Opinion | 09 Jul En estos tiempos en que toda decisión política genera un debate nacional, no es de extrañar que en nuestra ciudad, donde las dos terceras partes del parque automotor está integrado por motocicletas, la próxima obligatoriedad de seguro contra daños a terceros sea tema obligado en las charlas informales.
Junto al uso obligatorio de casco para los motociclistas, por lo general las más de las veces las voces son contrarias a la implementación. Los argumentos que más se repiten refieren a la fuerte erogación que representará para los propietarios, en general trabajadores y asalariados que encuentran en un modesto ciclomotor el medio de transporte por excelencia para toda la familia. Muchas veces la discusión parte de rumores o de gente mal informada, y se le atribuyen valores astronómicos a la póliza en cuestión, del orden de los $1.500 por cuota, similares a lo que cuesta una cobertura total de un automóvil relativamente nuevo, cuando lo que realmente se está procurando es desarrollar un seguro especial que rondaría la mitad de esa cifra para todo el año.
Desgraciadamente esto a la vez de desinformar a la población, desvirtúa el debate, alimentando iras exacerbadas y reacciones adversas basadas en falsedades. Pero lo que pocos mencionan es el alcance de la cobertura de este seguro especial para ciclomotores, que aunque se le llama «contra terceros», difiere radicalmente con el que hasta ahora se contrata con igual nombre para los automotores, por cuanto solo cubriría por las lesiones o muerte causadas a otra persona y no daños materiales.
Y aunque esto representa un gran avance respecto al vacío legal actual, donde si el causante del siniestro es motociclista e insolvente no se hace responsable de nada, no considera los problemas que genera al damnificado los gastos de reparación, ya que aunque tenga un auto no necesariamente significa que le sobre la plata.
Lo paradójico es que cuando se trata de inventar una cobertura sumamente limitada en su alcance, no se tenga en cuenta que ya existen ofertas igualmente económicas que responden por verdaderos daños a terceros por hasta cuarenta mil dólares, o múltiples damnificados por hasta 200 mil, representando una gasto de tan solo unos 120 pesos por mes en promedio, por lo que estaría al alcance de la amplia mayoría de los bolsillos.