Opinion | 13 Jul Las irregularidades de varios ediles de la Junta Departamental con los «viáticos» no deberían sorprender, puesto que responden a la idiosincrasia de los uruguayos, y era obvio que más temprano que tarde se iban a producir.
En una sociedad en la que es costumbre engañar para obtener beneficios, justificar gastos con boletas obtenidas como «gauchada», declaraciones juradas imposibles de verificar o licencias médicas por enfermedades inexistentes firmadas por algún doctor amigo, implementar un sistema de viáticos en base a recibos comerciales es hacerse trampas al solitario.
Si bien en este caso en particular existe el agravante de que los involucrados son representantes elegidos por el pueblo, escandalizarse ante este «descubrimiento» sería —cuando menos— hipócrita.
Todos sabemos de funcionarios o empleados que consiguen días extra de licencia con la complicidad del doctor, que irresponsablemente accede la petición del «enfermo»; de viajeros que solicitan al comerciante que sobrefacture para así estafar a la empresa, docentes que declaran tener a su cargo un familiar al que en realidad ven una vez al mes de forma de obtener un beneficio en el sueldo, entre una larga lista de «irregularidades» por las que nadie se rasga las vestiduras.
La consigna parece ser que mientras no se haga público, actuar así es honesto, y hasta digno de aplauso la «viveza» del transgresor.
Pero dado que en realidad se trata de faltas graves —a veces configuran un delito—ante la eventualidad de comprobarlas es imperioso actuar con severidad, dando señales claras que desestimulen estas prácticas.
Así se actuó en Rivera, donde tras pasarse a la Justicia los casos más comprometidos, varios ediles de la Junta Departamental resultaron procesados, algunos con prisión, por hechos que de acuerdo a los resultados de la investigación interna de la bancada frenteamplista, guardarían similitud con alguno de los casos que se dieron en Paysandú.
En todo caso, la sanción debe ser ejemplarizante y todo el proceso transparente, sin importar qué partido político viva el mal trago.
También habría que tomar medidas con quienes fueron cómplices, por ejemplo emitiendo boletas adulteradas, y presentarlas a la Dirección General de Impositiva para que tome cartas en el asunto. Y para evitar futuros desbordes es imprescindible que los controles sean exhaustivos, así como muy claro el reglamento acerca de los viáticos.