Opinion | 23 Jul Tras idas y venidas, el Parlamento aprobó la Ley de Consorcio Exportador, un marco jurídico que apunta a facilitar que las pequeñas empresas puedan agruparse a efectos de colocar sus productos en el exterior, desde que los micro y pequeños empresarios no cuentan con infraestructura ni volumen como para encarar ese desafío en forma individual.
El senador Ruperto Long, uno de los promotores de la iniciativa, señaló a «El Observador» que la aprobación de la norma representa «el triunfo de la tenacidad», teniendo en cuenta que se trata de una idea que se ha pretendido hacer realidad desde hace décadas y que actualmente el 98 por ciento de las unidades productivas del país son micro, pequeñas y medianas empresas, a las que les resulta extremadamente difícil salir a competir al exterior.
El legislador nacionalista entiende que «estas empresas tienen dificultades de escala como para pretender introducirse en mercados importantes —o simplemente en los mercados vecinos— ya que no cuentan con un volumen de producción suficiente y no tienen la posibilidad de afrontar los costos que implica la búsqueda de negocios en el exterior y realizar estudios de mercado».
Naturalmente, ante estas dificultades, la lógica indica que las empresas en esta situación deberían asociarse y compartir costos para uniformar la producción ante las características de la demanda, para ingresar en volumen y precios acordes a los requerimientos de los mercados. Empero, uno de los principales problemas a sortear para que pudieran asociarse era la falta de forma jurídica para trabajar, lo que «ahora se soluciona», según Long, al tiempo de aclarar que «no son solidariamente responsables entre sí».
Las empresas, al amparo de esta ley, podrán juntarse para prorratear gastos de exportación, comprar insumos, vender y contratar servicios en el exterior, entre otras posibilidades. La asociación podrá concretarse mediante un contrato para la realización de actividades de comercialización de bienes o servicios en el exterior.
Incluso se prevé que la asociación no necesariamente tenga que ser de la misma rama, sino que pueden integrarse empresas de distintos sectores que tengan por ejemplo el mismo destino de ventas, y podrían asociarse las de una misma cadena productiva, para promocionarse o investigar.
Cada integrante del consorcio debe responder personalmente frente a los terceros por las obligaciones que contraigan en relación con la parte de la tarea, servicios o suministros a su cargo, sin solidaridad, salvo pacto en contrario. Los consorcios se regirán por el principio de neutralidad fiscal, lo que significa que los tributos serán proporcionales a la participación en el consorcio y que no se generan impuestos adicionales, lo que será establecido definitivamente en la reglamentación que el Poder Ejecutivo dé a esta norma.
Paralelamente, desde octubre de este año quedará habilitada la herramienta Exporta Fácil, que permite al pequeño empresario vender al exterior enviando la mercadería a través del Correo sin pasar por los trámites normales de los grandes exportadores. Entre los requisitos para utilizar este instrumento se debe tener exportaciones de por lo menos 10.000 dólares anuales. Ambas normas tienden a contemplar una serie de falencias que han sido detectadas en contactos con pequeños empresarios que tienen interés en concretar negocios con el exterior, y que se encuentran con serias dificultades prácticas a la hora de concretar negocios fuera de fronteras.
Es que incluso las grandes empresas tienen problemas de escala cuando no están integradas en alianzas estratégicas para acceder incluso a nichos de mercado, y esta dificultad se multiplica cuando el micro y pequeño empresario decide explorar la posibilidad de ampliar su radio de acción fuera de fronteras.
La ley a ser reglamentada por el Poder Ejecutivo permite abrir una cuota de moderada expectativa respecto a las posibilidades para las PYME en cuanto a su acceso a mercados del exterior, y ampliar horizontes para su desarrollo, lo que es un elemento de gran significación para nuestro tejido socioeconómico, si se tiene en cuenta que las pequeñas empresas concentran el 90 por ciento de la fuerza laboral del país.