SE APLICARÍA EN NOVIEMBRE

Locales | 12 Ago La Cámara de Representantes votaría entre hoy y mañana la ley sobre seguro obligatorio para los vehículos que circulen en el territorio nacional, un tema pendiente desde hace meses, y que se postergó fundamentalmente debido al análisis de qué hacer con las motos de baja cilindrada.
El cuarto punto del orden del día previsto para hoy en la cámara baja establece que se trataría «Responsabilidad civil por daños corporales causados a terceros por determinados vehículos de circulación terrestre y maquinarias (Establecimiento de un seguro obligatorio - Modificaciones de la Cámara de Senadores)».
No obstante, es sabido que no siempre se cumple el orden previsto ni se discuten todos los temas que se esperan, por lo que solo es presumible que se trate.
El proyecto de ley, ya aprobado por el Senado de la República, es el mismo que es debatido desde la aprobación de la Ley 18.191 «Tránsito y seguridad vial en el territorio nacional». A fines del pasado año, el parlamento aprobó esta ley, que en su artículo 44 establece genéricamente que «Todo vehículo automotor y los acoplados remolcados por el mismo que circulen por las vías de tránsito deberán ser objeto de un contrato de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con la cobertura que determine la ley, que lo declarará obligatorio».
FINALMENTE, ACUERDO
Según dijo a EL TELEGRAFO el diputado frenteamplista Juan José Domínguez, finalmente se llegó a un acuerdo entre los legisladores, los intendentes -sobre todo los ocho del Frente Amplio- y el Banco de Seguros del Estado. Las diferencias estaban dadas en, por una parte, el costo del seguro y el tipo de cobertura, y por otro en si las motos «chicas» debían o no pagar el seguro, algo que los intendentes encontraban por lo menos difícil de concretar por varias razones, entre ellas la fiscalización.
Después de una reunión «plenaria» de legisladores oficialistas con los intendentes del FA y representantes del BSE que se realizó en la sede del Congreso de Intendentes en Montevideo, se formó una comisión especial integrada por dos diputados, dos intendentes y dos funcionarios del Banco, para estudiar en detalle las posibilidades que había técnicamente de solucionar el tema. El proyecto que sería aprobado en Diputados establece que todo vehículo deberá tener un seguro obligatorio contra terceros, esto es, que si hay un siniestro de tránsito, quien se pruebe responsable deberá hacerse cargo de los gastos que ocasione la reparación, sea por daños a la persona -heridas o fallecimiento- o al vehículo.
Sin embargo en principio, y aparentemente por entre dos y tres años, deberán pagar el seguro todos los autos, camionetas y camiones y las motos, pero con más de 70 centímetros cúbicos de cilindrada. Esto dejaría afuera de la obligatoriedad a todas las motos y ciclomotores menores a esa cilindrada. Sin embargo, dijo Domínguez que se estudia que de todas maneras haya un fondo especial que cubra los accidentes en que puedan participar ese tipo de vehículos, aunque no especificó la forma en que se haría.
El costo del seguro -para los que deban pagar- rondaría los $ 1.000 para las motos y los $ 2.000 para los autos y camionetas, aunque puede haber variantes según el año, el modelo y la potencialidad de que pueda participar en un siniestro. También la cobertura será de un monto menor: entre 12.000 y 18.000 dólares, aunque en el proyecto de ley se habla de Unidades Indexadas.
Si bien para los autos y camionetas no se plantearon mayores problemas en el ámbito legislativo, sí lo hubo en en el caso de las motos, cuyo número en los últimos años se ha multiplicado en todo el país, pero fundamentalmente en el Interior. Esto hizo pensar varias veces a los intendentes sobre cómo cobrarían la tasa del seguro, ya que en muchos municipios están exentos de pago -o pagan muy poco- los ciclomotores de 50 cc.
Paysandú tiene algo más de 35.000 motocicletas empadronadas. En 2006 se empadronaron más de 4.000, y en 2007 unas 5.000. En 2008 la cifra sigue aumentando.
Quien cobra y quien supervisa es uno de los aspectos más discutidos en la ley, pero habría consenso en cuanto a que sea la Policía la que deba constatar la existencia del seguro obligatorio. Eso también obligaría a que en todas las jefaturas hubiera una brigada de tránsito, cosa que no sucede hoy.
El decreto reglamentario se redactaría en unos noventa días, por lo que la vigencia de la obligatoriedad del seguro no sería aplicable antes de noviembre, estimó Domínguez.