Locales | 01 Ago Acciones civiles, y de corresponder, eventualmente penales, se iniciarán contra las autoridades del Hospital Escuela del Litoral Galán y Rocha de los últimos diez años, para que expliquen cómo se manejó el gasto y de qué manera se autorizaron pagos cuyos dineros fueron a parar a los bolsillos de infieles funcionarios. También deberán ser investigados los comerciantes y empresarios que aparentemente participaron en la maniobra delictiva.
Así lo informaron las actuales autoridades del nosocomio local en conferencia de prensa, y particularmente la abogada Cecilia Bottino, responsable del área jurídica, quien dijo que «habrá una acción civil contra los responsables y ordenadores del gasto». Señaló en este sentido que «se hizo una investigación desde 2005 en adelante con Carmen Soca, pero el ‘modus operandi» venía de años y administraciones anteriores». Se va a trabajar, según anunció, investigando hasta 10 años atrás, que es el plazo para poder responsabilizar legalmente a quienes hayan estado implicados por acción u omisión. «Se investigarán todas las autoridades», anunció. También se considerará el problema que se constató en cuanto a expedientes de investigaciones administrativas o sumarios que se «perdieron» en administraciones anteriores, algunas de las cuales correspondían a quienes después resultaron probadamente responsables de las irregularidades.
Al respecto, dijo que «antes también había denuncias», pero «no se investigaba o se culminaba el expediente».
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN, EMPRESARIOS
Y COMERCIANTES
Se maneja la fecha del año 2001 como base, «y la responsabilidad de la dirección no escapa desde el momento en que es el ordenador del gasto, no puede escapar. La anterior directora había sido designada por Asse con una coordinación regional; actualmente se suspendió ese nombramiento a raíz de la continuación del sumario. Por eso los procedimientos no están terminados; lo que terminó en Paysandú fue la instrucción, recoger las pruebas para imputar qué falta cometieron y quiénes fueron los responsables».
La abogada del HEL dijo también, respecto a la cifra de la estafa, que «consideramos que las cifras que dio la ministra de los 600.000 dólares son acertadas, y tomamos en consideración que hicimos la investigación desde el año 2005, cuando asumió la dirección la doctora Carmen Soca, pero la responsabilidad de las direcciones anteriores no puede quedar soslayada, por eso es que la responsabilidad es por 10 años».
Para tener una idea del dinero que se perdió, Bottino dijo que se constató una diferencia «en un mes de 70.000 dólares, con la connivencia de comerciantes y empresarios». Aseguró que «había complicidad de empresas que prestaban boletas o libretas enteras, y algunos de ellos no le vendían al hospital» normalmente.
EL CASO DE FARMACIA
La responsable del área jurídica, Cecilia Bottino, indicó que «los procedimientos disciplinarios requieren tiempo, se hace la investigación administrativa y cuando se constatan irregularidades se hace el sumario, que es el inicio del procedimiento para buscar pruebas». Especificó que «en el caso de Farmacia fue muy engorroso, y el sumario demoró seis meses».
Sin embargo, hay tres funcionarios sumariados y «las irregularidades que se cometen a través del sistema informático son un delito», detallando parte del «modus operandi».
Ahora los sumarios están en Montevideo, en la correspondiente sección de ASSE, «que puede disponer la ampliación (de la investigación) y recibir los descargos que pueden hacer por derecho los funcionarios». Por otra parte, sigue en forma paralela la investigación policial y judicial por la cual se interrogó a varios funcionarios.
La doctora Bottino señaló que tanto la Policía como el Poder Judicial «han trabajado en forma sumamente diligente y en forma conjunta».
Los problemas más graves se constataron en el depósito de Farmacia, pero Bottino aclaró que «si una pata presentaba problemas, las otras también podían; hay que investigar», por lo que la tarea aún no culminó.
Algunos de los detalles que brindaron establecen que entre los medicamentos que normalmente «no había» para los usuarios, eran inhaladores, hierro para bebés, insulina (para los diabéticos) y complementos alimenticios. «En realidad medicamentos había, y hasta se vencían», pero no los entregaban. También señaló que «hay responsables anteriores. La química encargada de farmacia está separada del cargo; como responsable principal no puede soslayarse de los problemas». Cecilia Bottino, que ingresó al área jurídica del HEL en agosto de 2005, comentó que ante el trabajo de investigación que le correspondía, algunos funcionarios le dijeron en esa época que «no te compliques, los directores pasan y nosotros quedamos».

HAY CINCO SECTORES EN LA MIRA
Salomé Wolman anunció
profundas investigaciones
La directora del HEL, doctora Salomé Wolman, dijo que «esta intervención administrativa generó muchos datos e información que ahora se trabajará en las áreas correspondientes», mientras anunció que cinco sectores del hospital serán minuciosamente investigados, y también las autoridades que lo administraron durante los últimos años.
Indicó también que «los anteriores sumarios son por coletazos de la intervención económico financiera que tuvo el hospital, por la cual se hicieron seis sumarios».
Ahora hay tres sectores investigados, que son Farmacia, Transporte y Recaudación, aunque serán investigadas en detalle las áreas de Cocina y Admisión.Todo esto ameritará también un procedimiento disciplinario sobre la ex directora Carmen Soca, aunque se aclaró que «se investiga a todas las autoridades». Lo que sucedió en Paysandú con el sector Farmacia del HEL, «fue una experiencia piloto, que determinó otras investigaciones en el país», por las cuales en varias oportunidades se consultó al interventor Fernando Rodríguez sobre detalles de los controles efectuados