Opinion | 17 Ago Recientemente el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) alertó, a través de un comunicado, sobre el «franco deterioro técnico» de la redacción de las leyes que fueron sancionadas durante los últimos períodos parlamentarios y, de acuerdo a lo señalado por la presidenta del gremio, Dra. Griselda Volonterio, al semanario «Búsqueda», el primer paso en este sentido ha sido la resolución de la Directiva de intensificar el trabajo de su comisión de asuntos legislativos.
Este grupo de trabajo tiene como cometido en principio un «monitoreo sobre los proyectos que están en danza» en el Parlamento, de forma que «una vez que eso esté listo vamos a ver la manera de asesorar a los legisladores antes de que las leyes sean aprobadas».
Expuso la profesional que actualmente el Colegio de Abogados es recurrentemente consultado a nivel personal por algunos legisladores para la redacción de las leyes, pero según explicó «después en muchos casos no se siguen los consejos y por eso decidimos darle una especial trascendencia a esta comisión».
Evaluó Volonterio que si bien la mala técnica legislativa ha sido un mal endémico en el Parlamento, en los últimos años este escenario se ha agravado debido a que hay menos legisladores profesionales del derecho, a lo que se agrega una alta proporción de legisladores jóvenes sin experiencia parlamentaria.
Acerca de este tema hace referencia además en un artículo el abogado Daniel Hargain, mencionando lo que considera como leyes tipo «fast food», por tratarse de normas «jurídicas de mala calidad técnica y redactarse a las prisas por personas que carecen de preparación técnica para dicha tarea».
Agregó que «la mala calidad de las leyes uruguayas no es responsabilidad exclusiva del actual Parlamento, sino que se trata de una problemática ya instalada desde fines de la década de 1990» y que el problema no solo radica en las leyes, sino que también los decretos que redacta el Poder Ejecutivo denotan serias carencias técnicas.
Incluso mencionó la norma referente a la unión concubinaria como «un ejemplo paradigmático, pues en rigor produce un efecto opuesto al deseado por el legislador», y a su juicio la ley no resuelve adecuadamente ninguno de los aspectos a que se refiere.
Citó que «tratándose de parejas heterosexuales, los derechos de orden patrimonial que la ley confiere al concubino lo colocan en una situación de privilegio frente al cónyuge. El mejor consejo que en la actualidad se puede dar a una persona que tiene un patrimonio considerable y viva en concubinato es que celebre capitulaciones matrimoniales y contraiga matrimonio antes de completar los cinco años de convivencia».
Lo que mencionan los profesionales no es un tema menor, desde que pone de relieve que el Parlamento y el propio Poder Ejecutivo tienen serias falencias a la hora de traducir en normas legales los aspectos políticos y elementos de juicio de diferente orden que se pretenden dirimir, y corresponde señalar además que lo que es válido para el gobierno nacional también lo es para los departamentales. El legislador es un representante del cuerpo electoral y como tal no necesariamente debe tener profundos conocimientos jurídicos para evaluar o redactar leyes, desde que en primer término debe tenerse presente el concepto y hacia dónde se va, para legislar con elementos técnicos que permitan recoger la idea sin dar lugar a las dudas que luego surgen cuando abogados y jueces deben interpretar lo que se ha legislado. Y como en el Parlamento la esencia pasa por lo político —no debe confundirse con lo partidario, que es otra cosa— corresponde que surja de este ámbito una redacción clara que recoja con precisión el espíritu de la norma, lo que debe lograrse más allá de que el legislador sea o no abogado. Por lo tanto, independientemente de los aspectos partidarios, el Parlamento debería contar con un cuerpo asesor, apolítico y eminentemente profesional, que pueda interpretar en un todo la idea del legislador, para que no haya desviaciones e interpretaciones encontradas, y mucho menos elementos inconstitucionales que suelen aparecer a la hora de la aplicación de las normas. Es absolutamente de recibo, por lo tanto, la inquietud del Colegio de Abogados, y actuar en consecuencia sería un mensaje de sentido común hacia el ciudadano, además de ahorrarle problemas al país.