Nacionales | 07 Ago Nuevos datos divulgados ayer en «Teledoce» por el responsable de la consultora «Cifra», Luis Eduardo González, señalan que de celebrarse hoy las internas del Partido Nacional, el ex presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, obtendría el 47 por ciento de los votos, aventajando levemente a Jorge Larrañaga, quien recogería el 45 por ciento de las adhesiones. El estudio de «Cifra» marca una polarización en las preferencias de los nacionalistas, ya que el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, se quedaría con solo el 6 por ciento de los sufragios.
«Esto significa que es menor la diferencia que el margen de error de la encuesta. Por lo tanto, en sentido estricto, sí, es cierto, el doctor Lacalle está dos puntos arriba, pero lo único que podemos decir es que la interna del Partido Nacional está polarizada», opinó González.
Asimismo, «Cifra» divulgó los resultados de una encuesta similar efectuada entre los posibles votantes en la interna del Partido Colorado, donde se detecta una situación diametralmente opuesta, ya que el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, acapara el 67 por ciento de las adhesiones, dejando en segundo lugar a José Amorín Batlle, quien obtendría el 12 por ciento.
«La ventaja no sabemos si es tan grande como se indica allí (en la gráfica), porque el margen de error es mucho mayor en el caso de la interna colorada, porque hay menos votantes», dijo González, quien además atribuyó en parte esta ventaja a que el ex titular de Turismo representa a «la renovación» partidaria.
planteo venezolano
Miembros venezolanos en el Parlamento del Mercosur pedirán a ese organismo que se sancione a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de ese cuerpo -la diputada uruguaya Adriana Peña- por viajar a Caracas a indagar sobre la inhabilitación de candidatos a las elecciones regionales de noviembre.
«No sólo es una extralimitación sino una clara intromisión en los asuntos internos del país, contradiciendo los principios y propósitos del Mercosur», dijo ayer el representante venezolano ante el Parlamento del Mercosur, Saúl Ortega.
La diputada nacionalista Adriana Peña, titular de la comisión de DDHH del legislativo del Mercosur, llegó a Caracas en la víspera para analizar las denuncias sobre las inhabilitaciones administrativas a políticos para postularse en los comicios regionales.
«Venimos a escuchar a las partes, sin preconceptos, y aspiramos a reunirnos tanto con los denunciantes como con los denunciados», dijo Peña.
Ortega, miembro del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), aseguró que la diputada uruguaya «faltó al decoro en el ejercicio de sus funciones» porque no solicitó permiso a Venezuela para este viaje.
La Contraloría venezolana, órgano que vela por las finanzas públicas, impulsó sanciones a más de 200 políticos por mal manejo de fondos públicos, lo cual les impide ser candidatos en los comicios regionales y municipales del 23 de noviembre próximo.
En la lista de inhabilitados figuran varios dirigentes opositores con opciones de triunfo electoral, como el alcalde del capitalino municipio Chacao, Leopoldo López, quien denunció su situación ante la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur.
Proyecto prohíbe
la eutanasia
Un proyecto de ley que prohíbe explícitamente la eutanasia y establece una serie de derechos a pacientes terminales como el de evitar prolongar artificialmente la vida cuando no existan expectativas, fue enviado ayer al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La normativa, aprobada la noche del martes en el Senado con los votos de todos los partidos, consagra el derecho de todo paciente a «morir con dignidad», de forma «natural, en paz y sin dolor» evitando «anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con este fin o prolongar artificialmente la vida cuando no existan razonables expectativas de mejoría».
La senadora oficialista y cardióloga, Mónica Xavier, dijo que la iniciativa «reviste importancia en el contexto de la reforma sanitaria, al dejar en claro las responsabilidades de los equipos de salud y coadyuvar al trato digno de los usuarios».
