Opinion | 13 Ago Los hechos: un hombre con antecedentes penales por tráfico de estupefacientes, fue detenido por circular en un automóvil sin chapa de matrícula. Durante el operativo, ante una distracción de los funcionarios municipales y policiales, el individuo -alcoholizado- encendió el vehículo, embistió dos móviles —uno de Policía y uno municipal—, intentó atropellar a los agentes que le cerraban el paso y se dio a la fuga, iniciándose así una peligrosísima persecución hasta que finalmente fue interceptado y reducido en la zona del Obelisco. Todo el procedimiento fue filmado y documentado, así como observado por múltiples testigos, entre los que se encontraba un fotógrafo de EL TELEGRAFO que tomó imágenes de todo el proceso. Durante las horas siguientes, mientras el reo esperaba la resolución de la Justicia, se produjeron incidentes en el Corralón Municipal donde se encontraba retenido el automóvil, cuando un grupo de personas intentó recuperarlo por la fuerza, y posteriormente en Movilidad Urbana —sede de la Dirección de Tránsito de la Intendencia— desde donde trataron de destruir la evidencia sustrayendo la cámara de video utilizada en la ocasión.
Corolario: el juez resolvió el procesamiento sin prisión por «desacato». Corresponde a los jueces tomar resolución judicial, pero estos acontecimientos ponen de relieve el contraste entre visiones antagónicas de justicia en ámbitos diferentes. Por un lado, la Intendencia de Paysandú siguiendo los lineamientos de la Unasev —Unidad Nacional de Seguridad Vial— y en concordancia con el accionar del municipio capitalino, propicia la «tolerancia cero» para las infracciones de tránsito. Por el otro, la Justicia aplica la «tolerancia infinita» para los delitos, en línea con las políticas llevadas a cabo por el gobierno frenteamplista. Y en este caso se da la paradoja de que los propios funcionarios que procuran imponer el orden con mano dura, se encuentran desprotegidos por un sistema judicial bonachón. Aunque no sea esa la intención, la señal es clara: las faltas en el tránsito son caras y se pagan con sudor y lágrimas, mientras que los delitos son castigados con una palmadita en la espalda.