Paysandú, Viernes 18 de Julio de 2008
Opinion | 12 Jul El desafío que presenta la matriz energética en nuestro país es consecuencia de una actitud prescindente y cortoplacista que hemos tenido en el Uruguay durante décadas, y no cabe atribuirle toda la responsabilidad al actual gobierno por las dificultades y el creciente costo de la energía, aunque tampoco hizo mucho, cuando era oposición, por allanar el camino para que se pudieran instrumentar políticas en la materia.
En fin, por muchos años se ha actuado al «golpe del balde» y con facilismos como utilizar los derivados del petróleo, fundamentalmente naftas, como una fuente de recaudación, de cobro prácticamente al contado, sin afectar fondos para reconversión, lo que explica lo difícil que resulta desarmar un esquema perverso que aplica elevados costos a la producción y a la actividad en general.
La Admistración Vázquez se tomó su tiempo —demasiado— para ver dónde está parado el país, y lamentablemente también ha pecado de cortoplacismo e improvisación en la materia, por lo que ha incorporado más generación térmica que quema derivados de petróleo, y que determina que en épocas de crisis de generación hidroeléctrica resulta muy caro generar dentro de fronteras, tanto como comprarla a los países vecinos.
Incluso todavía está por diluicidarse si se deroga o no la ley que determina la prohibición de producir electricidad mediante energía nuclear, cuando estamos ante una posibilidad energética que se utiliza ampliamente en otras partes del mundo, aunque requiere de una tecnología que tardaría unos quince años en instalarse en el país.
En este, como en tantos otros casos, se debe analizar el tema libre de prejuicios, para aprender de la vasta experiencia en el mundo desarrollado, donde se ha podido dotar de gran seguridad al funcionamiento de las centrales nucleares.
Es cierto, también implica vulnerabilidad y dependencia del exterior, como en el petróleo, pero difícilmente encontremos alguna posibilidad de ser totalmente independientes en abastecimiento, en el área que sea. También está pendiente el aspecto ambiental, y aunque no es posible encontrar actividad humana alguna que no sea contaminante, la energía nuclear replantea viejos temores y aprensiones que son un estigma del que no se ha podido despegar la humanidad. Debe reconocerse, además, que los desechos altamente contaminantes de las centrales atómicas no son degradables, al punto que son depositados en recipientes sellados, con la esperanza de que algún día pueda encontrarse una fórmula que los haga inocuos.
En todos los casos, hay planteados aspectos que involucran necesidades, costos económicos y ambientales, reales o eventuales, y en el caso de la energía nuclear difícilmente pueda instalarse alguna central si antes no se procesa un profundo debate. De cualquier manera, el país no puede jugarse a que dentro de quince o veinte años se concrete lo que puede ser una alternativa valedera, por cuanto los problemas los tenemos hoy y ciertamente en el futuro inmediato. Entre ellos, alguno que es producto de la desinteligencia entre organismos del Estado.
El país está pagando ahora la reticencia manifiesta a la apertura de la política energética con una mayor participación de privados, lo que debería coordinarse a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero en lo que se ha tropezado una y otra vez con la escasa disposición de UTE a perder parcelas de poder amparadas en su monopolio.
La Ley de Marco Regulatorio es un buen instrumento, pero ha sido utilizado solo a medias, y recién ahora se está habilitando, por cuentagotas, licitaciones para que los privados puedan generar energía con sistemas alternativos, cuando esta posibilidad debió haberse concretado hace mucho en numerosos proyectos que a esta altura hubieran permitido cambiar la matriz que se presenta tan complicada.
Es decir que el gobierno actual recién está procurando promover lo que debió haberse hecho hace años, con un rumbo fijo establecido por políticas de Estado por encima del partido que estuviera en el poder.
Todavía es posible hacerlo, asumiendo responsabilidades compartidas entre el gobierno y la oposición, aunque nadie nos va a devolver el tiempo perdido y sobre todo, las consecuencias que hoy padecemos por la abulia y la omisión de décadas.
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