Opinion | 28 Jul Un padre permitía que sus hijas fueran abusadas. Una madre miraba cómo su pareja castigaba a su niña. Dos adolescentes robaban y su padre ocultaba lo hurtado. En todos estos casos, los adultos fueron procesados por omisión de los deberes de patria potestad. Fueron seis en los últimos dos meses. Y todos terminaron en prisión.
Según la ley, la omisión a los deberes de la patria potestad es un delito «residual y, como todos los delitos de omisión, vago», señaló la abogada Diana González, especializada en la defensa de niños y adolescentes. Sin embargo, es una de las figuras a las que se recurre ante crímenes tan delicados como el abuso infantil o los que son cometidos por menores de edad. Por eso, se espera que la ley sea modificada para que en todo el país haya un criterio unificado. Un proyecto de ley propone especificar que el delito de omisión de la patria potestad se configure ante un trastorno en la seguridad pública como consecuencia de la acción u omisión de un menor infractor. Además, plantea aplicar a los padres penas alternativas a la prisión.
Parece que los jueces están entendiendo que los padres son responsables de sus hijos y, por ende, de sus acciones. Si no, ¿quiénes? ¿Acaso la sociedad entera debe pagar por las acciones de menores cuyos padres no pueden o no quieren ejercer su autoridad? El procesamiento de los padres por incumplimiento de la patria potestad podría llevar, además, a que muchos otros tomen conciencia de la seriedad de la cuestión. Y a que desistan de hacer delinquir a sus hijos, escudados en su inimputabilidad. En caso de que se esgrima el argumento de que algunos menores —especialmente los adolescentes— resultan incontrolables para sus padres, y por tanto se pretenda eximir a estos de responsabilidades penales por las acciones de sus hijos, entonces debe considerarse que esos menores ejercen control sobre sus propias acciones y, por ende, debería pensarse seriamente en la disminución de la edad de imputabilidad.