaras de video vigilancia instaladas en espacios públicos tales como plazas, edificios, centros de compras, estadios y sedes de gobierno, que emitirán imágenes y mapas digitales, coadyuvando a la prevención y represión de las infracciones. «El corazón de todo el sistema será el Centro de Comando Unificado», indicó Alvez, en alusión a la red que enlazará a los organismos involucrados y permitirá «manejar con celeridad y eficacia la seguridad ciudadana y emergencias públicas incluidas aquellas situaciones de máxima alerta como catástrofes naturales, grandes accidentes o motines carcelarios».
El proyecto, que integrará a las 33 unidades ejecutoras de la policía nacional bajo la misma plataforma, con un total de 600 dispositivos GPS y red inalámbrica de comunicación, tendrá su primera fase operativa en octubre.
Policías lanzaron ultimátum
Los sindicatos policiales lanzaron un ultimátum al gobierno y amenazan con poner en práctica medidas de fuerza si no se les otorga un aumento sustancial en la próxima Rendición de Cuentas. Los uniformados reclaman un salario mínimo de media canasta familiar y aseguran que unos 1.500 efectivos viven por debajo de la línea de pobreza.
Durante el último encuentro de la Mesa Coordinadora de Instituciones Sociales de la Policía del Uruguay, el Círculo Policial y la Mesa Intersindical, se acordó exigir al gobierno un salario mínimo equivalente a media canasta familiar (aproximadamente 16 mil pesos) o de lo contrario se pondrán en práctica medidas de fuerza. No obstante, desmintieron los trascendidos que fijaban un paro para el próximo 10 de julio.
El presidente del Círculo Policial, Ernesto Carrera, dijo ayer a «El Espectador» que el último aumento de 850 pesos otorgado a la Policía constituyó «una cachetada» de parte del gobierno, ya que apenas elevó los salarios más sumergidos hasta 1.680 pesos. Recordó que unos 1.500 efectivos viven por debajo de la línea de pobreza, en asentamientos y en la mayoría de los casos conviviendo con delincuentes.
«Hay múltiples medidas que se pueden tomar, pero bajo ningún punto de vista desamparar a la gente en cuanto a su seguridad, que ya está bastante devaluada como para que los policías le demos un nuevo problema a la sociedad», explicó Carrera.
Los policías se mantendrán en sesión permanente hasta tanto se vote el proyecto de Rendición de Cuentas y se les otorgue un aumento sustancial, aunque la realización de un paro aún no está confirmada.
Aduaneros levantaron medidas
Los trabajadores de la Dirección Nacional de Aduanas, reunidos en Asamblea General, decidieron refrendar el acuerdo alcanzado el jueves con el Poder Ejecutivo y dar por concluidas las medidas de fuerza, aunque anunciaron que a partir de ahora efectuarán un seguimiento del articulado de la Rendición de Cuentas para garantizar el cumplimiento de lo acordado.
La propuesta del gobierno incluye equiparación de grados y el traspaso al salario fijo del pago por servicio extraordinario. La vicepresidenta de la gremial de aduaneros, Virginia Errandonea, explicó a «Índice 810» que a través del acuerdo, el monto variable que pagan los importadores se anexará al salario, de acuerdo a la remuneración mayor de 2008. «No es de acuerdo a la cantidad de importaciones, va a ser un monto fijo».
«El monto fijo va a ser la mayor remuneración a partir del 2008 y lo empezamos a cobrar a partir del 1º de enero de 2009», dijo la dirigente. Respecto a la equiparación de grados incluida en el acuerdo, Errandonea dijo que será útil, ya que en este momento «está viniendo mucha gente de afuera» (nuevos funcionarios llegados de otros ministerios) y lo hacen con grados más altos, pasando «por arriba» a los empleados aduaneros. «Al poder lograr la equiparación, nos beneficia porque por lo menos empezamos a trabajar en igualdad de condiciones», añadió.