Nacionales | 11 Jul El Banco Central del Uruguay (BCU) mantuvo ayer sin cambios la tasa de política monetaria (TPM) en 7,25 por ciento, al mantener la orientación contractiva impuesta desde marzo pasado para enfrentar las presiones inflacionarias, informó el Comité de Política Monetaria (Copom) por medio de un comunicado.
Tras evaluar «la trayectoria reciente de la inflación, su posible tendencia futura y la evolución de la política monetaria, así como las repercusiones de los acontecimientos financieros internacionales», el Copom «decidió mantener sin cambios, por el momento, la tasa de política monetaria (TPM) en el nivel del 7,25 %».
El miércoles, el Comité de Coordinación Macroeconómica (CCM, que nuclea a las autoridades del Ministerio de Economía y del BCU) resolvió mantener «el rango de tolerancia para la variación del IPC (Índice de Precios al Consumo) de entre 3% y 7% anual».
Los principales factores que «mantienen la variación del IPC por encima de dicho rango de tolerancia se originan en la presión ejercida por el precio internacional del petróleo (que se transmite por las tarifas de la energía) y las subas en los precios de los alimentos frescos», señala el texto del Copom. El IPC aumentó 1,28% en junio, la mayor alza desde agosto de 2007, determinando una variación anual acumulada de 5,44% y, en los últimos 12 meses de 8,42%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En 2007, la inflación se situó en 8,5%, superando en dos puntos el techo de la meta de 6,5% fijada por el gobierno.
Pese a que el CCM evaluó «positivamente el efecto de las medidas de política económica adoptadas y se espera que las mismas contribuyan en los próximos meses a ubicar la tasa de la inflación en los niveles esperados», enfatizó «su preocupación sobre la persistencia de presiones inflacionarias».
Además de los altos precios del petróleo y de los alimentos, el CCM indicó que «la mejora de ingresos derivada del aumento del empleo y de los salarios reales dinamiza la demanda interna, lo que trae aparejado una lógica presión adicional (aunque moderada) sobre los precios domésticos».
El BCU «ratifica su compromiso de continuar operando la política monetaria, en coordinación con el resto de las políticas macroeconómicas, con el objetivo de lograr la convergencia de la inflación a la tasa objetivo de 5% anual en el horizonte de proyección (diciembre de 2009)», dice el comunicado del Copom.
Asimismo, afirma que pese a mantener la TPM en 7,25%, nivel que será evaluado en agosto, el BCU podrá «introducir modificaciones en la tasa de referencia cuando lo estime oportuno», de acuerdo a la evolución de la situación.
Diputados vota artículos
de la Rendición
La Cámara de Representantes comenzó ayer la votación artículo por artículo del proyecto de Rendición de Cuentas, tras aprobarlo en general con los votos del oficialismo. Mientras blancos y colorados sostienen que algunos rubros no están financiados y señalan el aumento de la presión fiscal, los frenteamplistas insisten en comparar este gasto con el efectuado por administraciones anteriores. El debate de ayer se centró en la situación de la Policía, en tanto los legisladores retornan hoy al trabajo a partir de las nueve y media.
Con integrantes del sindicato policial siguiendo la sesión desde la barra, los legisladores protagonizaron un áspero debate, donde la comparación de gestiones y la cuestión electoral acaparó gran parte de las intervenciones. El oficialismo criticó a la administración Lacalle por impedir la sindicalización y reprimir a la Policía.
«En esta etapa, lo que estamos tratando de hacer, es recuperar el tiempo perdido», dijo el oficialista Gustavo Bernini. «Estamos orgullosos de hacerlo. Si yo veo una gráfica en donde el salario policial tuvo este tratamiento del 90 a la fecha y veo que en nuestro período, donde yo soy responsable, el salario policial está por arriba de lo que se había dado anteriormente, no tengo otra cosa que decir que vamos por el buen camino», añadió.
Enseguida, ante las críticas del oficialismo hacia la figura del ex ministro del Interior Andrés Ramírez, el nacionalista José Carlos Cardozo recordó que este gobierno contrató a Ramírez para el caso de los guardahilos de Antel.
«Recién un diputado dijo al pasar: ‘en el gobierno del Partido Nacional, un tal Ramírez...’. No, ‘un tal Ramírez’_, no. Es el abogado que el presidente de Antel, Edgardo Carvalho, contrató para ganarle el juicio a los trabajadores».
