Locales | 07 Jul El colono que no registre sus títulos ante el Instituto Nacional de Colonización antes del próximo 2 de noviembre será pasible de una multa equivalente al 25 por ciento del valor catastral del predio, y en caso de no hacerlo dentro de los doce meses siguientes, perderá la propiedad en favor del instituto, destacó a EL TELEGRAFO el Dr. Nicolás Olivera.
«Lo peor de todo es que la posibilidad de presentar los títulos ante el INC determina un plazo hasta el 2 de noviembre de este año. Si no se ha presentado a registrar sus títulos se le aplicará una multa del 25 por ciento del valor real de catastro del bien, y si no se registra al 2 de noviembre de este año, se debe pagar la multa para tener doce meses más de plazo», señaló.
«Si a la vez, según la ley 18.187, al 2 de noviembre de 2009 no ha registrado los títulos, el predio retornará de pleno derecho al patrimonio de colonización —la ley lo dice, pero nunca estuvo— sin indemnización alguna, por lo que el INC se queda con el campo sin pagar nada», aclaró. «Esto es grave porque hay un artículo en la Constitución, el 32, que dice que no habrá expropiaciones sin justa indemnización, pero hoy por esta ley se dice que si no se cumple con un tema formal, como el registro de esos títulos al 2 de noviembre de 2009, el INC se hace dueño del campo. Este es el mayor fantasma al que nos estamos enfrentando, porque hay colonos que no tienen la menor idea de que esta ley existe, o creen que no los comprende. Es posible que muchas de estas personas no vayan al INC a registrar sus títulos, porque no están enteradas y corren así el peligro de llegar a fines de 2009 para encontrarse con la noticia de que el campo ya no les pertenece», expuso Olivera. «Tenemos una flagrante violación de la Constitución, y además los colonos anteriores al INC se ven inmersos en un régimen del que nunca fueron parte y que fueron incorporados por esta nueva ley, lo que los afecta gravosamente, y solo pueden vender, arrendar o dar en medianería a otra persona que tenga título de colono», explicó. «Esto afecta la seguridad jurídica y derechos adquiridos», sostuvo el profesional. Acotó que existen proyectos, como el del senador Gustavo Lapaz Correa, para enmendar el artículo cuestionado, en tanto la Asociación de Escribanos del Uruguay está encarando gestiones ante comisiones legislativas en procura de que se modifique la ley.