Opinion | 03 Ago El director de Energía del Ministerio de Industria, Ramón Méndez, desmintió tajantemente la información publicada días atrás sobre los planes del gobierno de brindar apoyo económico a las personas que se «cuelgan del tendido eléctrico» para que dejen de hacerlo.
Agregó que hay gente que se «cuelga» del tendido eléctrico porque no tiene otra opción y hay gente que lo hace porque quiere. «Es un tema que estamos trabajando intensamente, porque se relaciona con las dificultades que hay en nuestra sociedad, al igual que hay en todas las sociedades del mundo, de que hay gente que tiene serias dificultades para acceder a una canasta energética básica. Entonces, la preocupación de que la gente no se cuelgue está relacionada con la preocupación de que todo uruguayo pueda tener garantizada una canasta energética básica», afirmó Méndez.
Añadió que aproximadamente el 5% de la población accede a la energía eléctrica sin pagar por el servicio, cifra que, según su opinión, no afecta de manera significativa y no perjudica al resto de la población.
La verdad es que si el director de Energía quiso aclarar la situación, con estas declaraciones no logró hacerlo. Cuando un ciudadano —cualquiera sea su condición económica— se «cuelga» de una línea eléctrica incurre en un delito, está robando lo que otros pagan.
En un país, como el nuestro, donde el suministro eléctrico está monopolizado, «colgarse» de la red de suministro implica ni más ni menos que estar estafando al Estado y también una burla al resto de la sociedad que paga por ese servicio, incluyendo a miles de familias que cada mes hace un esfuerzo muy grande para mantenerse al día en el pago.
Son infelices las palabras del director nacional de Energía cuando dice que el hecho de que el 5% de la población acceda a la electricidad sin pagar por el servicio —robando energía— no afecta de manera significativa y no perjudica al resto de la población.
Se equivoca, perjudica y perjudica también que se interprete que las autoridades dicen que no pasa nada cuando estamos ante una situación grave por más que los números de UTE no queden en rojo por ello.
Hay situaciones que pueden tener un costo económico ínfimo y hasta soportable pero dan una señal deplorable. Si el Estado uruguayo está verdaderamente interesado en que todos tengamos luz eléctrica y no hacer la vista gorda al delito, debe procurar que no haya pobres sin trabajo. De lo contrario, lo único que haremos es fomentar «avivados».