Nacionales | 24 Jul Mientras la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, cuestionó las denuncias del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) respecto a las demoras en la asistencia mutual como consecuencia de la instrumentación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y mencionó que tras las quejas del gremio hay fines políticos, el director de ASSE, Baltasar Aguilar, señaló que Salud Pública está asistiendo a 200.000 presonas menos.
Aguilar sostuvo que hay menos pacientes en los hospitales públicos debido a la transferencia de usuarios de ASSE hacia el sector mutual. Con relación a la mejora del servicio público, el jerarca sostuvo que se alivia la presión que se ha ejercido durante mucho tiempo, especialmente en los tiempos de espera de consulta en las puertas de emergencia.
Por su parte, Muñoz desestimó versiones que refieren una supuesta saturación de socios en las mutualistas e informó que el Ministerio realiza severos controles en los tiempos de espera de los pacientes. Agregó que desde que comenzó el 2008, la atención brindada por estos centros privados mejoró sustancialmente, ello debido a las ampliaciones estructurales realizadas y al incremento de los recursos humanos.
Sostuvo que los mismos fiscalizan los tiempos de espera con inspectores y con la colocación de calcos en los lugares donde los pacientes aguardan las consultas. Agregó que las instituciones que captaron más socios, también incrementaron su infraestructura, por lo cual en 2008 la atención brindada mejoró sustancialmente. Igualmente, reconoció que siempre hay excepciones pero que oficialmente no se han recibido quejas. Ante las supuestas versiones negativas vertidas por algunos integrantes del Sindicato Médico del Uruguay en oportunidad de su visita al Parlamento el pasado martes, Muñoz dijo: «Estamos acostumbrados a que desde el SMU existan voces disonantes».
«La gente tiene aspiraciones políticas y los reclamos tienen un encare político», agregó en referencia a integrantes del gremio médico, aunque no los mencionó. El presidente del SMU, Alfredo Toledo, dijo ante los integrantes de la comisión de Salud de Diputados que el ingreso «masivo» de usuarios a las mutualistas afecta la atención a los pacientes y la tarea de los médicos que —según señaló— están desbordados.
LEY DE ARMAS
La ministra del Interior, Daisy Tourné, abogó hoy por la creación de la Ley Nacional de Armas que «permita avanzar en convivencia democrática», dijo en el marco del seminario «Uso responsable de Armas de Fuego», que se realizó en el Edificio Libertad. Tourné realizó una exposición sobre la temática y afirmó que se está intentando colocar esta problemática en la agenda política. Actualmente se considera que corresponde a la Defensa Nacional del país. Empero, a entender de la ministra, se trata de un asunto civil. En ese sentido, sostuvo que este debate debería laudarse por ley, ya que afecta la situación interna de convivencia pacífica del país.
Agregó que es necesaria una ley porque la legislación existente está «desactualizada» y porque el arma «es un gran problema».
Sostuvo que el tráfico de armas en el mundo está entrelazado con el narcotráfico y la trata de personas y recordó también que mil personas mueren por día en el mundo por el uso irresponsable de las armas. Existen 139 millones de armas en el mundo: de esa cantidad, el 67% está en manos de civiles, el 37% en manos de ejércitos, 2,8% en manos de la policía y el 0,2% es manipulado por fuerzas insurgentes.
Los países que más armas venden son Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y China, entre otros. En América Latina y el Caribe es donde se compra la mayoría de las armas, destinando para ello U$S 700 millones al año.
En Uruguay existen aproximadamente 600 mil armas, de las cuales solo el 10% está en manos de la Policía. Las muertes, según el lugar físico, se dan en su gran mayoría (87%) en los hogares y el 13% en la vía pública. Por su tipo, los decesos accidentales significan el 29%, por homicidio el 22% y por suicidio el 49%. Cuando la causa es la violencia doméstica, casi el 70% ocurre con armas de fuego y la mayoría sucede en el domicilio de la víctima. Con estos datos relevantes, la ministra Tourné reafirmó su posición de que «portar un arma no es un derecho del ciudadano, sino que debe ser una concesión hacia aquellas personas que cumplan debidamente con ciertos requisitos». Asimismo, explicó que el civil no suele estar capacitado para manipular apropiadamente un arma en un momento de tensión, aún habiendo tomado clases de tiro. También hizo hincapié en la importancia de controlar el calibre de las armas que se venden, ya que no deberían superar al de los policías.
MAS DENUNCIAS
Los integrantes de la Comisión para la Transparencia del Proceso Aduanero ya comenzaron a recibir denuncias de presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Aduanas. «De boca, hemos recibido mil denuncias», dijo a Observa Gervasio Guillot, miembro del grupo de notables.
