Opinion | 15 Jul El elevado costo de los alquileres, si lo evaluamos en el contexto del ingreso promedio de los hogares uruguayos, es conjunción de una serie de factores que incluyen la regulación que surge de la ley de la oferta y la demanda, y que presenta diversidad en esta relación según el valor de las fincas.
El esquema socioeconómico del país es determinante para que el mayor déficit se presente en las unidades habitacionales para sectores de menores recursos, y de ahí que los precios de los alquileres de las viviendas de menor valor estén exacerbados respecto a la oferta de las unidades de mayor calidad de construcción y comodidad.
La reforma tributaria también ha tenido su incidencia negativa en el mercado, desde que el impuesto que se introdujo por esta vía ha sido transferido lisa y llanamente por el propietario al inquilino, como era de suponer, sobre todo porque la asimetría entre la disponibilidad y la necesidad permite este margen de transferencia de recursos.
El problema de la vivienda se soluciona con viviendas, sostiene un axioma tan viejo como el mundo, y en nuestro país venimos arrastrando desde hace décadas un agudo déficit que no ha podido superarse pese a la incorporación de leyes que han permitido integrar un fondo específico para la construcción de unidades habitacionales, al que lamentablemente se ha echado mano en más de una vez para tapar «agujeros» de Rentas Generales con la promesa de una posterior devolución para este fin específico, lo que se ha hecho a veces y en cuentagotas.
En todos los casos, el factor limitante ha sido disponer de recursos suficientes para atender sectores con una capacidad de repago muy reducida respecto al costo de la vivienda, porque además se requieren créditos a largo plazo que significan una fuerte erogación desde el vamos, pero con un período de recuperación que solo puede abordarse por el Estado en base a los fondos que puedan obtenerse por la vía de la tributación.
El cooperativismo de vivienda, por el que se han construido miles de unidades habitacionales, con un alto porcentaje en Paysandú, representa una alternativa para sectores de determinados ingresos, con el aporte de trabajo de los integrantes del núcleo familiar por el sistema de ayuda mutua, lo que abarata el precio final. Igualmente, se han registrado problemas en muchas cooperativas para la recuperación del crédito, por factores socioeconómicos pero también porque hay quienes especulan con la posibilidad de obtener beneficios adicionales para el pago y quitas respecto al compromiso inicial, lo que significa a la vez que haya menos dinero disponible para reciclar recursos en nuevos programas habitacionales.
Y pese a que se invoque al cooperativismo como expresión solidaria para acceder a la vivienda, en los hechos no son todos quienes tienen disposición para ser solidarios con quienes en el futuro van a necesitar de ese dinero para su solución habitacional, por encima de las dificultades socioeconómicas de cada hogar.
El punto es que la conjunción de estos y otros factores ha sido determinante para que el déficit habitacional subsista e incluso hasta se siga agravando, y que a la vez crezcan asentamientos marginales en torno a los centros urbanos por una problemática social muy aguda y compleja.
En este escenario, debe evaluarse como positivo el anuncio formulado en Paysandú por el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ing. Carlos Colacce, respecto a que la secretaría de Estado subsidiará la compra de casa-habitación para los asalariados de ingresos medios y que gestionan un crédito bancario para la adquisición de la unidad habitacional.
Claro que una afectación de recursos para compra de vivienda nueva o usada puede tener un efecto distorsivo sobre el mercado, y tender a elevar precios ante una oferta reducida, por lo que requiere acciones complementarias que permitan incorporar viviendas nuevas y facilitar el acceso a las existentes y que están desocupadas.
Este aspecto también fue señalado por Colacce, quien sostuvo que los «recursos fuertes» van a estar orientados a construir viviendas y regularización de asentamientos, lo que implica asumir el problema en sus reales términos.
Es que ampliar la oferta global y las posibilidades de acceso es la única respuesta valedera en este tema, por lo menos para evitar que el déficit siga creciendo.