Opinion | 29 Jul Uno de los grandes temas pendientes en nuestro país, que requiere acuerdos en base a políticas de largo plazo, pero que paradójicamente debe ser abordado lo antes posible, es el relacionado con nuestro sistema previsional, que está a la vez íntimamente relacionado con la evolución demográfica del Uruguay, por encima de coyunturas.
En nuestro sistema mixto, con participación de las administradoras de ahorros de fondos previsionales (AFAP) y del Banco de Previsión Social (BPS), manteniendo el principio de solidaridad intergeneracional, tenemos por un lado a sectores de determinados ingresos y edad que están ahorrando para contar con un fondo propio para ser administrado a efectos del cobro cuando pasen a retiro, y otros grupos que dependen de lo que aporten los activos de hoy para tener la seguridad de un retiro mañana.
Pero una cosa es la teoría y otra la realidad, desde que estamos en un mundo donde no hay certezas, y lo que aparece como ideal en los papeles, puede quedar desvirtuado a la hora de la instrumentación. Es el caso de las pasividades servidas por el BPS en su sistema «solidario», que está lejos de ser solidario con el trabajador que ha volcado sus aportes durante toda una vida de trabajo, y al momento de retirarse se encuentra con que lo que va a percibir está muy lejos de lo que ha recibido como ingreso durante su vida activa.
Todo pasa naturalmente por recursos, desde que a partir de la reforma de 1996 que determinó la creación de las AFAP, se apuntó a que el activo aportara para un fondo propio, al que tendrá acceso cuando se retire, y a la vez confiando su dinero a que la AFAP invierta en áreas que le generen rentabilidad adicional. En este caso, cada trabajador ahorra para sí, mientras que a través del BPS depende de lo que aporten las futuras generaciones y de las decisiones políticas que se adopten en base a los recursos de que disponga el banco y lo que esté en condiciones de volcar Rentas Generales.
En este escenario ya complejo, el gobierno se propone bajar los años de trabajo necesarios para acceder a la jubilación, pero a la vez plantea tentar a los trabajadores con que recibirán mayores haberes jubilatorios si posponen el plazo de retiro.
Según da cuenta el diario «El País», el gobierno apunta a bajar de 35 a 30 los años de trabajo exigidos y mantener el mínimo de 60 años para el retiro, aunque bajando al 45% el porcentaje de la prestación en ese caso, a efectos de contemplar las dificultades de empleo y los problemas que sufren muchos trabajadores para poder completar los 35 años de trabajo que se exigen actualmente.
La intención no puede cuestionarse, porque se trata de contemplar una diversidad de situaciones que afectan críticamente nuestro tejido social, y en este sentido se orienta la idea de que la tasa de reemplazo (el porcentaje del sueldo básico jubilatorio que corresponderá cobrar) se establece en 45%, en tanto a quienes posterguen el retiro se le irán otorgando dos puntos porcentuales adicionales por cada año trabajado.
Pero esta tesis de trabajo tropieza con una pirámide demográfica y un mercado de trabajo que plantean problemas adicionales, siempre ante el riesgo de favorecer a unos afectando legítimos derechos de otros, desde que nuestro régimen jubilatorio padece el síndrome de la sábana corta, que no da para cubrir al mismo tiempo la cabeza y los pies.
La mayor expectativa de vida significa que durante más tiempo se estarán pagando pasividades, lo que explica que se busquen incentivos para postergar el retiro, pero no debe olvidarse que a la vez cuanto más personas demoren en jubilarse, se cierran más oportunidades para que los jóvenes se integren al mercado de trabajo.
A la vez contamos con un porcentaje de población activa aportando al BPS que no llega siquiera a una relación de dos a uno respecto a los pasivos, lo que explica dificultades de recaudación para sostener el sistema, aún en períodos de recuperación económica como el que estamos atravesando, lo que deja además al sistema en extremo vulnerable para cuando se registre un descenso de actividad, como ocurre de tanto en tanto. De ahí que resulte muy difícil plasmar las buenas intenciones en el diseño de un sistema que implique justicia para los que están y para los que vienen, porque su sustentabilidad, que es el gran desafío, plantea enormes incógnitas, y debe hilarse muy fino para no que se llegue a la paradoja de que la enmienda resulte peor que el soneto, con parches de ocasión que tornen inviable el sistema en el futuro cercano.