Opinion | 20 Jul Pese a que desde la Administración Vázquez todavía se reafirma que había «espacio fiscal» para incorporar mayor gasto en la Rendición de Cuentas, que supera los 330 millones de dólares, el gobierno debería tomar buena cuenta de las consecuencias que podría acarrear su actitud de no actuar con prudencia y ensayar medidas anticíclicas, para reducir la vulnerabilidad ante eventuales problemas en la economía mundial.
No es buena política incorporar gastos fijos basados en una mejor recaudación coyuntural, y eso es precisamente lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, con el aval de la mayoría oficialista en el Parlamento, al sancionar gastos «inflados» que afectarían seriamente la economía del país tan pronto decaiga el nivel de actividad. Ya la inflación con guarismos muy por encima de los previstos, sobre todo para los sectores de menores recursos, implica una señal de alerta que no debe ser desoída, a la luz de como viene la mano en el contexto internacional.
Por lo pronto, de acuerdo a un informe divulgado en las últimas horas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), los países emergentes y en desarrollo enfrentan presiones inflacionarias más agudas que las naciones desarrolladas, a la vez de preverse una desaceleración del crecimiento en el segundo semestre de este año.
Este impulso de la inflación se originaría en el alza de los precios de la energía y de las materias primas, lo que determinaría que las economías emergentes registren un descenso en su crecimiento a 7 por ciento entre 2008 y 2009, un punto porcentual por debajo del registro de 2007.
La advertencia del FMI se centra en los niveles de inflación para estas economías, «en las cuales los alimentos y los combustibles», dos factores que presionan sobre los precios, «ocupan un porcentaje más alto de la canasta de consumo».
Este es precisamente el caso de Uruguay, como se advierte en los índices inflacionarios que se están registrando en 2008, que si bien están en el entorno del 8 por ciento anual, son mucho más gravosos para los hogares de menores recursos, donde los gastos en alimentación, energía y vivienda afectan prácticamente el 90 por ciento de los ingresos.
Es que la actividad económica mundial se desaceleró significativamente en el primer trimestre de 2008 frente a igual período de 2007, y según el FMI hay una desaceleración importante de las economías avanzadas, particularmente Estados Unidos, pero también en los mercados emergentes.
Una visión centrada particularmente en América Latina hará más fácil evaluar cual es el panorama en Uruguay, que es llevado, debido a la pérdida de competitividad de muchos de nuestros productos, a retornar al comercio regional tras una haber logrado una sana diversificación extrazona. Precisamente la inflación desbordó las economías latinoamericanas en el último año y en el primer semestre de 2008, por el alza en los valores del petróleo y de los alimentos.
Es así que el aumento de los precios al consumo está hipotecando el crecimiento regional del próximo año y más aún, amenaza con aumentar los niveles de pobreza de la población del subcontinente.
En Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Brasil, Perú, Panamá y Venezuela los precios de los alimentos crecieron más que los demás productos, por lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) anticipó que 10 millones de personas ingresarán a la franja de la pobreza en 2008. A la vez, según indica el Banco Mundial, la crisis de los precios de los alimentos durará hasta 2015 e indexará todo el nivel de precios.
En nuestro país tenemos claros síntomas de este retroceso, ya que pese a los centenares de millones de dólares volcados por el gobierno en planes asistenciales a través del Panes y derivados, no se han abatido los niveles de indigencia y pobreza en el Uruguay, y a medida que siga creciendo la inflación, muchos otros miles de personas quedarán comprendidos en la franja.
No es criterioso asumir que Uruguay pueda escapar a esta tendencia, por cuanto estaríamos evaluando equivocadamente el problema.
Y la respuesta no está en aumentar el gasto público, como se está haciendo, sino precisamente a la inversa: la prioridad debe ser contenerlo para aflojar la presión tributaria sobre los sectores reales de la economía, de forma de lograr menores costos de producción y comercialización, lo que a la vez permitiría crear nuevos empleos y eventualmente promover medidas anticíclicas, para que la coyuntura adversa no se dé justo cuanto seamos más vulnerables.