Locales | 16 Jul A poco más de un año de descubierta la maniobra que le costó aparentemente cientos de miles de dólares -en varios años- al Hospital Escuela del Litoral, continúan las investigaciones a cargo de la justicia penal y las administrativas para esclarecer el delito cometido por el ex gerente financiero contador Julio González, y los funcionarios Richad Ferrari y Celso Vico, de la sección Contaduría del hospital.
«Aún debe hacerse una pericia contable para estimar el monto», dijo a EL TELEGRAFO la abogada Cecilia Bottino, de la sección jurídica del HEL.
También confirmó que están a la espera de funcionarios «de la auditoría contable de Asse, para establecer estos términos, según está previsto en el Tocaf».
No obstante, aclaró que seguramente «no será sencillo analizar las cuentas bancarias del hospital, cheque por cheque», para saber cómo hacían la maniobra y de qué forma se utilizaban los cheques. Por ejemplo, han aparecido algunos, como uno por 106.000 pesos, que está al portador, no a la orden. Esto hace que no haya registros de quien lo cobró, ni qué destino tuvo. Aparentemente el problema se da en el llamado «fondo rotatorio», que es el más difícil de supervisar.
CAMBIO DE CARÁTULA
La investigación administrativa continúa hasta que termine la pericia contable, y luego se conocerá la sanción definitiva», dijo respecto a en qué situación están los funcionarios implicados.
Es que también depende de la carátula del expediente penal, que hoy figura como «Fraude», delito por el cual están procesados los tres funcionarios acusados de infieles. Sin embargo, esa situación procesal podría cambiar -agravándose-, ya que también se analizan los posibles cargos de falsificación de docu- mento público, tanto por los cheques emitidos como por la firma falsa de la dirección del HEL autorizando gastos que no eran reales.
Y aquí aparece otro de los temas que todavía no han sido profundizados por la justicia, pero que seguramente serán considerados en este plazo, después de la feria judicial menor. Se trata de la posible responsabilidad de los proveedores, porque según se indicó, «tres de ellos reconocieron en el juzgado que daban boletas en blanco, y hasta libretas enteras en blanco». Hasta ahora, si bien hay comerciantes y empresarios que han declarado ante la Policía y la justicia no se tomó ninguna medida legal.
HAY FISCAL DEFINITIVO
Seguramente este será uno de los trabajos que espera a la fiscalía letrada, a cargo de Pablo Rivas, quien recientemente tomara el cargo y la carpeta correspondiente. Cabe recordar que desde el año pasado el trabajo fiscal no tenía un titular definitivo, ya que lo cumplían las otras dos profesionales en la medida que les llegaba el turno.
Ahora, sin embargo, ya Rivas es el «titular» del caso del HEL, por lo que seguramente trabajará en los temas aún pendientes para presentar el caso ante la jueza Blanca Rieiro.
Paralelamente desde la oficina de sumarios del Ministerio de Salud Pública Asse está trabajando con los datos hasta ahora comprobados, y según se dijo se está analizando el pedido de destitución como funcionarios públicos para los implicados, que deberá presentarse debidamente justificado ante el Senado de la República para su aprobación, como corresponde en el caso de los empleados públicos.
Richad Ferrari y Celso Vico gozan de libertad anticipada, según la resolución de la justicia, mientras que Julio Gonzalez tiene autorización para realizar salidas transitorias, según pudo saber EL TELEGRAFO.