Opinion | 06 Ago El alto precio del petróleo, la sequía y el uso de generadores termoeléctricos por UTE han «inflado» este año la factura petrolera del país a unos 1.800 millones de dólares, 700 de los cuales correspondieron al organismo monopólico en la distribución de electricidad.
Y aunque las autoridades del ente no lo han cuantificado, la falta de estímulo a la incorporación de generación por energía alternativa que durante años fue característica del organismo, y la resistencia a la puesta en vigencia de la Ley de Marco Regulatorio, le ha hecho perder al país cientos de millones de dólares, como ha quedado de relieve en esta coyuntura, en que se ha duplicado la factura de UTE por la necesidad de generar con petróleo.
Sería injusto cargar las tintas exclusivamente sobre el actual gobierno, desde que la burocracia de UTE y de los organismos del Estado en general han sido una constante, al punto de solo considerar sus propios intereses —sobre todo de sus funcionarios y jerarquías— antes que los del país, aunque deberían por lógica basar sus decisiones en las políticas que surjan del gobierno de turno a falta de políticas de Estado.
Lo cierto es que si UTE hubiera hecho lo que tenía que hacer, hoy se estaría evitando que salieran del país cientos de millones de dólares, que podrían haberse volcado a la compra de energía eléctrica de origen nacional, en base a energéticos renovables, como la biomasa, la energía solar o la eólica, así como eventuales represas hidroeléctricas de menor tamaño.
En cambio, no tuvo mejor idea que dejar a la mitad de las empresas oferentes fuera de la licitación convocada hace casi dos años para comprar electricidad, por la diferencia de unos pocos dólares en el precio que impuso para el megavatio - hora, que ahora importa a un costo mucho mayor.
Cuando la crisis energética ya está instalada, se hace un segundo llamado por los modestos 24 megavatios que quedaron de la anterior licitación, por lo que en realidad el aporte que pueda lograrse en el futuro inmediato es muy menor y prácticamente irrelevante. Es decir que se están requiriendo políticas agresivas para revertir este panorama, para que UTE pueda comprar energía a privados a los que realmente se les estimule a invertir, en vez de destratarlos como hizo el organismo a través de una licitación que pareció apuntar a llenar algún formulario más que a responder a las necesidades del país.
Y si bien la biomasa es una alternativa de alta disponibilidad, sobre todo en las áreas forestales del Norte del río Negro, y ya hay proyectos en marcha para el uso de la cáscara del arroz, hay regiones de nuestro país donde la frecuencia e intensidad de los vientos harían viable la instalación de parques de aerogeneradores, como los muy utilizados en Estados Unidos y Europa.
De costos relativamente altos en la inversión inicial, tienen en cambio bajo costo de mantenimiento y operación, por lo que es explicable —y positivo— que el gobierno esté preparando un megaproyecto para instalar 250 megavatios de potencia de energía eólica, en cinco años y con la inversión de privados, en una inversión estimada en 425 millones de dólares.
Las previsiones gubernamentales apuntan a instalación unos 50 megavatios por año -la mitad del crecimiento promedio anual del consumo de energía en todo el país-, apuntando a que la empresa encargada de llevar adelante el proyecto sea seleccionada antes de que termine este año y construir el primer parque eólico en 2010.
El contrato se extenderá por veinte años, en tanto se está trabajando en mediciones sobre intensidad y frecuencia de vientos en zonas del país como Rocha, San José, Colonia, Rivera y la costa del Río de la Plata, que son los lugares que en principio presentan las mejores condiciones para lograr la máxima rentabilidad de la inversión.
En las energías alternativas no hay proyectos excluyentes, sino que contrariamente a lo que se ha hecho hasta ahora en Uruguay, donde han primado las chacras de poder de organismos del Estado como UTE, se trata de sumar para reducir dependencias y costos, para que la factura petrolera no nos ahorque, reciclar recursos dentro de fronteras y lograr que no nos condicionen desde afuera, como ahora.