Técnicos de comuna participaron en seminario

Locales | 11 Ago Un equipo de técnicos de la Intendencia de Paysandú participó en el seminario taller «Desafíos y oportunidades de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible para los gobiernos departamentales». El objetivo fue familiarizarse con la aplicación de la nueva ley, así como las herramientas normativas que crea.
La arquitecta Andrea Ostuni, directora de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Urbano de la comuna, el arquitecto Juan Ferrer, director de la Unidad de Diseño, la abogada y escribana Carolina Da Silva, integrante de Asesoría Letrada, el ingeniero agrimensor Federico Pollini, encargado de Planeamiento Urbano, y la ingeniera agrónoma Natalia Teyza, gestora del Plan de Quebracho y su zona de influencia, participaron en el seminario taller en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
«Con la concurrencia de casi todos los gobiernos departamentales, el objetivo es centrar en el tema de la ley de ordenamiento territorial y ver cómo les está afectando la ley a los instrumentos que actualmente tenemos», informó a EL TELEGRAFO la arquitecta Ostuni, quien brindó una ponencia sobre el proceso de elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial en Paysandú a la luz de la ley 18.308, promulgada en junio.
La ingeniera agrónoma Teyza señaló que en el seminario «hubo oportunidad de intercambiar ideas, comentarios, experiencias con todos los departamentos, y paralelamente con directores de Ordenamiento, de Planeamiento y Presupuesto. A todos nos quedó claro la importancia de los equipos multidisciplinarios para implementar la ley».
DERECHO AL TERRITORIO
Ostuni señaló que la regulación del territorio no es novedad, y ordenar y estructurar ha permitido tener reglas claras y explícitas, prever situaciones y tener control de cómo se interviene. Contrariamente, la falta de reglas claras ha permitido y fomentado la ocupación del suelo de forma desordenada y no sustentable.
La doctora Da Silva destacó que «esta ley permite a cada uno de los habitantes del departamento poder ejercer su derecho al territorio. Es algo de lo que hoy no somos conscientes como habitantes del departamento, de que tenemos un territorio que lo podemos explotar de la mejor forma, que cada zona tiene sus potencialidades y que cada uno de nosotros puede ejercer ese derecho. La ley prevé hipótesis y formas de que cualquier habitante, tanto en zona rural como en zona urbana, lo puede hacer».
Indicó que es una ley amplia y extensa que introduce temas importantes, como por ejemplo, el derecho de propiedad. «Lo modifica, por ejemplo, creando lo que es el derecho de superficie. En realidad ya existía, pero esta ley lo consagra nítidamente», dijo.
PRESCRIPCIÓN EN CINCO AÑOS
La ley también establece la prescripción adquisitiva de inmuebles en cinco años. «Pero a no alarmarse. No es que cualquiera pueda prescribir en cinco años, sino para casos muy puntuales, que reúnan una serie de requisitos que establece la ley», explicó la abogada.
Ostuni acotó que este es un artículo importante porque hace llegar al mercado formal las tierras que están de manera informal. «Ese artículo que habla de la prescripción en cinco años no es que va a afectar a todo el mundo, es al que no cuida su propiedad, que la deja, la abandona. Cuando se ocupa, puede prescribir a los cinco años. Pero al resto de la gente que cuida su propiedad, la controla, no le va a pasar nunca eso», aclaró.
En el caso de las áreas rurales de Montevideo, propietarios han permitido la ocupación de sus terrenos para, luego de formados asentamientos irregulares, sean regularizados a través de la compra por el gobierno, debiendo pagar por ellos ya como suelos urbanos. «La ley lo que quiere es solo eso: no dejar que la gente se deje invadir los terrenos para que después el Estado nacional, a través del PIAI, tenga que regularizar. Se arma un mercado informal que la ley pretende erradicar», dijo Ostuni.
REDISTRIBUCIÓN
Y PLANIFICACIÓN
El artículo 5 de la ley expone los motivos y principios rectores a través de los cuales se estructurará el ordenamiento, y le otorga mayor poder a los gobiernos departamentales en la conciliación de desarrollo económico con sustentabilidad ambiental, el acceso igualitario de todos los habitantes a una mejor calidad de vida y acceso a servicios públicos.
Ostuni resaltó como innovador el establecimiento de principios de la redistribución de cargas y beneficios en forma solidaria con el proceso urbanizador y la recuperación de mayores valores inmobiliarios, fruto del ordenamiento territorial. Es decir que el gobierno departamental obtendría recursos por el cambio de calificación de un suelo -de rural a urbano- o por aumentar la capacidad de construir en un suelo, entre otros.
Las profesionales apuestan a cambiar la mentalidad hacia la planificación, regulación y control de estas cuestiones. En cuanto a control, la ley establece en los artículos 68 y siguientes la policía territorial, que tendrá que controlar, por ejemplo, la no invasión de retiros u ocupación de determinadas áreas. También se establecen sanciones y estímulos para el cumplimiento de la normativa.
«Esta ley hace que prevalezca el interés general sobre lo privado. Si la ordenanza dice: aquí no fábrica o aquí no aserradero porque afecta los vecinos, es aquí no. Un buen gobierno cuida al resto de los vecinos, porque éstos son muchos más que los de la fábrica. La policía territorial, para ser eficiente, debe llegar en el momento que se va a implantar, porque después que se implantó tiene un problema», explicó Ostuni.
Da Silva añadió: «Hay que destacar que cuando decimos que en el espíritu de esta ley está priorizar el interés general sobre el interés particular, y en especial sobre el derecho de propiedad, no hay que asustarse porque justamente esta ley toma principios constitucionales, en donde sopesa los distintos intereses pero de ninguna manera viola el derecho de propiedad».
Además la ley pasa la jurisdicción de todo el departamento a la Intendencia. Es decir, que para construir emprendimientos -que no sean vivienda rural- se deberá obtener permiso municipal. Ostuni señaló que esta ley da mayor poder al gobierno departamental para decidir sobre su propio territorio, aunque admitió que no será fácil aplicarla.