Locales | 12 Ago El proyecto de Ley de Seguro Obligatorio para Automotores ha tenido un estudio dilatado al considerarse en forma específica la situación de las motos de baja cilindrada, ante la situación especial que se da en el Interior y por entenderse que la idea original atendía una realidad eminentemente capitalina.
Precisamente este punto ha dado lugar a reparos de intendentes del Interior, donde se plantea una realidad muy distinta a Montevideo y donde los birrodados son utilizados extensamente por personas de menores recursos para trasladarse al trabajo o al estudio, al punto de tratarse del vehículo de uso más extendido.
La iniciativa prohíbe circular en autos, motos y camiones sin un seguro que cubra daños físicos a terceros por lesiones y muertes en accidentes, y pese a considerarse que el proyecto tiene muy buen fundamento, en las intendencias del Interior se ha hecho hincapié en que se agrega un gasto particularmente oneroso para los titulares de motos de baja cilindrada, desde que el seguro supera en la mayoría de los casos el costo de la patente anual. A la vez, hay lugares como Paysandú en los que este gasto se agrega al que ya fue generado con la entrada en vigencia de la Ley Nacional de Tránsito, que obliga al uso de casco y que en caso de familias que utilizan la moto como único vehículo significó una fuerte erogación. Los intendentes han intentado por lo tanto mitigar el costo político de implantar el seguro obligatorio para las motos, y así ha surgido el acuerdo interno de la bancada del Frente Amplio, los intendentes de la coalición de izquierdas y el Banco de Seguros del Estado. El acuerdo conlleva votar el proyecto tal como viene del Senado, pero con el agregado de que las motos de hasta 70 cc. no abonarán la póliza durante un período de tres años, aunque tendrán la cobertura en caso de accidentes, para pasar a pagarla recién después del cuarto año. Igualmente, las motos de menos de 70 cc. nuevas también deberán pagar este seguro desde el primer momento, por cuanto el período de gracia de tres años rige para las unidades ya en circulación.