Opinion | 13 Jul La inseguridad jurídica es la antesala de la arbitrariedad, y lo peor que puede suceder en un Estado de derecho es que se entienda que las leyes son apenas una formalidad que se puede desconocer, pasar por alto y violar impunente, reivindicando causas en apariencia justas y con respaldo popular.
Este concepto, empero, encuadra a la vez, aunque no se manifieste, en un sentimiento que se asimila al de hacer justicia por mano propia, porque se considera que la legislación está a contramano de como deberían ser las cosas. Estos elementos deberían bastar para situarnos en la gravedad que conllevan las ocupaciones de tierras del Instituto Nacional de Colonización por personas que entienden que les asiste el derecho de disponer de ellas, pese a lo que establezca la ley, para «producir», no se sabe bien qué, con el argumento de las manos en las cuales se encuentran no son las mejores y al fin de cuentas las tierras de alguna u otra forma están improductivas.
Esta es una visión muy parcial e interesada de quienes se lanzaron a la ocupación «salvaje» de predios en varios puntos del país, y pretenden hacer que su situación «de facto» resulte refrendada como sea por la Justicia y un Poder Ejecutivo que ha estado renuente a hacer cumplir la ley por razones político-ideológicas, y a esta altura ya relacionadas con los tiempos electorales.
El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Ing. Agr. Guzmán Tellechea, indicó a EL TELEGRAFO a propósito del tema que las ocupaciones de tierras, «como cualquier ocupación» fue «una de las preocupaciones que manifestamos desde que empezó este tema con la primera fracción, en el Departamento de Artigas», que la asociación que preside «reprochó y condenó».
Acotó que la gremial ha hecho conocer esta inquietud «en todos los ámbitos», incluyendo al presidente Tabaré Vázquez y a la Suprema Corte de Justicia, y que pese a que al mandatario dio su palabra de que el gobierno, dentro de la Constitución, iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para defender la propiedad, «los fallos se van extendiendo en el tiempo», se van demorando, y en el interín «se van produciendo otras ocupaciones».
Reflexionó Guzmán Tellechea que «siempre este tema de ocupaciones de tierras es en predios del Instituto de Colonización, y lo único que hace cuando hay demoras y extensiones en las resoluciones, es fomentar que se produzcan otras». Peor aún, ante esta flagrante ilegalidad y violación del derecho de propiedad consagrado en la Constitución, hay directores del instituto que han manifestado que se iba a contemplar la situación de los ocupantes, en lugar de condenar directamente la ilegalidad y el atropello al estado de derecho, como si este fuera un tema menor.
Por supuesto, estas actitudes de tolerancia constituyen el mensaje que querían escuchar los ocupantes ilegales, desde que interpretan —no sin razón— que este es el recurso al que deben recurrir una y otra vez, para consagrar situaciones de hecho, en las que hacen valer sus presuntos derechos por sobre los de los demás, en desmedro del interés general y del ordenamiento institucional.
Quienes así actúan, cualquiera sea la situación personal en que estén, y quienes los prohijan, no quieren tener en cuenta que existe una ley que regula la tenencia y explotación de los predios del Instituto Nacional de Colonización, y que a ella deben someterse el instituto y los colonos.
Pero sobre todo, que hay más de tres mil colonos en lista de espera, que desde hace años procuran tener acceso a tierras del instituto para poder encarar actividades productivas dentro de la normativa vigente, y que muchos de ellos son profesionales con sus familias, que se han preparado concienzudamente para poder hacer rentables sus explotaciones. Por este motivo las señales tienen que ser claras, desalojando a los usurpadores y suspendiendo definitivamente su calidad de aspirantes a colonos, dado que de tolerarse esta situación ilegal e inconstitucional, se estaría cometiendo una injusticia con quienes esperan en la lista. Y si bien es cierto que entre los ocupantes ilegales debe haber personas bien intencionadas, con aptitud y disposición para trabajar, no puede obviarse que están desafiando el ordenamiento jurídico e incursionando en actos delictivos expresamente penados por la ley, a la vez de pretender situarse por encima de aspirantes que han cumplido con las normas y exigen, con razón, que se les respete sus derechos. Y el primero que tiene que actuar es el INC, con el aval del Poder Ejecutivo, con el mensaje claro de que nadie puede estar por encima de la ley, ni tampoco «torcerla» en su beneficio, cualquiera sea el motivo que se esgrima para disfrazar la ilegalidad.