Opinion | 09 Jul Con el reciente respaldo de la Junta Departamental de Paysandú, por unanimidad, al planteo de sus colegas salteños para instalar un Centro Carviovascular en Salto, el cuerpo ha respondido por encima de partidos al sentir de la comunidad, que entiende que la atención de salud en institutos de alta especialización debe prestarse en centros que estén lo más cerca posible de los ciudadanos del Interior, para que a través de la regionalización tienda a revertirse el proceso centralizador de los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE), que están todos ubicados en Montevideo.
El reclamo de instalar el Centro de Hemodinamia y Ciencias Cardiovasculares no es algo que deba concernir solo a los salteños, y así felizmente lo han entendido las tres fuerzas políticas representadas en la Junta Departamental, por encima de matices, porque el centralismo no tiene color político, como así tampoco las necesidades de los ciudadanos.
La iniciativa salteña apunta a que el Norte del río Negro pueda contar con un área específica para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del sistema circulatorio central, financiada a través del Fondo Nacional de Recursos y también en su sector periférico, arteriopatías de aorta en su rama cerebral, viscerales y de los miembros, lo que actualmente debe tratarse en Montevideo, y por consecuencia, con un alto riesgo por el traslado de pacientes y afectación de su entorno familiar en largos viajes y estadías.
La descentralización en la atención de salud es de alta prioridad, y pese a que se han registrado algunos avances en los últimos años, no es menos cierto que en el caso de los tratamientos médicos de alta especialización se ha creado desde hace décadas una infraestructura que ha ido regenerando recursos materiales y humanos en Montevideo, al punto que no hay siquiera un solo IMAE al Norte del Santa Lucía.
A la vez, también existen intereses sectoriales, profesionales y técnicos que luchan por mantener este esquema tal como está, y los sucesivos gobiernos —incluyendo al actual— no han encontrado de su interés desatar este «paquete» que se sostiene con recursos que aporta la sociedad de todo el país, y que mantiene los privilegios de y para Montevideo. La descentralización no puede tampoco hacerse a tontas y a locas, como por ejemplo instalando un IMAE específico en cada localidad de cierta envergadura, desde que tendría un alto costo, y demandaría la afectación de recursos humanos y materiales que no se justificarían para atender una población que no haga mínimamente sustentable su funcionamiento.
Lo que sí corresponde, en un esquema racional, es regionalizar estos servicios, contemplando especialmente el Norte del río Negro, que es el que sufre particularmente las consecuencias de los largos traslados y de carencias en servicios elementales, lo que se agrava a medida que aumenta la distancia con Montevideo.
Ocurre que las anteriores autoridades del Ministerio de Salud Pública, y también las actuales, no están convencidas de que esto deba ser así, porque no viven los problemas desde adentro, como lo hace la población del Interior, y es así que la secretaría de Estado que encabeza la doctora María Julia Muñoz le ha dado largas al asunto y recién ahora, tras gestiones directas ante el presidente de la República, ha dispuesto que el titular de ASSE evalúe la posibilidad de instalar el centro cardiovascular en Salto.
Anteriormente había rechazado la incorporación de un centro de rehabilitación en Young, pese a que se contaba con una donación de Italia para su instalación, porque no encaja en los «planes» del ministerio, y tampoco tiene en cuenta aspiraciones de los sanduceros, como la creación de un centro de litotricia en Paysandú, previa devolución o compra de un litotriptor que sustituya al que se llevó Montevideo en menos de lo que canta un gallo. No figura tampoco entre sus prioridades la autorización para instalar un centro de resonancia magnética y dar vía libre a la incorporación de un tomógrafo donado ya hace tiemo al Hospital local.
Todo esto indica que el centralismo, que califica a los ciudadanos según el lugar en que residan, sigue tan vigente como siempre, porque no es patrimonio de ningún partido ni ideología, sino que es una manera miope, interesada y distorsionada de ver y hacer las cosas, a contramano de los intereses del país.