Locales | 25 Jul El intendente Julio Pintos concurrió ayer al Juzgado para declarar por la denuncia formulada por el ministerio público y fiscal en 2004 contra la IMP y la OSE sobre la descarga de la barométrica en la salida del colector en la zona de La Chapita.
Se trata de la medida preparatoria 304100/2004 promovida por la Fiscalía, y el juicio 304-15/2005 que se consustanció por «incumplimiento».
En aquel momento la intención del fiscal era detener la descarga de la barométrica que hacía la Intendencia en Ledesma y San Martín, y que se hiciera un plan de «reordenamiento» de los habitantes de la zona. A OSE se demandaba que interrumpiera el sistema de vertido de efluentes sin tratamiento y adoptara medidas que solucionaran el problema.
En esa oportunidad, también se «noticiaron» de la demanda el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Pay-cueros, Paylana y Cympay (como se denominaba antes la actual Ambev).
En este juicio, y por la parte municipal, ya declararon ante la justicia varios directores, como Mario Córdoba, Eduardo Américo y Julio da Silva, correspondiéndole ahora al jefe comunal como el representante institucional de la Intendencia de Paysandú.
Si bien -dado su cargo- Pintos podría haber contestado las interrogantes por escrito, «preferí ir personalmente», dijo el jerarca a EL TELEGRAFO. Recordó que el problema prácticamente se resuelve con el nuevo sistema de saneamiento para Paysandú.
Señaló que «relatamos al juez todo lo que hicimos con OSE buscando las soluciones, el impulso que le dimos para que se incluyera presupuestalmente, en un trabajo importante, la licitación del saneamiento ya está en marcha hace un mes, y saldrá la de la planta de tratamiento».
«También informamos al juez que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) decidió que esa zona es no habitable, y fui con parte del equipo a informarle a los vecinos que la Intendencia no piensa gestionar ni un solo proyecto de asentamiento de viviendas para esa zona, y las 120 familias que hace un año están trabajando con nuestra asistente social Ximena Nin, tienen claro que su expectativa es de relocalización», detalló Pintos.
Amplió que «el proyecto está basado en un trabajo de la Universidad de la República y apoyados por el Mides; hemos logrado los fondos para realojar 20 familias en terrenos aportados por la Intendencia de Paysandú».
Señaló que «tampoco queremos hacer un ghetto, sino que se alojarán en distintos terrenos y barrios de acuerdo a su realidad y medio de vida. Estamos trabajando en eso y estará en marcha el año que viene para las primeras 20 familias».
Pintos detalló también los trabajos sociales que se hacen con los vecinos de esa amplia zona.
Por otra parte, según amplió el abogado municipal Gonzalo Graña, «ese lugar, donde termina el colector, es el único que autorizó la OSE para la descarga de la barométrica, pese a las gestiones que hizo la Intendencia para cambiarlo». Sobre el resultado de este proceso legal, se indicó que «se soluciona con el nuevo sistema de saneamiento que se desarrollará», además de las soluciones de realojo de los vecinos.