Opinion | 10 Ago A través de una pirueta inesperada, tan sorprendente y estrepitosa como un trueno en cielo despejado, el Poder Ejecutivo, a través del presidente del directorio de AFE, León Lev, anunció que queda sin efecto la intención —por lo menos en el corto plazo— de asociar al ente con privados a efectos de sacarlo de la postración y potenciar la operativa de cargas, ante los enormes volúmenes de madera y granos que se producen en el país.
El anuncio cayó como un balde de agua fría en operadores privados que ya se habían presentado a la precalificación de ofertas y tenían encaminados proyectos con participación de empresas a efectos de encarar una logística fundamental para ganar ventajas comparativas con vistas al transporte hacia los puertos.
De acuerdo a lo manifestado por Lev, no se trata de dejar sin efecto la iniciativa de participación privada, sino que se la pone en stand by mientras se dan las condiciones para encarar esta idea en un momento más oportuno, lo que suena a un intento vano de justificar lo inexplicable, salvo que se evalúe desde el punto de vista político - partidario de la fuerza de gobierno, donde coexisten dos visiones antagónicas de país, con el movimiento sindical actuando bajo cuerda para contener cualquier asociación.
Lev sostiene que ahora este intento de asociación ha dejado de ser prioritario para el gobierno y para el directorio de AFE, sin mencionar cuáles son las condiciones que han cambiado ni cuándo podría darse nuevamente el cambio de rumbo.
Aparece así esta argumentación como un entierro de lujo para un tema que parece controversial justo cuando se ingresará en pocos meses a la etapa preelectoral y hay sectores que estarían dispuestos a pasar facturas por una decisión que va contra el programa de gobierno que en su momento votó la coalición y que se puso a consideración de la ciudadanía.
Es que el intento de asociación de AFE surgió como una de las consecuencias más visibles de la «cultura de gobierno» del Frente Amplio, que en la oposición criticó y organizó plebiscitos contra toda propuesta de asociación, que cuestionó como «privatización», pero que en el ejercicio del poder se ha encontrado con que el Estado no puede ni debe hacerlo todo, y que las asociaciones con privados permiten la capitalización, la modernización y una mejor gestión de organismos anquilosados e ineficientes que subsisten porque no tienen competencia.
Generó así la expectativa de que tras décadas de deterioro del ferrocarril, por políticas que se centraron en el clientelismo y una gestión que fue incrementando los déficits, sin inversión, pudiera revertirse este proceso con aportes privados al amparo de las necesidades de transportar la producción, para lo que llamó a interesados en diciembre de 2007, con la expectativa de concretar en estos meses la culminación del proceso.
Lejos de este desenlace, nos encontramos con que los enfrentamientos internos de la coalición de gobierno han trancado la iniciativa nada menos que en la recta final, cuando los uruguayos nos íbamos haciendo a la idea de que por fin se iba a recuperar el ferrocarril como una empresa moderna y competitiva para utilizarlo como instrumento de desarrollo y de herramienta logística vital.
El director general para América del Sur de la empresa estadounidense Weyerhauser, Marvin Ray Risco, dijo al matutino «El Observador» que el cambio de rumbo del gobierno uruguayo implicará desmantelar un consorcio que se había creado para mejorar la gestión y operación de la ferroviaria estatal, lo que obliga en estas circunstancias a procurar alternativas privadas para sacar la producción.
En la misma línea, Alvaro Molinari, presidente de la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay, reflexionó que el gobierno «cambió las reglas de juego» e hizo «perder tiempo y recursos» a los privados que se interesaron por invertir en el ferrocarril.
Pero lo que es peor aún, el Frente Amplio antepuso en esta oportunidad intereses partidarios y sectoriales a los del país, apuntando a preservar cierta cohesión interna en medio de la campaña electoral dentro de la propia izquierda, y así eliminar un factor de riesgo para la adhesión de grupos que han cuestionado desde el principio las asociaciones y la coparticipación con privados, para proteger las corporaciones, que como bien dijo en su momento el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, han «privatizado» para sí las empresas públicas. Es decir que a un año y medio de las elecciones, el país está pagando un alto precio en tiempo, dinero y desarrollo, por intereses electorales del partido de gobierno. O sea que nada ha cambiado en el Uruguay.