Opinion | 11 Ago El anuncio del ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Daniel Martínez, de que el gobierno que integra pretende volver a impulsar la Comisión Multipartidaria de Energía, debe ser bien recibido en un país en el que el sistema político ha dado sobradas pruebas de inmadurez para afrontar los desafíos, y no ha sido capaz de crear políticas de Estado en áreas estratégicas para accionar a mediano y largo plazo.
Según el secretario de Estado, la fuerza de gobierno tiene la intención de integrar ese grupo de trabajo con representantes del oficialismo y de la oposición para diseñar políticas energéticas de corto, mediano y largo plazo, lo que permitiría incorporar un elemento diferencial en la región para captar inversiones ofreciendo reglas de juego claras a quienes aspiren a radicarse en nuestro suelo.
El ministro tiene razón al señalar esta necesidad, que por supuesto no es de ahora, pero que se ha acentuado significativamente ante la vulnerabilidad de Uruguay en medio de una crisis energética mundial que ha disparado los precios del petróleo, y arrastrado también los valores de energéticos sustitutos. Para colmo de males, el escenario regional es particularmente delicado, pues la electricidad que compramos a los vecinos no siempre está disponible y además la pagamos cara, en tanto es aún más complicada la situación relativa al gas natural, desde que Argentina no es un socio confiable, y nuestro país está expuesto en su dependencia a afrontar actos irracionales e imprevisibles, como la suba intempestiva de las detracciones al mayor precio de importación, por decisión del gobierno de turno.
El punto es que si bien la definición de políticas de Estado en el área energética es un desafío impostergable, para crear reglas de juego estables, como bien manifestaba Martínez, se plantea una dificultad adicional nada despreciable, como la necesidad de definir políticas sobre la base de parámetros con variables como la inestabilidad del escenario regional.
Tenemos así que en la década de 1990 las previsiones de corto plazo que se adoptaron partían de la suposición de que la región podía abastecernos de energía eléctrica en forma ilimitada, y que a la vez se tendría disponibilidad de gas natural en abundancia y barato, por encima de alguna eventual dificultad de abastecimiento en invierno.
Sobre esa base también se invirtió en el cruce del gasoducto por el puente «General Artigas», para su uso en industrias y otras empresas, así como en los hogares de la capital sanducera, en tanto UTE financió el tendido del gasoducto subfluvial en Casa Blanca y posteriormente se construyó el Gasoducto del Sur, para abastecer a Montevideo.
Menos de una década después de estas inversiones, la realidad ha golpeado duro y presentado un escenario harto complicado: el gas natural se ha encarecido tanto o más que el petróleo, por las medidas unilaterales de Argentina. Tampoco se concretó la construcción de una central termoeléctrica en Casa Blanca para usar el gas natural y allí han quedado enterrados doce millones de dólares sin aprovechamiento alguno.
Es cierto, tampoco hay garantías de que si se hubiera construido la central ahora no estaríamos ante un gran encarecimiento de la generación, aunque se hubiera incorporado una usina de ciclo combinado, lo que da la pauta de que no hay certezas en el mundo y mucho menos en la región.
De ahí el desafío adicional que presenta diagnosticar políticas a largo plazo para un país tan vulnerable y dependiente como el Uruguay, sobre todo ante grandes vecinos que han dado sobradas muestras de que no ser confiables ni siquiera en el corto plazo.
Por lo tanto, el grupo multipartidario que es de esperar se concrete, debe tener la mente abierta a todas las inquietudes y sugerencias, valerse de la experiencia internacional en la materia, con el agregado de estudios e investigación nacional respecto de las fortalezas, debilidades y posibilidades, y proponer alternativas que sean asumidas por éste y los gobiernos que le sucedan, como un plan maestro a seguir en toda circunstancia.
Y sobre todo, tener en cuenta que nunca como en el caso de la energía es un imperativo diversificar la matriz y los orígenes, apuntando a lograr el máximo de generación dentro de fronteras y a resguardo de las «solidaridades» en la región, que ya sabemos hasta dónde van y lo caras que resultan.