Paysandú, Martes 15 de Julio de 2008
Opinion | 12 Jul La «sensación térmica» que se maneja como excusa recurrentemente desde el Ministerio del Interior y portavoces del gobierno para minimizar la inseguridad reinante seguramente genera malestar en miles y miles de ciudadanos que sufren a diario las consecuencias de una delincuencia desbordada, y que sobre todo en el caso de la minoridad agrega a su agresividad la condición de inimputabilidad.
Incluso en caso de menores infractores la impunidad es tal, que las propias víctimas de robos deben a veces «negociar» con los delincuentes que les roban sus pertenencias su devolución, a cambio de determinada suma de dinero, desde que la otra alternativa es que sus bienes terminen desapareciendo definitivamente.
Pero claro, una cosa es que esta disyuntiva se le presente al ciudadano común, que se encuentra inerme porque entiende que el sistema no lo defiende, con la Policía y la Justicia maniatadas, y otra muy distinta es si a este «mecanismo» recurre un alto magistrado judicial.
Pues ese es el caso de la fiscal Mirtha Guianze, cuyos alcances fueron motivo de consideración en el Parlamento en las últimas horas, por cuanto según versiones periodísticas que no fueron desmentidas, la involucrada sufrió el robo de un celular el 15 de mayo, en Las Piedras, y transó con los delincuentes para que le fuera devuelto.
Guianze llamó a su celular, se comunicó con el delincuente —presumiblemente un menor— y pactó que se le devolviera su celular a cambio de entregarle al autor del hurto un par de championes que olvidara en el lugar del robo.
Ahora, si quien se supone representa a la Justicia en cualquier lugar en que esté, actúa como un ciudadano común ante su situación personal, y no confía en los procedimientos legales que deben habilitarse a partir de una denuncia de robo, ello revela que las cosas están adquiriendo visos de irracionalidad en el país.
Y lo que es peor, da la pauta de falta de confianza en el sistema, nada menos que de una fiscal que en su actuación ha hecho especial hincapié en la defensa de los derechos humanos, pero que cuando le toca en esta forma personal, «cuelga los hábitos» y orillea la ilegalidad, con tal de lograr su objetivo.
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