Opinion | 12 Ago El alto nivel de informalismo en nuestra economía, muy propio de la idiosincrasia latina, es uno de los parámetros más difíciles de calcular por su propia naturaleza ilegal, pero sin dudas estamos ante un factor distorsionante, con amplia repercusión en el aspecto social y con proyecciones que conllevan dosis de consecuencias negativas en todos los órdenes.
Además, es desencadenante de un círculo vicioso que erosiona la sustentabilidad de las empresas, afecta la recaudación del Estado y por ende también crea condiciones de inestabilidad e injusticia, manifestándose en personas de escasos recursos que traen artículos de la vecina orilla para subsistir y en empresarios que utilizan una contabilidad total o parcialmente en «negro» para evadir y mejorar su ecuación económica.
Generalmente el informalismo y la evasión son considerados por amplios sectores de la población como una manifestación más de la «viveza criolla», cuando en la práctica se trata de meter la mano en los bolsillos a todos quienes desarrollan actividades dentro de la legalidad y cumplen sus obligaciones.
Precisamente en nuestro ordenamiento legal e institucional quien evade está trasladando sus responsabilidades a quienes cumplen en tiempo y forma con sus compromisos, lo que en los hechos implica una doble carga impositiva y en aportes sociales para quienes respetan las normas al tener que hacerse cargo de mantener funcionando el sistema.
Lamentablemente, instalado el informalismo en amplios sectores de la actividad empresarial y de la sociedad, ha creado una distorsión degenerativa, porque quien aporta ve recargada la presión impositiva como consecuencia de los recursos que el Estado deja de percibir por la evasión. Así, ante el alto costo de mantenerse dentro de la actividad formal, se alienta que sea buen negocio evadir. El gran responsable de esta incongruencia es el Estado, cuando no cumple con sus obligaciones a través de los organismos competentes en la materia, y no puede extrañar que el ciudadano se sienta estafado cuando siente que es perseguido por los organismos de control por estar en la legalidad mientras a diario constata que quienes siguen desem- peñándose en el área informal continúan sin cumplir con sus obligaciones sin que nadie los moleste.
Debe evaluarse positivamente, ante esta situación que se arrastra desde hace mucho, que una comisión integrada por delegados de entidades empresariales, sindicales y de consumidores, haya propuesto incrementar la fiscalización en algunos sectores, aliviar la carga tributaria sobre las firmas de pequeño porte y establecer un mecanismo de retención de impuestos que gravan la primera venta de artículos de consumo masivo, con el fin de abatir aproximadamente a la mitad los niveles de informalismo en un plazo estimado de cinco años, según da cuenta el semanario «Búsqueda».
La denominada Comisión de Informalidad e Inclusión Social actuó en el ámbito del Consejo de Economía Nacional (CEN), que es un órgano creado con fines consultivos y en el que tienen participación organizaciones sociales y de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
De acuerdo a un documento que remitiera esta comisión al gobierno, al menos el 40% del Producto Bruto Interno (PBI) del país «se origina en el sector informal y fuera de la legislación tributaria y laboral». Y frente al problema de la informalidad asociada al contrabando y la evasión, en el documento se sugiere atacar las cadenas de distribución, como medio «más sencillo que fiscalizar los puestos de ventas», en tanto también da cuenta de dificultades para el pago de impuestos en sectores de baja productividad, como los trabajadores por cuenta propia y los microempresarios.
La cifra del 40% de evasión sobre el PBI es un dato que revela el grado de distorsión a que están siendo sometidos la economía y el tejido socioeconómico del país, implica una distribución injusta del peso tributario y sobre todo amplifica el mensaje de que prácticamente «todos evaden» y que quien es atrapado en infracción se sienta injustamente sancionado en un medio en el que la constante es actuar al margen de las normas. De ahí la necesidad de que no haya medias tintas en los controles, con lo que el Estado podría disminuir la presión tributaria, al tener una mayor base contributiva, e inaugurar un círculo virtuoso en reemplazo del esquema irracional y degenerativo en el que estamos.