Opinion | 02 Ago En tanto los policías que cumplen el servicio especial de vigilancia 222, para mejorar sus magras remuneraciones procuran que estos ingresos les sean reconocidos a los efectos jubilatorios, hay organismos del Estado que son recurrentes deudores en el pago de este servicio, lo que resulta inadmisible por provenir del mismo Estado.
En este caso se plantea el absurdo de que los policías deben tributar por este servicio, al superar el mínimo no imponible por sumarse al salario, pero a la vez están «en negro» respecto al Banco de Previsión Social, por lo que no podrán mejorar su pasividad por este concepto a la hora del retiro.
A la vez, este ingreso lo obtienen fuera del horario de trabajo, por lo que a las ocho horas de servicio regular le agregan este adicional, sacrificando horas de descanso para seguir igualmente mal pagos y sin generar causal jubilatoria por este concepto.
Encima, se les paga tarde por el propio Estado, si se tiene en cuenta que entre los organismos que tienen más atrasos figuran UTE, las intendencias municipales, OSE, Antel, Ancap y el Banco de Previsión Social, lo que da la pauta de que se está ante la paradoja de que quienes más incumplen, en cambio no vacilan en aplicar a los sufridos usuarios que se atrasan solo un día en el pago de la factura una multa que por ejemplo, en el caso de UTE, es el diez por ciento sobre el total de la factura, es decir un porcentaje que supera la inflación de todo un año.
Como dice el refrán, no hay peor cuña que la del mismo palo, y son conspicuos morosos en sus pagos entes autónomos que conceden a sus funcionarios los más grandes beneficios dentro del Estado, además de gozar de monopolios que les permiten ser ineficientes y fijar precios y tarifas a placer.