Opinion | 15 Jul La situación salarial de los funcionarios policiales, postergados por muchos años en sus retribuciones, debería ser motivo de prioridad tanto en la urgencia como en el grado de afectación de recursos en la presente Rendición de Cuentas, habida cuenta del profundo desnivel en sus ingresos frente a la mayoría de los funcionarios del Estado, con la contrapartida de un alto grado de exigencias.
Los funcionarios policiales, sujetos a jerarquía y subordinación, tienen dificultades para actuar corpora- tivamente en demanda de mejoras, pero han llegado a tal grado sus problemas económicos que han pasado a sindicalizarse y hasta a adoptar medidas de fuerza, aunque con un grado de acatamiento problemático por el régimen especial al que están sometidos, incluyendo la posibilidad de represalias.
Ello no quita, más allá de los instrumentos para el reclamo, que se esté ante una demanda que debe ser contemplada, desde que las severas dificultades económicas de los funcionarios policiales los obligan a procurar ingresos extra mediante la contratación por el sistema 222, que es una alternativa para mejorar ingresos pero a costa de sacrificar buena parte de su descanso y de horas de dedicación a la familia. Tenemos así que a las ocho horas diarias deben agregar muchas más de este servicio, que a la vez hasta ahora se paga «en negro», que no se acredita para la pasividad, y que también generalmente se hace efectivo con atraso y con un porcentaje de retención para el mismo ministerio. Pero el policía debe percibir un salario decoroso, sin necesidad de tener que duplicar su jornada laboral para tener algún peso más a fin de mes. Y sin más postergaciones.