El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) comentó incluso que hasta un taxista le dijo: «Doctor, yo tengo cosas que contarle sobre Aduanas, porque conozco como es la joda ahí».
Desde el martes está operativo el número de teléfono 098 12 11 12, al que se podrán canalizar las denuncias y pedidos de audiencias. Precisamente este recurso de comunicación será crucial para que los notables que integran esta comisión puedan ir tamizando las denuncias y dándoles cauce a las de consideración. Al realizar la llamada es necesario dejar nombre y teléfono para que los integrantes de la comisión honoraria puedan contactarse con el denunciante. La identidad de las personas se mantendrá en reserva. Hasta el momento los integrantes del grupo —Walter Olazábal, José Pedro Montero, Julio Halti y Gervasio Guillot— mantuvieron un único encuentro de presentación formal en el Ministerio de Economía y Finanzas.
PRESIDENCIA OPINA
Presidencia publicó una nueva columna editorial en su página web titulada: «Primer año del nuevo sistema tributario». En esta columna asegura que la reforma tributaria no es «antojadiza» sino «un compromiso» asumido a partir de las elecciones de octubre de 2004.
«Compromiso de simplificar la estructura de impuestos, de racionalizar bases y alícuotas, de incorporar nuevos instrumentos sin aumentar la presión impositiva; en fin, compromiso de desarrollar una nueva cultura tributaria basada en la solidaridad vinculada a la capacidad contri- butiva. El nuevo sistema impositivo es el cumplimiento de dicho compromiso. En tal sentido la reforma tributaria, lejos de ser un acto fulminante, es un proceso que a partir de los postulados teóricos básicos que la identifican ha recorrido varias etapas: relevamiento y sistematización de antecedentes, formulación preliminar, consulta pública, elaboración del proyecto de ley, discusión del mismo en el Parlamento y reglamentación y difusión de la ley que comenzó a regir el 1º de julio de 2007. El año transcurrido desde entonces es otra etapa en ese recorrido. Y tal como anunciamos reiteradamente, el Gobierno Nacional analiza en estos días los resultados finales de los primeros doce meses para evaluar, decidir e instrumentar las correcciones necesarias y seguir adelante en esta transformación estructural y de largo plazo que es la reforma tributaria».
AUMENTO A CUENTA
Mientras las cámaras empresariales rechazaron la recomendación del director de Trabajo, Julio Baráibar, de adelantar el ajuste salarial de julio «a cuenta» de lo que se acuerde en los consejos de salarios entre setiembre y octubre, el secretario general del PIT CNT, Juan Castillo, dijo que «no cabe duda que ayudaría al empresario que se diera ahora un adelanto, primero porque contribuye mucho a generar un estado de ánimo en los trabajadores pero además, puede ser una tabla de salvavidas para el empresario».
«Me llama la atención la posición empresarial. Nosotros creemos que lo mejor es ir liquidando a cuenta de lo que se firme. Creo que es hasta mejor para el empresario, luego la retroactividad es una carga y genera problemas con el BPS», indicó Baráibar a El País. Desde la Cámara de Comercio, una fuente indicó que el Ministerio de Trabajo «debería dedicarse a arreglar el entuerto» interno con los negociadores y no aconsejar a las empresas. A juicio de la fuente, hay una «calma chicha» en la negociación salarial y dijo que algunos se preguntan si la pasividad sindical no responde a que se espera el «recambio ministerial» en Economía para modificar los lineamientos planteados y las reglas de juego. Desde la Cámara Metalúrgica, el delegado Miguel Oliveros reafirmó la posición de «no adelantar» aumentos porque perjudica a la negociación, más allá de que se deja en absoluta libertad a las empresas afiliadas.
A todo esto, los 25 negociadores del MTSS agremiados resolvieron mantenerse en conflicto y no negociar en los consejos de salarios. La Asociación de Negociadores Colectivos Agremiados (Aneca) emitió un comunicado donde se repudia la «actitud de desconocimiento de la organización sindical», los actos de «injerencia», las «actitudes claramente antisindicales» de la patronal y la «constante negativa a negociar».Reiteran los reclamos de recategorización, adecuación salarial y pagos de horas extra, y presentarán una contrapropuesta. El gobierno, en tanto, ya dispuso que 16 abogados que trabajaban en otras oficinas del MTSS pasen a los consejos de salarios.
Ya se han realizado unas 50 reuniones y Bonomi cree que ahora «queda más evidente» que «nadie es imprescindible».