Opinion | 01 Ago Tras varias semanas de evaluaciones, el presidente Tabaré Vázquez, junto a su ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, anunció los alcances de las modificaciones a la reforma tributaria, centrada fundamentalmente en los mínimos no imponibles para el cobro del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que apuntan a establecer un punto de partida de mayores ingresos para comenzar a descontar este impuesto, que aunque sostenga todavía el concepto de «renta» es en los hechos un gravamen a los ingresos.
Es decir que en principio el Poder Ejecutivo, al trasladar hacia arriba el punto desde el cual se establece el tributo, propicia una «renuncia fiscal», que el equipo económico estima en unos cien millones de dólares al año, y que suponemos estrecha en esa cifra el mentado «espacio fiscal» que mencionaba el gobierno como margen de maniobra en el campo impositivo.
Pero claro, siempre hay más de una biblioteca para evaluar las cosas, y más allá del tema en sí, también debe tenerse presente la oportunidad y el entorno en que se desarrollan los acontecimientos.
La incorporación del IRPF fue resistida desde el principio por numerosos actores del quehacer nacional, porque pone el acento en gravar los ingresos por trabajo, al establecer franjas que tienen en cuenta la suma salarial por concepto del multiempleo, con lo que en los hechos se introdujo un desestímulo para quienes sacrifican incluso horas de su descanso para obtener ingresos más o menos dignos.
Por lo demás, la «renta» debe establecerse sobre la diferencia entre ingresos y egresos en una familia, lo que ha sido soslayado en el tributo, salvo algunas deducciones, por lo que el concepto de la imposición ha tenido muy pocos cambios, sobre franjas y mínimas, respecto al anterior IRP (Impuesto a las Retribuciones Personales).
En términos globales, el IRPF, para la gran mayoría de los sectores, no es más gravoso que el impuesto anterior, e incluso en el caso de los salarios más bajos la tributación es menor, aunque también se le ha agregado el impuesto para financiar la reforma de la salud, lo que deriva en que la presión tributaria sobre la población no ha cedido en el período.
Pero de lo que se trata, por supuesto, es de recaudar, y como es sabido, a nadie le gusta pagar impuestos, ni aún a los que tienen recursos para hacerlo, sobre todo en Uruguay, donde se tiene le percepción —bien fundada— de que el Estado es ineficaz y no devuelve a la sociedad lo que detrae compulsivamente por esta vía. Mucho menos cuando, a la vez, el Poder Ejecutivo ha presentado una Rendición de Cuentas que contempla un aumento del gasto en base a una situación coyuntural, que incorpora compromisos que por su naturaleza tendrán carácter permanente y serán muy difíciles de afrontar tan pronto cambie el escenario internacional favorable para las materias primas que exportamos.
Igualmente, cuando se plantea un alivio para los contribuyentes, este es bien recibido, más allá de la pertinencia o no del gravamen, que siempre es objeto de discusión. Ocurre, empero, que este cambio se formuló ante una fuerte presión de la opinión pública, sobre todo de los sectores asalariados, incluido el Pit Cnt, a partir del fuerte impacto de la suma del medio aguinaldo a los ingresos de junio, que hizo crecer sustancialmente el peso del impuesto. A ello se agregó la liquidación anual para quienes tienen más de un ingreso, que en el 90 por ciento de los causos trajo aparejadas deudas fuera de la planificacion familiar con la DGI.
Este escenario llevó a una fuerte presión política dentro de la fuerza de gobierno, a la que el ministro-precandidato ha sido receptivo, y elevado los montos imponibles para perder de recaudar cien millones de dólares en el próximo año, o que podría plantearse a la inversa, ha cobrado de más a los contribuyentes desde la vigencia de la reforma tributaria. Queda planteada, con muy buen fundamento, la interrogante respecto a si la modificación tributaria, más que una decisión sopesada en base a las necesidades fiscales y el escenario socioeconómico, tiene motivaciones electorales cuando se está ingresando de lleno en la campaña electoral, y el IRPF, junto con la inflación, se presenta como el punto más controvertido y elemento de vulnerabilidad en procura de obtener el respaldo a la ciudadanía para un segundo período.
Y peor aún si se afloja la presión fiscal por motivaciones políticas, mientras al mismo tiempo se aumenta el gasto para contemplar reclamos sectoriales, en busca de rédito electoral, en tanto los expertos coinciden en señalar que la coyuntura internacional favorable no podría durar mucho tiempo más.
Al haber transcurrido ya el tiempo en que era válido adoptar políticas anticíclicas, para establecer un «colchón» de recursos que permitiera hacer frente a la época de las vacas flacas, mucho nos tememos que el próximo gobierno, del partido que sea, y por ende toda la población, va a sufrir las consecuencias de la imprevisión y de la constante de un «carnaval electoral» que, como los anteriores, también es incorporado por el presente gobierno.