Opinion | 09 Ago Mientras por un lado la ministra del Interior, Daisy Tourné, sigue responsabilizando a los medios periodísticos por influir negativamente en la población y contribuir a «angustiarla» por el tratamiento que se da a la información sobre hechos delictivos, al presentarse en el Parlamento reconoció que en el primer cuatrimeste de este año las rapiñas aumentaron un 18 por ciento respecto al mismo período del año anterior, en tanto también creció el número de homicidios y hubo una leve reducción en los delitos sexuales.
Lamentablemente la ministra le erra de medio a medio en su evaluación respecto a las causas de la inseguridad y sobre todo al por qué de la sensación térmica de la población, que cada día está más temerosa de salir por la noche, sobre todo en determinadas áreas críticas de los centros urbanos, que ha puesto rejas hasta en los lugares más inverosímiles. También al por qué se percibe creciente temor en áreas rurales que son «visitadas» por delincuentes, que efectúan copamientos en lugares de difícil acceso y de muy escasa presencia policial.
Y al mismo tiempo que acusa a los medios de mantener el tema en la opinión pública, lanzó en Montevideo un operativo de saturación de carácter preventivo en zonas críticas, apuntando a reducir los índices de criminalidad, principalmente de las rapiñas.
De acuerdo a lo informado por la secretaria de Estado, las acciones involucrarán la actuación de efectivos policiales a pie, con perros y en móviles para detectar delincuentes en zonas comprometidas, en un intento que parece llegar tarde, cuando la delincuencia hace rato que está instalada y la población busca por todos los medios defenderse ante la omisión en que ha caído el Estado respecto a salvaguardar su derecho a la seguridad. Y es más tarde aún cuando resulta infinitamente más difícil -y caro para la sociedad—, encausar a toda una generación de nuevos delincuentes, que envalentonados por la permisividad suicida de un ministerio ausente encontraron que es mucho más fácil tomar por la fuerza lo que no les pertenece que transpirar para ganarse un sueldo honradamente, como lo hacen la gran mayoría de sus víctimas.
Y los datos recientes y la actitud de la población desmienten los dichos de voceros del gobierno respecto a que se está solo ante una «sensación térmica» exacerbada por los medios, porque no hay peor sordo que el no quiere oír. El Poder Ejecutivo seguía negando —sobre todo durante la gestión del Dr. José Díaz al frente del ministerio— que hubiera un desborde delictivo y se preocupó y ocupó más de la situación de las cárceles, de liberar delincuentes con la excusa del hacinamiento, que en proteger a los vecinos.
El tema radica en posturas ideológicas de la izquierda, que sigue considerando que los delincuentes proceden de estratos marginados por la propia sociedad, y que es comprensible que los antisociales actúen de esta forma ante este origen de sus problemas de adaptación, al rebelarse contra sus «victimarios».
Este razonamiento delirante -aunque coherente con su óptica ideológica sobre este tema—, pretende justificar el absurdo de que la población debe esperar veinte o treinta años para que se solucione el problema de la delincuencia, cuando presuntamente darían resultado las políticas sociales del gobierno. Estos argumentos solo pudieron engañar algún incauto muy afín a la línea de la fuerza de gobierno durante algún tiempo. Pero es notorio que por la fuerza de los hechos la ministra del Interior está asumiendo que la situación se le está yendo de las manos. Lo que no quiere decir que haya cambiado básicamente de manera de pensar, sino que reflexiona que ha subvaluado el grado de incidencia de esta problemática en el sentir de los uruguayos, y que le ha valido de poco su recurrente apelación de que se trata de percepción estimulada por los medios periodísticos y la oposición.
Y ha reaccionado ante este escenario adverso con lentitud primero, pero ahora con cierta dinámica cuando advierte que la inseguridad manifiesta y creciente puede afectar seriamente el basamento electoral del gobierno para las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. Las encuestas que hasta no hace poco había desestimado indican que junto con el problema del empleo la inseguridad es una inquietud generalizada en la población, y que además quienes así lo sienten responsabilizan en gran medida a la actitud del gobierno por esta situación.
De ahí que legítimamente cabe preguntarse si el Poder Ejecutivo no tiene la misma motivación electoral que atribuye a otros respecto a la inseguridad, y si la decisión de Daisy Tourné, procurando sacarse el lazo, no es realmente un búmeran hacia el propio partido de gobierno al poner de relieve que durante mucho tiempo estuvo omiso ante el tema y que ha reaccionado ya tarde, cuando las papas queman y la porfiada realidad que se ha pretendido ignorar ha podido más que la ideología trasnochada.