GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Locales | 11 Ago Si bien «el río suena» es probable que finalmente no «traiga mucha agua» en cuanto a las presuntas irregularidades en el cobro de gastos de representación que se liquidan a las 31 bancas que conforman la Junta Departamental. Se trata al día de hoy de 5.700 pesos mensuales hasta los cuales pueden justificar gastos generados por el edilato el titular y tres suplentes de cada una de ellas, régimen implantado en el año 2006 por la resolución 142/06 aprobada con la sola excepción del voto negativo -de los presentes en la sala en ese momento- del edil de la lista 8, Partido Nacional, Rubens Francolino.
La Comisión Investigadora de cinco miembros: Luis Lopardo (quien se encuentra afectado en su salud y es suplantado por Luis Santos), Julio Etcheverry y Walter Duarte por el FA, Nicolás Olivera por el PN y Nilda Belvisi por el PC, ya terminó su trabajo de campo y discute ahora la posibilidad de un consenso -bastante remoto en estos momentos- para presentar un único informe al plenario. Es más, es prácticamente un hecho que se presenten tres informes por cada una de las bancadas del plenario. Sin embargo habría una coincidencia en cuanto a que las irregularidades, desprolijidades o abusos -porque la calificación varía según la bancada- no configuran delito por el cual haya que dar intervención a la Justicia. De ahí nuestra certidumbre de que si bien se ha hablado mucho del tema, las consecuencias que pueden esperarse seguramente serán relativas y circunscriptas a lo meramente administrativo dentro del ámbito del deliberativo departamental.
Todos los ediles
Un aspecto básico del funcionamiento de esta investigadora es que revisó la situación de cada uno de los ediles que presentan boletas para cobrar gastos de representación. Es decir que, como primera cosa, no hubo un grupo predeterminado de ediles investigados a pesar de que en la primera información sobre presuntas irregularidades que fuera brindada a sus lectores por EL TELEGRAFO se señalaba particularmente a cuatro integrantes del MPP, Frente Amplio. El presidente en Paysandú de dicho sector político en el gobierno sindicó entre ellos al propio ex presidente de la Junta Departamental, Walter Caraballo, quien estaba en ese momento en ejercicio de la presidencia por segundo año en este período quinquenal. Cierto es que esos cuatro ediles presentaron renuncia al cargo, pero sin admitir que lo hacían por las presuntas irregularidades sino que, simplemente, adujeron «razones particulares».
Asimismo, en el curso de la investigación administrativa que consistió en revisar las boletas presentadas, surgieron otros casos tanto en la bancada del FA como en la del PN -en realidad donde estaría la mayor parte de las presuntas irregularidades- pero no así en la banca del PC, que no presentaría inconveniente de tipo alguno.
Obviamente que esto se señala en los corrillos, porque existe una reserva mandatada por el Reglamento Interno que los ediles integrantes de comisión o no, deben respetar. Pese a ello puede afirmarse, dado que esto sí lo pueden hacer e incluso ha sido señalado especialmente en reciente nota realizada por nuestro medio a la presidenta Silvia Fernández, la comisión ha trabajado mucho y en un campo farragoso, porque ninguno de los ediles integrantes es profesional o técnico en cuestiones de contabilidad.
Asimismo, se habría dado una incongruencia: el FA, que «abrió el fuego» con su investigación interna, no aportó los elementos reunidos -lo que hubiera agilizado mucho la tarea- a la Investigadora, que partió de cero en la revisión total de boletas.
Lo que desea cada uno
En mérito a que los lectores desean saber qué puede pasar, EL TELEGRAFO puede asegurar que pese a aquella coincidencia general, hay tres posiciones que encierran disparidades: el FA entiende que se deberían dar generalidades sobre el tema en cuestión, lo que de ser finalmente así, marcaría una contradicción, ya que lo manifestado públicamente (por el MPP) es que se procedería con toda transparencia al adjudicar las responsabilidades del caso. El PN, como primera minoría y varios de sus ediles con boletas «complicadas», como por ejemplo el caso de uno de ellos -que no reside en Paysandú- que habría presentado pasajes de ómnibus de ida y vuelta entre Montevideo y Bergara, Canelones, precisamente en días en que había sesiones de la Junta de Paysandú o gastos de combustible, estaría dividido en el parecer de su bancada: unos entienden que hay que mantener reserva sobre los nombres de ediles que han cometido «desprolijidades» en el cobro de los gastos de representación y otros, al contrario, que deberían darse a conocer.
El Partido Colorado, que habría mantenido una postura muy firme frente a sugerencias de las bancadas mayoritarias, entiende que se debe dar a conocer todo el cuadro de situación recabado por la Investigadora, pero no los nombres de los involucrados porque hasta se podría exponer legalmente a probables juicios contra la Junta. El pretendido anonimato pasaría -además de la incongruencia política que ello significara- por el factor humano, ya que existen casos de ediles con boletas que -en realidad y por carencias económicas personales- les fueron facilitadas por comerciantes a los cuales compraron comestibles para la alimentación diaria. Es más, en contados casos sería el único ingreso efectivo del edil que cobra esos gastos de representación. Debe tenerse en cuenta que -como lo recordó la presidenta Fernández- el edil primero tiene que solventar el gasto en función del edilato y luego reclamar su pago mediante las boletas correspon- dientes; no se entrega a priori ese dinero en mano. Tampoco es acumulable lo que no se reclamó (hasta 5.700 pesos) en un mes para el inmediato siguiente.