A los derechos de acceder a la historia clínica y a ser informados en todos los casos, se suma el de morir con dignidad, «que implica tratamientos paliativos y medidas de apoyo emocional», entre otros conceptos, indicó Xavier. Asimismo prohíbe la «muerte asistida», que hasta la fecha no contaba con legislación expresa en el país y evita el «encarnizamiento terapéutico» que conlleva a «persistir más allá de los plazos donde exista evidencia científica de que pueda existir un beneficio», subrayó la legisladora.
No obstante, los casos que presenten un daño irreversible continuarán habilitados al mantenimiento artificial de los signos vitales, con fines exclusivos de donación y trasplante.
Batlle no se retractó
El ex presidente de la República, Jorge Batlle, no se retractó de sus declaraciones sobre el funcionamiento de la DGI y dijo que no efectuó la denuncia durante su mandato porque no estaba en conocimiento de los hechos. Balle había dicho en un programa de televisión que dentro del organismo recaudador funciona un sistema de «contribuciones» similar al que existe en Aduanas y que permite agilizar los trámites. En una conferencia llevada a cabo en la sede del Partido Colorado el ex mandatario no se retractó y deberá comparecer ante la Comisión de Hacienda de Diputados.
«Si hubiera tenido conocimiento de los hechos delictivos que violan leyes o reglamentos por parte de personas que estuvieran relacionadas con la administración de esa Dirección General o cualquier otro lugar de la administración pública, ya sea en el área del Ministerio de Economía o en cualquier otro lugar, si hubiera tenido conocimiento y probanzas necesarias para poder actuar, lo hubiera hecho como lo he hecho siempre, y lo hubiera hecho ante quien corresponde por Derecho, que es el fiscal de Corte del Uruguay», afirmó Batlle durante una conferencia en la que no respondió preguntas.
Respecto a sus declaraciones públicas, manifestó que las hizo «en función de la libertad de opinión que aún existe en este país».
Ante estas declaraciones, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados decidió convocar a Batlle para que explique sus apreciaciones. El oficialista Eduardo Brenta dijo a «El Espectador» que los dichos de Batlle causaron sorpresa y ratificó la intención del gobierno de investigar situaciones irregulares.
«Hemos llevado adelante investigaciones en el Parlamento, a iniciativa de la propia bancada de gobierno, respecto a situaciones acontecidas precisamente en la gestión del doctor Batlle», dijo Brenta y manifestó su sorpresa por los dichos del ex mandatario quien, según su opinión, «debió realizar las denuncias correspondientes en caso de tener los elementos de prueba o los elementos suficientes para ameritar una investigación».
Tourné acudió a Diputados
La ministra del Interior, Daisy Tourné, acudió ayer a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados para confirmar la implementación de operativos de saturación y rastrillaje para combatir la delincuencia. La secretaria de Estado compareció sorpresivamente en el Parlamento y volvió a lanzar críticas a los líderes de la oposición por sus apreciaciones respecto a la inseguridad, pero al abandonar el edificio declinó efectuar declaraciones a la prensa.
Según fuentes políticas consultadas por «El Espectador», Tourné admitió que aumentaron las rapiñas, y en claro rechazo a las críticas vertidas desde la oposición, reclamó un debate profundo sobre seguridad ciudadana. No obstante, evitó debatir respecto a los dos proyectos presentados por Unidad Nacional, referidos a una baja de la imputabilidad y a penar los crímenes de policías y guardias de seguridad con sentencias especialmente agravadas.
El diputado nacionalista Gustavo Borsari explicó al referido medio los alcances de estas iniciativas.
Se trata de «la creación de un instituto especial para tratar a aquellas personas de 16 a 18 años que hayan cometido delitos gravísimos, como por ejemplo homicidio, violación o secuestro. Es la creación de un establecimiento especial con médicos, psicólogos, psiquiatras, a efectos de tratar de recuperar al joven, y no que se lo someta a la esclavitud de un establecimiento que nunca va a recuperar a la persona», precisó Borsari.