Opinion | 22 Jul La relación entre capital y trabajo debe tender a guardar el máximo equilibrio posible, teniendo en cuenta que estamos ante una asociación imprescindible para el buen funcionamiento de la economía y sobre todo, para que se de en los hechos una distribución equitativa de la riqueza, a la vez de compartirse derechos y responsabilidades ante la comunidad.
En los países europeos, incluso en las naciones que eran gobernadas por regímenes comunistas y que ahora se han democratizado, ha quedado atrás la lucha de clases que fue el eje del socialismo real, para pasarse a la complementación de capital y trabajo en aras del beneficio general, en un contexto en el que los conflictos de intereses, siempre presentes, deben administrarse en un ámbito de entendimiento para evitar al máximo posible los perjuicios e incluso mantener la viabilidad de la fuente laboral.
La actual administración de gobierno ha promovido la actividad sindical, con el objetivo de la recuperación del poder adquisitivo perdido por los trabajadores durante el gobierno anterior, además de corregir injusticias laborales que existían en algunos sectores y empresas.
En este contexto, a partir del año 2005 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento varios proyectos que rápidamente se convirtieron en ley, ante las mayorías regimentadas de la fuerza de gobierno, pero lamentablemente en estas iniciativas se ha dado más en la herradura que en el clavo, lo que da la pauta de una alta dosis de voluntarismo que ha pretendido desconocer la realidad, que al final siempre termina por imponerse.
Es así que además de la ley de fuero sindical, con intervención del Estado en temas de relaciones laborales, se agregó la desa-fortunada decisión de derogar el decreto que otorgaba la facultad de desocupar un centro productivo con la intervención de la Policía a pedido del empleador, y con la poca alentadora expectativa de que a través de una próxima ley la enmienda sea peor que el soneto.
Los Consejos de Salarios, convocados por este gobierno, ha creado un ámbito de negociación que ha sido utilizado por los sectores mejor organizados para obtener una serie de reivindicaciones que en muchos casos permitieron una recuperación salarial, ante el deterioro originado sobre todo durante la crisis económica que afectó al país.
Precisamente, si bien la última convocatoria ha creado expectativas en el colectivo de los trabajadores, se da la paradoja de que algunos sectores sindicales manifiestan su disconformidad con las propias pautas elaboradas por el Poder Ejecutivo. Es así que luego de que la central sindical «luchara» por la reinstalación de los consejos, ahora se niega a acatar no solo lineamientos y pautas salariales establecidas por el Poder Ejecutivo, sino que postula porcentajes de recuperación salarial lejanos a los que promueve el Poder Ejecutivo, a partir del año 2000 y en algunos casos desde 1995.
Lo que podría ser de recibo en otro contexto, aunque no de un «saque», cuando se ataca directamente la economía de las empresas. Ocurre que ninguna empresa o actividad productiva puede otorgar altos guarismos de aumentos salariales con el rótulo de «recuperación de poder adquisitivo» retroactivo a esos años, por la simple razón de que el emprendimiento corre el peligro de quedar fuera de competencia y desa-parezca.
Los sindicatos deberían tener en cuenta que solo las empresas del Estado pueden mantenerse en actividad con pérdidas acumuladas, como es el caso de las fábricas de portland de Ancap, que en los últimos años perdieron nada menos que 36 millones de dólares, sin perder un solo puesto de trabajo y con remuneraciones y beneficios que seguramente no tiene ningún trabajador de la actividad privada.
Claro, el espacio que tiene el Estado para aumentar las remuneraciones y mantener a pérdida toda esta estructura está dada porque todos los uruguayos pagamos impuestos y sobrefacturación para enjugar estos desfasajes económicos, en tanto el espacio que tienen las empresas privadas se encuentra limitado por los márgenes de sus precios de venta en términos de competencia, con el Estado como el convidado de piedra a través de una agobiante tributación y costos crecientes de producción por efectos de la inflación, la energía y los servicios públicos.
La falta de experiencia, la inmadurez y el objetivo de comenzar a redistribuir la riqueza están amenazando la estabilidad de las empresas, al crear una confrontación que se traduce en pérdidas de producción y de venta, pero también en pérdidas de salarios y de puestos de empleo para los trabajadores.
Y es hora de que desde el propio movimiento sindical, como así también del gobierno, se asuma que las partes intervinientes en las relaciones laborales no pueden ni deben seguir confrontados, y en lucha y disputa permanente. Esto es una amenaza al crecimiento, al desarrollo y bienestar de la sociedad, y se impone que trabajadores y empresarios también aporten su granito de arena a efectos de tender puentes que permitan acordar soluciones sobre la base del diálogo y respeto mutuo.