«No es ‘un tal Ramírez’, es el abogado de su ‘compañero’ Carvalho, que lo contrató ahora en esta gestión para que haya también 300 guardahilos desocupados, como había algunos policías en aquella época. ¿O estos guardahilos son distintos a los policías de aquella época? Así que aquellos trabajadores policiales que se quedaron sin el empleo son ‘pobrecitos’ (...) y estos guardahilos de ahora no son nada ‘pobrecitos’», ironizó Cardozo.
COFE paralizó actividades
Los integrantes de la Confederación de Funcionarios del Estado (Cofe) detuvieron ayer sus actividades en reclamo de una mejor distribución del gasto en la Rendición de Cuentas. El paro fue general en el interior del país y parcial en Montevideo e incluyó una concentración frente al Palacio Legislativo.
«Cuando podemos sentarnos a discutir y una autoridad de este gobierno se para y nos deja la voz, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Salir como estamos acá diciendo: estas cosas no las vamos a aceptar compañeros. Los cambios se tienen que dar primero desde el gobierno, el que tiene que dar el primer paso es el gobierno», dijo el presidente del gremio de estatales, Pablo Cabrera, quien reclamó «voluntad política» para promover una «participación real».
Citan a despachantes
Luego del procesamiento de varios funcionarios asignados al Aeropuerto Internacional de Carrasco y una vez finalizada la feria judicial, la jueza Adriana Motta citará a declarar a 14 despachantes de aduana y 10 funcionarios aduaneros. Mientras tanto, la Asociación de Despa- chantes de Aduana emitió un comunicado en donde aseguran que trabajan sometidos a presiones y peajes.
Los despachantes -según consta en el comunicado- entienden que un sistema «poco transparente» dificulta su trabajo, encarece los servicios prestados a las empresas y no contribuye al desarrollo del país.
Añade que episodios actuales y otros que se produjeron en el pasado reafirman la absoluta necesidad de avanzar en la reforma de los sistemas aduaneros, en tanto establece el apoyo de los despachantes a las reformas que están introduciéndose. Asimismo, recomienda actuar con mesura, en el entendido de que Aduanas no es sinónimo de corrupción y por tanto generalizar perjudica al país.
Planteo del Pit Cnt
El dirigente Juan Castillo dijo a «El Espectador» que la central obrera sigue con «inquietud» lo sucedido con aquellos trabajadores que sin estar gravados con el referido impuesto debieron tributarlo con el aguinaldo. La central reclamará además el aumento del mínimo no imponible, en tanto Astori adelantó que en este sentido los trabajadores recibirán «muy buenas noticias».
Mientras tanto, el director de la DGI, Nelson Hernández, aseguró al mismo medio que será «difícil» instrumentar «cambios en el Impuesto a la Renta retroactivos al 1º de julio», tal cual lo reclamó la Mesa Política del Frente Amplio.
Paro de policías
La Policía realizó ayer un paro de 24 horas que afectó las tareas administrativas y el servicio de vigilancia, en reclamo de aumentos salariales. Mientras los agremiados aseguraron que el acatamiento fue del 80 por ciento, el Ministerio del Interior declinó efectuar estimaciones.
El secretario general de la Conasip (Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales), Julio Pereira, dijo al sitio web Observa que la movilización se cumplió «a buen ritmo» en todo el país, en reclamo de lo que definió como una «justa remuneración».
Pereira explicó que se reclama un aumento salarial de 5.000 pesos sobre el sueldo base de los efectivos, y un aumento de 2.500 para los comisarios y oficiales de mayor rango.
La Consaip, afiliada al Pit Cnt, respaldó el paro que afectó el servicio de vigilancia «222».
En tanto, la Mesa Intersindical, que nuclea a otros sindicatos policiales y asociaciones de retirados, y que no pertenece al Pit Cnt, no apoyó la medida, aunque coincidió en el reclamo de aumento salarial.
Raúl Lugli, dirigente de la Mesa Intersindical, afirmó que la Conasip «desinformó» al gremio, al no informar que «negarse a realizar tareas administrativas constituye un delito contra el Estado», por lo que los que acaten esa medida se exponen a sanciones por «omisión de los deberes del cargo».