Opinion | 15 Ago El reciente encuentro entre autoridades —incluidos los intendentes— legisladores y fuerzas vivas de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, ante el creciente interés de la comunidad uruguayense por contar con un puerto operando a pleno, como ha ocurrido históricamente, fue también signado por las posturas radicalizadas y tremendistas, protagonizadas incluso por legisladores de esa ciudad, que siguen aferrados a sus delirios y extremismos, a despecho del interés general.
Como diera cuenta EL TELEGRAFO, los intendentes Marcelo Bisogni y Juan José Bahillo, analizaron el escenario que se abre en cuanto al transporte fluvial para esa zona, teniendo en cuenta que existen grandes volúmenes de producción cuyo destino de salida natural —como ocurre también en nuestra orilla— debería ser el río Uruguay, a efectos de aprovechar una modalidad de bajo costo para cargas de gran volumen y bajo valor relativo.
El punto es que Argentina ha dejado de dragar desde hace años los pasos ubicados al Sur de Concepción del Uruguay, y con ello ha afectado la operativa del puerto uruguayense, al que históricamente han llegado buques de gran porte para cargar granos y maderas, entre otras mercaderías.
Actualmente, por la falta de mantenimiento, solo llegan al vecino puerto naves a media carga, lo que encarece sustancialmente el costo del flete, y cercena las posibilidades de desarrollo de la otrora floreciente terminal portuaria, en la que trabajaban cientos de personas y tenía una dinámica excepcional en la región.
La decisión del gobierno nacional argentino de dragar los pasos ha sido afectada por el conflicto promovido por Gualeguay-chú, que ha pedido se deje sin efecto este proyecto «para no favorecer el transporte de celulosa de Botnia», y es así que las dragas se fueron hacia el río Paraná, condenando a Concepción del Uruguay a quedarse con un puerto con operativa encarecida y casi en agonía.
Ello ocurre cuando ha comenzado a trabajar recientemente la agencia uruguaya «Nobleza Naviera», con una frecuencia semanal de transporte de contenedores a través de sus buques, y que aspira además a extender su actividad al puerto de Paysandú una vez esté culminado el dragado del canal de Almirón y las obras previstas para reforzar el muelle sanducero a efectos de operar con contenedores.
Pero naturalmente, una cosa es Paysandú y otra Concepción del Uruguay, que necesita por lo menos llegar a 21 pies de calado para salir de su estancamiento, y aprovechar al máximo su potencial natural como último puerto argentino de ultramar al Norte del río Negro.
Y el mayor obstáculo que tiene Concepción para recuperar su esplendor es precisamente la oposición de los activistas de Gualeguaychú, que como en el cuento del perro y el hortelano, se oponen terminantemente al dragado, por más argumentos que se expongan desde Concepción.
Por supuesto, no hay peor sordo que el que no quiere oír, y ese es el caso de los activistas que solo atienden su «causa» y la ponen por encima de todo lo que los rodea. Así, continúan oponiéndose terminantemente a que Concepción recupere su puerto, porque el dragado «favorecería» los intereses de la empresa Botnia, contra la que siguen en pie de guerra.
Tamaña imbecilidad solo podría justificarse en quienes tengan absoluta ignorancia de la realidad, al ser archisabido que Botnia emplea barcazas con muy poco calado, con las que están operando desde hace meses desde Fray Bentos para transportar en cada nave 3.500 toneladas de celulosa que es embarcada en buques de ultramar en Nueva Palmira.
A Botnia le importa un rábano que no se drague, contrariamente a lo que le ocurre a Concepción del Uruguay, y puede haber todavía algún ciudadano de Gualeguaychú que no lo sepa. Pero lo que no puede admitirse es que este argumento insostenible sea utilizado nada menos que por un senador provincial de Gualeguay-chú, en este caso Osvaldo Chesini, para seguir oponiéndose porque sí a la obra.
«Cuando este conflicto se solucione, seremos los primeros en pedir por el dragado, pero mientras siga abierto la obra beneficiará a Botnia, que es una empresa ilegal», sostuvo. Ahora, si bien es problema de los uruguayenses el tratar de convencer a Chesini de que está equivocado de medio a medio, ¿alguien cree que con esta mentalidad enfrente es posible solucionar el conflicto? Porque cuesta creer que un legislador no sepa de lo que está hablando, o peor aún, que tenga tan escaso sentido ético y ecuanimidad como para presentar una realidad distorsionada a sabiendas, para justificar tanta irracionalidad.