Locales | 16 Jul (Por Horacio R. Brum). Había pocas noticias interesantes en los boletines nocturnos de la BBC de Londres el 29 de abril de 1986. Quienes leíamos esa noche las noticias en los estudios del Servicio Latinoamericano aguardábamos con ansias la pausa de la madrugada, cuando la transmisión de un programa largo pregrabado nos iba a dar tiempo para bajar a la cafetería, a combatir el sueño y el aburrimiento con los contundentes desayunos ingleses.
La noche cambió drásticamente cuando la redacción central comenzó a enviarnos noticias urgentes, llegadas desde la Unión Soviética. Primero, se informó vagamente de un accidente en una central nuclear ucraniana, cuyo nombre nadie había oído hasta ese entonces fuera de las fronteras de la URSS: Chernobyl. A medida que pasaban las horas, se fueron viendo los frutos de la política de transparencia y apertura iniciada por Mijaíl Gorbachov, al llegar más y más datos de lo que pronto tomó la forma del peor accidente nuclear de la historia.
En esa Noche de Chernobyl, los que conocíamos las catástrofes nucleares solo a través de las fantasías cinematográficas o las advertencias de los ambientalistas tuvimos la angustiosa sensación de que podíamos ser muertos por un enemigo invisible, capaz de llegar montado en los vientos que cruzaban Europa desde las planicies soviéticas. Ello, porque el incendio que destruyó uno de los cuatro reactores de la planta de Ucrania produjo una nube de partículas cargadas de radioactividad que cruzó el continente europeo y llegó a ser detectada en Gran Bretaña, a una distancia de más de 1.900 kilómetros. En la zona de Chernobyl dos ciudades debieron ser abandonadas a causa de la contaminación y hoy siguen siendo zonas prohibidas; el incendio de la central produjo inmediatamente alrededor de 30 muertos, en su mayoría bomberos que trabajaron en un ambiente de altísima radioactividad, pero decenas de miles de personas de los alrededores quedaron condenadas a un futuro de cáncer. En los primeros meses y años muchos niños fallecieron por leucemia y actualmente continúan registrándose las muertes de quienes fueron contaminados 22 años atrás.
En Gran Bretaña, como en muchos otros países por donde pasó la nube de partículas, hubo que sacrificar decenas de miles de cabezas de ganado, porque la radioactividad se detectó durante varios años en la leche y en la carne. Si bien las autoridades desestimaron la existencia de un gran peligro para los seres humanos, causó alarma la posibilidad de un efecto acumulativo, si se ingerían alimentos contaminados. La misma alarma que hace una semana se produjo en Francia, un país orgulloso de obtener casi el 70% de su electricidad con energía nuclear, cuando se produjo un escape de agua radioactiva en la central de Tricantin, en el sur del país. Esta vez, y pese a que la empresa operadora de la planta dijo que no había riesgos, las autoridades municipales prohibieron a la población de la cuenca de dos ríos utilizar sus aguas para bañarse, pescar, regar o consumir.
Por esos y muchos otros antecedentes, llama la atención que en Chile se esté hablando de la construcción de centrales nucleares para evitar un déficit de electricidad. El tema ya le costó a Michelle Bachelet la ruptura con los movimientos ambientalistas, los cuales le dieron su apoyo electoral a cambio de promesas de protección del medio ambiente. Entre otras cosas, Bachelet se había comprometido a no estimular la construcción de plantas nucleares durante su mandato, pero a medida que se hizo más clara la escasa confiabilidad de Argentina para el cumplimiento de los contratos de suministro de gas natural, las industrias eléctrica y minera, así como otros sectores con grandes necesidades de energía, aumentaron su presión para que el gobierno considerara la explotación de todas las fuentes energéticas, incluida la nuclear.
A esos grupos de interés se agregaron los grandes medios de comunicación, en especial el diario «La Tercera» y figuras de la misma Concertación gobernante, como el hoy ministro de obras públicas Sergio Bitar, quien poco antes de asumir ese cargo estableció contactos con la industria nuclear francesa. Por otra parte, hay versiones en el sentido de que las empresas nucleares rusas comenzaron a realizar discretas pero intensas gestiones para promover la venta a Chile de su tecnología.
Así fue como la presidenta debió formar una comisión para estudiar las posibilidades de uso de la energía nuclear, pese a que declaró que la decisión de construir plantas no se tomaría durante su gobierno. Esa comisión elaboró un informe, que en realidad es la apertura de un camino para otros estudios, pero no respondió a algunas preocupaciones básicas, como los riesgos para las centrales nucleares en un país de terremotos y erupciones volcánicas.
Si bien la tecnología nuclear ha progresado lo suficiente como para que haya escasas probabilidades de una catástrofe como la de Chernobyl, lo cierto es que cualquier accidente en una central atómica tiene el potencial para provocar grandes daños. Tanto, que en aquellos países donde se almacenan los desechos de las plantas —en recipientes a prueba de fuego, golpes y escapes, depositados por lo general en cuevas naturales o artificiales— se está tratando de desarrollar algún tipo de simbología que trascienda los lenguajes, para marcar los depósitos con advertencias válidas durante decenas o centenas de generaciones. Porque allí está el problema principal de la energía nuclear: si hay una explosión en una central termoeléctrica, o se rompe una represa, las víctimas se producen en el momento y los daños son reparables en un plazo mediano; la contaminación de un accidente nuclear puede durar miles de años y afectar, como mínimo, a quienes la sufrieron directamente, sus hijos o aún sus nietos, además de todos aquellos que hayan estado al alcance de los vientos.
Afortunadamente, en Chile también está progresando con rapidez el uso de energías limpias, como la del viento, gracias al interés especial del gobierno de la presidenta Bachelet. En ese sentido, lo que están haciendo algunas empresas privadas y los mecanismos de estímulo al desarrollo de las energías ecológicamente aceptables diseñados por las autoridades pueden servir de ejemplo para países como Uruguay, donde abundan el Sol y el viento, más allá de las desaprensivas declaraciones recientes de algún funcionario público y de la disimulada injerencia de Finlandia en el asunto.