Opinion | 11 Jul Finalmente va cobrando fuerza en esferas oficiales la idea de que es preciso cortar o limitar la emigración de profesionales universitarios, que se capacitan gratuitamente en el país y luego se ven tentados de abandonarlo por ofrecimientos de muy buenas remuneraciones en el exterior.
La idea no está bien delineada aún, pero se maneja con fuerza la posibilidad de que los egresados sean obligados a trabajar durante algunos años antes de que se les autorice a emigrar, y entre quienes promueven esta posibilidad figuran el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, y el rector de la Universidad, Rodrigo Arocena.
Argumentan —y no les falta razón— que la inversión en educación les crea una deuda con la sociedad que deben pagar con trabajo dentro del territorio nacional, para de esa forma devolver al menos parte de lo que reciben de los aportes de todos los contribuyentes.
Igualmente, en realidad rechina que se coarte la libertad de trabajo a personas que deseen mejorar su situación, por lo que desde este punto de vista la iniciativa es cuestionable, pero ese no es el único aspecto a tener en cuenta al analizar este escenario, que no es solo del Uruguay, sino el común denominador de países en desarrollo que ofrecen escasas oportunidades para avanzar y que en gran medida son «abastecedores» de cerebros al mundo desarrollado y a países emergentes.
En el caso de Uruguay hay otros aspectos a tener en cuenta y son responsabilidad de la propia Universidad y de la filosofía en que se inspiran sectores de la fuerza de gobierno. Parece que recién ahora las autoridades universitarias se dan cuenta de que toda la sociedad paga la Universidad «gratuita» para todo aquel que desee ingresar, y que al cursar estudios gratis se contrae una deuda con el país que le financió la carrera.
El punto es que no necesariamente debe ser así, porque todos los uruguayos, desde las capas de mayores ingresos hasta los sectores más postergados, deben pagar compulsivamente impuestos para financiar facultades abarrotadas con estudiantes que en su gran mayoría son de Montevideo y de los estratos pudientes de la sociedad.
Estamos por lo tanto ante un doble sacrificio en el Interior: sus jóvenes son apenas el 35% de quienes cursan estudios terciarios, pero toda la población del Interior paga para que la Universidad sea gratuita para el 65% restante de montevideanos que pasen por sus aulas, por la comodidad que da tenerla al alcance de la mano y sin necesidad de mayores erogaciones.
En cambio, para los estudiantes del Interior los traslados y la estadía significan fuertes gastos que desmienten el presunto carácter «gratuito», porque se deja al margen del estudio a decenas de miles de jóvenes al año, porque proceden de hogares de escasos recursos.
El planteo del gobierno y de la Universidad debería ser al revés, para empezar: preocuparse y ocuparse de que el pago de matrícula sea la constante, y que a la vez los estudiantes de menores recursos y sobre todo los del Interior, sean exonerados del pago, con la perspectiva de que ya profesionales egresados, puedan devolverle a la sociedad lo que ésta invirtió para su formación.
Este aspecto reduciría la complejidad del problema, porque estaríamos ante un panorama más equilibrado entre deberes y derechos, así como a favor de la justicia social tan mentada en los discursos pero ignorada a la hora de decidir en aras del bien general, para no ceder espacios en las chacras de poder. Paralelamente, el Estado debería ocuparse de lo que realmente le corresponde, que es crear las condiciones para que haya oportunidades de ocupación de los profesionales universitarios, favoreciendo la inversión privada en vez de insistir en nostalgiosos intentos de aumentar la presencia estatal.
La Universidad, además, encima de ser gratuita para quienes no necesitan este beneficio, tiene matrícula ilimitada, por lo que sigue formando miles de profesionales en áreas que no necesitamos, a un alto costo para toda la sociedad.
Otro sería el cantar si quien cursara estos estudios pagando matrícula, lo hiciera a su entera cuenta y riesgo.
Y si corresponde establecer algún límite o condición, debería ser por el lado de requerir que los nuevos médicos deban necesariamente ejercer un tiempo en localidades rurales, como paso previo a su integración a la actividad regular.
Sería un mecanismo efectivo para revertir la discriminación a que se ve sometido el Interior y sobre todo el más profundo, donde escasean los médicos que sobran en Montevideo.