Locales | 03 Ago Por Enrique Julio Sánchez, desde Estados Unidos. Finalmente, de acuerdo a lo publicado por EL TELEGRAFO, la Intendencia retirará de circulación a los vehículos sin matrícula. Una medida que, ciertamente, desde cerca o desde tan lejos como New Jersey merece todo el apoyo. No es que no estuvieran aprobadas hace largo tiempo las normas que impiden que un vehículo no matriculado salga a la calle; pasa que en Uruguay las cosas se toman con calma, hasta cuando se trata de aplicar los decretos y las leyes.
Lo incuestionable es que la decisión es muy acertada, lo mismo que el apoyo de la Policía. Probablemente esté en la mente de los jerarcas municipales, pero hay una cuestión clave, hasta ahora no mencionada, en el retiro de vehículos sin matrícula: quién debe pagar por los gastos que genere el traslado y depósito del rodado.
Aquí, en Estados Unidos, quien paga es el infractor. Sin siquiera preguntarle si está de acuerdo o no, en todo procedimiento de este tipo el oficial de Policía llama a una autogrúa, que se lleva el vehículo y le pasa la cuenta de los gastos al dueño, quien debe pagar no solo por el traslado, sino por los días en que esté estacionado en el depósito. Esto es: no solamente se trata de retirar los vehículos sin matrícula, sino que el verdadero peso de la ley debe ser hacerles pagar a los infractores absolutamente todos los gastos. Porque no sería justo ni apropiado que el presupuesto municipal cubriera los mismos, ya que sería obligar a los contribuyentes a pagar platos rotos ajenos. Lo mismo ocurre con el período en que se mantenga en depósito el vehículo: quien debe pagar por usar ese espacio es el infractor.
No queda claro si estas son las intenciones de la Intendencia; pero ojalá que, ya que ha dado pasos firmes para hacer cumplir las normas —sin pensar en el consabido «costo político», que tanta inmovilidad provoca en el paisito—, que caigan con todo el peso sobre los infractores, que será lo mismo que salvaguardar a los ciudadanos conscientes y responsables.
Por otro lado EL TELEGRAFO publica, asimismo, la intención de la Junta Nacional de Drogas de reglamentar las sanciones a la venta de bebidas con alcohol a menores de edad. Algo, también, sumamente loable.
De nuevo el ejemplo yanki es interesante. En primer término conviene aclarar que no hay legislación que pueda impedir que los menores de edad consuman alcohol; porque, por ejemplo, en esta nación donde la venta a menores es duramente castigada, son los propios adultos quienes compran esa clase de bebidas para luego dársela a los menores. Pero lo que sí es muy interesante, es la estructura legal que se ha montado para minimizar la venta a menores. La medida más sencilla y clave es la de impedir la venta de bebidas con alcohol en los lugares donde pueden ingresar como clientes los menores de edad. Simple y muy efectivo. Para vender bebidas con alcohol en Estados Unidos se necesita tener una licencia especial, bastante más cara que para otros tipos de negocios. La prohibición de la venta es a menores de 21 años y muchos comercios establecen como norma propia que las personas de hasta 26 años deben presentar un documento de identidad que pruebe su edad.
Ergo, mientras en Uruguay la venta de bebidas con alcohol sea libre y permitida a todo comercio, resultará muy difícil impedir su comercialización a menores, pongan las normas que pongan o determinen las multas tan elevadas como deseen.
Hay que dar pasos claros y concretos. Y seguir los buenos ejemplos. En este caso, los gringos han probado exitosamente que establecer negocios que solamente puedan vender bebidas con alcohol (además de cigarillos y juegos de azar) es algo muy efectivo. Asimismo, estos comercios difícilmente están abiertos más allá de las 9 o 10 de la noche y los días festivos, como los domingos, cierran más temprano aún. Además, toda denuncia es investigada a fondo y lo que está en juego no solamente es una multa, sino la pérdida de la licencia comercial, lo que implica el inmediato cierre del negocio.
Hay demasiado en juego, para que los comerciantes del rubro pretendan vender bebidas con alcohol a menores de edad. Y, aunque siempre hay adultos insensatos que lo hacen por ellos, ciertamente el consumo es mucho más limitado entre los menores.