Opinion | 24 Jul Un diputado de Maldonado está impulsando una ley que defiende a los usuarios que desean mantener su número de celular cuando cambian de compañía. El proyecto es impulsado por el diputado frenteamplista Pablo Pérez, quien antes lo presentó a la Junta Departamental de Maldonado. Según informó el diario El Correo de Punta del Este, el proyecto apunta a que los usuarios tengan la libertad de cambiar de compañía cuando no están satisfechos con el servicio, sin que el cambio de número telefónico sea una traba para hacerlo.
Según la publicación, el edil fernandino Rafael Barla explicó que muchas personas que están desconformes con su empresa declinan cambiarse de firma para no perder su número, ya que eso le traería aparejado varias complicaciones en su vida cotidiana. Por otra parte, el edil adelantó que con esta ley se estaría favoreciendo la libre competencia ya que las compañías, al no existir la traba del número, se van a esforzar por ofrecer mejores servicios y tarifas.
Al leer cosas como ésta, uno puede pensar en primera instancia que se trata de una broma del Día de los Inocentes. Pero no, es una iniciativa real que lleva el nombre de «Proyecto de Ley de Portabilidad Numérica» y contiene cinco artículos, el primero de los cuales indica que «los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán adoptar diseños de arquitectura abierta de red para permitir la interconexión e interoperabilidad de sus redes» y el segundo establece la creación en la órbita de Antel de una «Comisión Técnica de Portabilidad Numérica» que «elaborará y administrará los planes técnicos fundamentales de numeración, conmutación, señalización, transmisión, tarifación y sincronización entre otros, a los que deberán sujetarse los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, relacionados a la telefonía móvil».
Lo segundo que pasa cuando se entera uno de este tipo de noticias es preguntarse si estas podrían solucionarse en otros ámbitos, como el de la administración pública o las propias empresas de telefonía involucradas en lugar de proponer hacerlo por ley. Seguramente la existencia de la «portabilidad numérica» tendría el efecto que el diputado y el edil fernandinos señalan pero ¿realmente hace falta una ley para mantener el mismo número de teléfono si uno se cambia de empresa?
¡Un paso más y lo ponemos en la Constitución! Un país que aspira a ser eficiente y descentralizado no debería burocratizar ni judicializar ni legislar sobre aquello que es accesorio o puede resolverse en forma práctica en otros ámbitos. Eso debería formar parte también de la reforma del Estado y de la apuesta a la modernidad. Hagamos leyes para cosas que realmente requieren una ley y no perdamos el tiempo.